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martes, 18 de julio de 2017

El ‘narco golpe’ de 1980 fue brutal e inhumano



Tres cruces pintadas con sangre en la fachada de una vivienda al inició de la avenida Antofagasta (carril de ida a la Ceja de El Alto) era la única prueba de que en ese lugar fueron acribilladas tres personas por paramilitares del ‘narco golpe’ de Estado el 17 de julio de 1980. Nunca se supo quiénes fueron asesinados en dicho lugar.

De esa manera se vivió esa jornada del ‘narco golpe’, que fue uno de los más sangrientos y brutales que se vivió en la última mitad del siglo XX.
Julio Llanos, sobreviviente de las dictaduras, describió ese día de mucho dolor para los familiares de las personas que cayeron por el disparo de un arma de fuego o en poder de los paramilitares argentinos que estaban bajo el mando del alemán Klaus Altmann-Barbie.

El golpe de Estado se había consumado cerca de las 09.00 con el anunció de que el Ejército se levantó en la ciudad de Trinidad.
La decisión fue planificada por los servicios de Inteligencia argentinos y fueron sus miembros quienes atacaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) mientras se reunía la cúpula dirigencial para iniciar la resistencia.

En el asalto murieron Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores, los sobrevivientes fueron llevados en ambulancias con destino desconocido.

En esa jornada se escuchaban, a la distancia, los disparos de ametralladora, y por aire un helicóptero que fue identificado como el que abatió a varias personas en la feria de la 16 de Julio.

“NARCO GOLPE SANGUINARIO”
El ‘narco golpe’ sanguinario, cuya principal ligazón era el narcotráfico, según el testimonio que dio en su libro Ayda Levy, esposa del afamado capo del narcotráfico Roberto Suárez Gómez, fue apoyado y financiado por su cónyuge.

Klaus Altmann-Barbie fue el nexo entre Roberto Suárez Gómez y el gobierno de García Meza. Los paramilitares a su mando sangraron a la población, según el testimonio de Orlando Figueredo Tellería, quien en su relato detalló que los allanamientos armados a domicilios eran para saquear y asesinar, sin respetar el derecho de las personas.

Los detenidos eran trasladados a golpes, patadas y culatazos. Las torturas en las prisiones eran permanentes con picana eléctrica (en los genitales de varones y mujeres), manguerazos a todos los detenidos y el submarino en bañadores llenos de agua o excremento.

El detenido era obligado a sumergir la cabeza en esos depósitos; parrilla caliente, donde se quemaba los pies de los presos; privación de alimentos; aplicación de capuchas o bolsas de plástico en la cabeza; golpes en las plantas de los pies, cortes y pinchazos, introducción de alfileres en las uñas fueron algunos de los métodos de tortura aplicados.

También se menciona la ingesta de excremento, petróleo, kerossene y otros elementos que provocaban daños en el aparato digestivo, la aplicación de drogas vía oral e inyectables; colgamientos de las extremidades inferiores, azotes corporales, simulación de ejecuciones, ruleta rusa, fusilamientos y otros; amenaza de secuestro y muerte de los familiares de los presos; excavación de fosas que presuntamente servirían para enterrar vivos a las víctimas; callejón oscuro, por donde los detenidos tenían que pasar y someterse a los golpes de los paramilitares.

Julio Llanos recordó que los principales centros de detención y tortura se encontraban en los cuarteles militares, “casas de seguridad” instaladas en varias ciudades del país, Control Político de la calle Potosí, la Dirección de Investigación Nacional (DIN), la Dirección de Operaciones Policiales (DOP) y el Departamento Segundo del Estado Mayor del Ejército, entre otros.

martes, 1 de noviembre de 2016

La Paz, Noviembre de 1979, la masacre que festejó Pinochet

CONSPIRACIÓN | DOS ASESORES ITALIANOS DE LA DICTADURA CHILENA PASARON A TRABAJAR ESTRECHAMENTE CON LOS GOLPISTAS BOLIVIANOS Y LOS NEONAZIS QUE LOS ASESORABAN.

Antes de la madrugada, a las 2:30 del 1 de noviembre de 1979, Bolivia se hallaba a punto de ser atacada por sus propias Fuerzas Armadas. Casi 200 blindados, entre tanques, tanquetas y carros de asalto, tomaron La Paz y las principales ciudades del país. Decenas de cazabombarderos y algunos helicópteros estaban listos para despegar en las bases de la Fuerza Aérea. Y menos de cinco horas más tarde recibirían las órdenes para hacerlo.

Miles de soldados empezaron a desplegarse por las calles y a parapetarse en los umbrales de los edificios públicos, las esquinas y los tejados. Toda la maquinaria bélica del país, renovada significativamente algunos meses antes, fue movilizada como si se tratase de una guerra internacional.

Pese a que aún eran tiempos de asonadas, ésta sobresaltó como pocas al continente. Autoridades diplomáticas de 30 países que en horas previas habían participado en la IX Asamblea General de Organización de Estados Americanos (OEA), en su mayoría cancilleres, se encontraban en La Paz. La conmoción llegó a EEUU porque su secretario de Estado, Cyrus Vance, se libró de ser afectado por escasas dos horas.

Era una escena de locura, pesadilla y vergüenza. Los gobiernos de toda América habían venido a saludar la restauración de la democracia en Bolivia en una cumbre sin precedentes, pero sus delegados resultaban testigos directos de un nuevo golpe. El primer gobierno democrático en 11 años, encabezado por Walter Guevara Arce, había cumplido apenas 11 semanas de gestión.

CONTRA TODA LÓGICA

¿Por qué los militares bolivianos se prestaron a semejante locura? Ninguno de los conjurados vertió alguna explicación que tenga un mínimo de sentido común. Mucho más si se considera que horas antes de aquella pre madrugada, se había producido una histórica victoria boliviana en la propia Asamblea de la OEA.

El país había logrado su mayor triunfo diplomático en el pleito marítimo que sostiene con Chile. El Gobierno de Guevara Arce había conseguido que la demanda por los puertos arrebatados un siglo antes (¡era el año del centenario encierro!), tenga carácter continental. América declaraba que la mediterraneidad boliviana constituía un asunto multilateral que afectaba el proceso de integración y exigía un arreglo. En otra parte saliente la declaración de la OEA explicitaba: “Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales” (1).

Chile había fracasado humillantemente en su propuesta de que el caso sea declarado asunto bilateral. En las intervenciones de la cita del 30 y 31 de octubre, la dictadura de Augusto Pinochet había sido señalada una y otra vez. Se le espetaba que impidiese la vigencia de las libertades ciudadanas y su actitud agresiva contra los países vecinos. En el pico de la cita, la votación fue aplastante: 25 votos a favor de Bolivia, uno para Chile y dos abstenciones. El presidente de la delegación chilena, Pedro Daza Valenzuela, abandonó notoriamente contrariado el salón del hotel Sheraton de La Paz, sede de las sesiones.

¡¿LAS FFAA A FAVOR DE CHILE?!

Una fiesta popular saludó aquella victoria sin precedentes. Sin embargo, esa misma noche, los militares bolivianos convirtieron literalmente en una caricatura mundial la conquista. Aquellos que cada día entonaban estribillos anti chilenos empuñando el armamento destinado a disuadir a los generales trasandinos, fueron motivo de inspiración, por ejemplo para los dibujantes de los diarios españoles (2). En el propio Santiago de Chile, el 14 de noviembre, la revista Hoy señalaba: “El lastimoso golpe militar en Bolivia ha provocado, entre muchos chilenos, una especie de orgía de autosatisfacción. (...) Algunos medios de comunicación aguzaron sus sucedáneos de ingenio para echar el desastre a broma. (...) La piedad de unos hacia Bolivia contrastaba con el desdén de otros”. (2)

Las ironías se multiplicaron apenas las delegaciones de los países visitantes lograron ser evacuadas hacia el Perú en operativos de emergencia. Claro, el representante de la misión chilena no desaprovechó las circunstancias. En Lima señaló a los medios: “Eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido” (1). Toda una fiesta pinochetista frente al hecho de que apenas se haya aprobado la resolución de la OEA se derribase el proceso democrático boliviano. ¿Podía haber mayor beneficiario de aquel golpe de Estado?



LOS INSTIGADORES DEL GOLPE

Sin que nadie hasta hoy haya justificado por qué precisamente se articuló el golpe ese 1 de noviembre, queda claro que hubo dos grandes beneficiados: la herida imagen internacional de Chile y el ex dictador Hugo Banzer afectado por un juicio de responsabilidades que se había iniciado en septiembre.

La participación banzerista se hizo sentir en gran parte de la revuelta, pero nunca fue completa. El coronel Alberto Natush Bush, quien encabezó el golpe, fue ministro durante más de cuatro años en el gobierno de Banzer, pero tomó el poder en complicidad con hombres del MNR de Víctor Paz Estenssoro y del MNRI de Hernán Siles. A ello se sumó la participación de allegados cercanos al ex dictador como su yerno, Luis Alberto Valle, y el ex ministro Fernando Kieffer. (4)

Uno de los amigos más cercanos a Banzer, entrevistado por el periodista argentino Martín Sivak, describió la actuación del ex dictador: “Él (Banzer) estuvo muy activo en el golpe de Natush, desde Key Biscayne, donde vacacionaba, Banzer tenía una línea abierta, instruía, pedía y ordenaba. Obviamente hablaba con Natush. Con los que hablaba les pedía que se plegasen a la conspiración. En un momento estuvo a punto de tomar un avión, pero un huracán se lo impidió”.

Por su parte el periodista Irwin Alcaraz, en su libro “El prisionero de Palacio” aseguró que la bancada de Acción Democrática Nacionalista (ADN), la única que no se presentó en el Congreso ese 1 de noviembre, “marchaba con discreción detrás del golpe”.

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La Policía ayuda a los heridos
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

BANZER EVITÓ LA CÁRCEL

A Banzer no le faltaban razones para apoyar a Natush. Las denuncias que públicamente le espetaban el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz y el abogado Aníbal Aguilar sobreabundaban en pruebas. Desde que tres meses antes asumiese el poder el gobierno de Guevara, la imagen del ex dictador se desmoronaba día a día.

“No hay ninguna consistencia para asumir una defensa jurídicamente sólida. El destino de Banzer es absolutamente incierto”, señaló en su tiempo su propio abogado defensor Hugo del Granado. (4) Más de una voz en el parlamento consideraba que la amenaza de la cárcel para el ex presidente era cada vez más real. Sin embargo, Natush, entrevistado por Sivak declaró que “este partido (ADN) no participó en la primera etapa” (4).

A todo ello se suma la perspectiva de que el golpe en esos días tenía fuertes vientos en contra. La amenaza de un desconocimiento generalizado a un nuevo gobierno militar tanto interna como externamente era clara. De hecho, la Embajada de EEUU había señalado que sólo se formalizarían lazos con gobiernos democráticos.

Es más, la propia participación de Natush en el conato militar resultó forzada y hasta contradictoria. Así lo muestran “El Prisionero de Palacio” y los diálogos que testimonia en el ex presidente David Padilla en su libro autobiográfico “Decisiones y recuerdos de un General” (8). En ambos casos se describe a un entorno de avezados militares ligados a mafias internacionales como los instigadores de la asonada. Así queda claro que el general Luis García Meza y aquellos que un año más tarde apuntalaron su narcodictadura presionaron y convencieron a Natush.



AMIGOS DE GARCÍA MEZA Y PINOCHET

Pero, García Meza y los suyos tampoco actuaban solos. Un grupo de nazis y neonazis fungía desde mediados de 1978 como mentor del ala más virulenta de las FFAA. Entre los llamados “novios de la muerte”, organización que ha inspirado decenas de libros, figuraban personajes como Klaus Barbie, Joachin Fiebelkorn y una agrupación neofascista italiana encabezada por Pierre Luigi Pagliai y Stefano Delle Chiaie. (5)

Y, precisamente, Pagliai y Delle Chiaie cierran el círculo del golpe de Todos Santos con un directo guiño a la dictadura chilena. Célebres a nivel mundial por haber sido coautores del atentado de Bolognia, en 1980 (9), estos neofascistas italianos ya habían participado en aventuras militaristas sudamericanas desde principios de la década del 70.

Un agente de inteligencia, entrevistado por la periodista Mónica Klein en 1984, reveló la participación de Delle Chiaie en el golpe de Augusto Pinochet. Aseguró que fue uno de los pocos civiles que tuvo acceso al Palacio de la Moneda tras el asalto que terminó con la vida de Salvador Allende (5). Es más, en el libro “Chile la Memoria Prohibida” un grupo de investigadores chilenos describe con lujo de detalles cómo los dos italianos fueron parte de la DINA, la policía política de la dictadura chilena, desde 1974 hasta 1978. (6)

Hasta 1976 Delle Chiaie fue uno de los principales responsables de los atentados más importantes encargados por junta militar chilena. Sin embargo, a partir de 1977 el neofascista italiano recibió misiones de espionaje en Perú y Argentina. Entonces aquellos países bordeaban una guerra con Chile.

A fines de 1978, Delle Chiaie llegó a Bolivia, se presentó como rescatador de cueros y anticretó un departamento en el edificio el Mirador (6). Dicha edificación, ubicada en la zona de Miraflores, tiene una vista privilegiada sobre el Estado Mayor de las FFAA bolivianas. Por su parte, Pagliai tuvo un arribo similar a Santa Cruz, en las inmediaciones de la Octava División de Ejército. De manera sorprendente, ambos llegaron a ser responsables de la seguridad de los militares golpistas de noviembre. Se asegura que Delle Chiaie actuó tras los coroneles del Comando de Operaciones Conjuntas (COC).

Según el personaje entrevistado por Klein, Delle Chiaie fue designado por Pinochet como responsable de instigar, financiar y supervisar el golpe del 1 noviembre de 1979. Asegura que incluso tuvo “la gentileza” de entregar al dictador chileno “en calidad de ´trofeo de guerra´ los planes de contingencia bolivianos que poseía el COC en relación a una eventual conflagración Chile-Perú-Argentina-Bolivia”.

Más allá de la certeza de dicha afirmación, la participación de los asesores de Pinochet en los esquemas militares bolivianos, resulta evidente e intrigante. No pudo haber acción más oportuna y favorable en el contexto de aquella derrota diplomática del 31 de octubre ante el continente.



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A pecho descubierto frente a las máquinas
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

280 MUERTOS PARA PINOCHET

Bajo ese telón de fondo el golpe del 1 de noviembre de 1979 derivó en matanza. Natush inicialmente se mostró conciliador. Tras acusar al gobierno de transición de desestabilizar al país e intentar un prorroguismo, quiso encabezar un régimen civil-militar con Congreso en funciones. Pero el rechazo era multitudinario y el país se paralizó. En las calles, en actos temerarios, miles de escolares, universitarios y obreros insultaban y hostigaban a los militares con piedras y palos.

Ninguneando al Presidente conciliador, el ala dura de los militares ordenó abrir fuego a los tanques liderados por el coronel Arturo Doria Medina. Los cazas T-33 y helicópteros alzaron vuelo y se dedicaron a ametrallar las barriadas paceñas. Los registros de la Asamblea de Derechos Humanos señalan con nombres y apellidos que en menos de 8 días cayeron fatalmente 280 civiles de toda edad y condición. Los cuerpos de decenas fueron trasladados a fosas comunes y a lugares inhóspitos. (3)

El aislamiento internacional resultó lapidario. El canciller del régimen, Guillermo Bedregal, anunciaba nervioso la lista de países que reconocían al régimen. Llegaron a 12 y varios tenían nombre apenas conocido. El ministro de Trabajo, Raúl Guzmán, anunciaba a su vez los nombres de extravagantes sindicatos que supuestamente apoyaban a Natush. El ministro de Gobierno, Carlos Mena, aseguraba que se realizaban operativos contra el grupo subversivo “Camilo Cien fuegos”, pero nunca se supo siquiera el nombre de alguno de sus militantes. El país permanecía paralizado, sólo una cadena radial militar rompía el silencio.

El 13 de noviembre, mediadores de la Iglesia y representantes políticos instaron a los militares a dejar el poder. En las calles una manifestación multitudinaria llevaba un cartel donde se leía “NATUSH NI TU MADRE TE RECONOCE”, en alusión al aislamiento internacional del régimen.

Sólo, casi sin mando y desinformado en Palacio, Natush pactó el retorno a los cuarteles a cambio de que Lidia Gueiler, la presidenta de la Cámara de Diputados, asuma la Presidencia. Horas antes, el ministro de Finanzas, Agapito Feliciano Monzón, ordenó sacar de las bóvedas del Banco Central 3,5 millones de dólares que fueron repartidos entre los golpistas. La masacre concluyó con el sabor de la democracia preservada, pero con la amargura por la sangre, la muerte y el superlativo favor a Pinochet.

Ninguno de los implicados en el golpe fue procesado por aquellos sucesos. La mayoría continuó, e incluso concluyó satisfactoriamente, sus carreras políticas y militares hasta la jubilación de rigor. Delle Chiaie y Pagliai se dieron el lujo de retornar después del atentado de Bolognia. El 19 de noviembre de 1980 el juez Gonzalo Valenzuela otorgó la nacionalidad boliviana a Pagliai. Durante el régimen de García Meza los dos italianos allegados a Pinochet trabajaron como asesores en las FFAA. El 10 de octubre de 1982, cuando la democracia volvió a ser recuperada, un operativo capturó a Delle Chiaie y Pagliai. Ambos se resistieron y el segundo resultó gravemente herido y murió un mes más tarde (9). Luego fueron entregados a la justicia internacional para su definitivo procesamiento.

La amargura y la afrenta de los propios militares en aquel Todos Santos se inscribe entre las más profundas de la historia boliviana. Probablemente una de las frases más recordadas del libertador Bolívar quepa con precisión en la memoria de aquel 31 de noviembre de 1979: "Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo".



(1) “Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel”, diario La Razón, 3 de junio de 2012.

(2) El diario La Vanguardia mostró un montaje con el Coronel Arturo Doria Medina a bordo de un tanque. Desde la torreta, Doria Medina grita: “Esta calle es mía, mía y sólo mía”.

(3) La masacre de Todos los santos – Asamblea Permanente de DDHH (1980)

(4) El Dictador Elegido – Martín Sivak (2001)

(5) Barbie Altman – Carlos Soria Galvarro (1983)

(6) Mi Personaje Misterioso – Mónica Klein (1985)

(7) Espionaje y servicios secretos en Bolivia – Gerardo Irusta M. (1997)

(8) “Decisiones y recuerdos de un general”, David Padilla, julio de 1980

(9) Agencia AFP, 6 de noviembre de 1982



"Ninguno de los conjurados vertió alguna explicación que tenga un mínimo de sentido común. Mucho más si se considera que horas antes de aquella pre madrugada, se había producido una histórica victoria boliviana en la propia Asamblea de la OEA"



"Entre los llamados “novios de la muerte”, organización que ha inspirado decenas de libros, figuraban personajes como Klaus Barbie, Joachin Fiebelkorn y una agrupación neofascista italiana encabezada por Pierre Luigi Pagliai y Stefano Delle Chiaie"



"La participación de los asesores de Pinochet en los esquemas militares bolivianos, resulta evidente e intrigante. No pudo haber acción más oportuna y favorable en el contexto de aquella derrota diplomática del 31 de octubre ante el continente"

A 37 años del golpe de Natusch




Un día como hoy, hace 37 años, se perpetró el golpe de Estado comandado por el coronel Alberto Natusch Busch, el 1 de noviembre de 1979. Este evento histórico se conoce también como la “masacre de Todos Santos”.

Según los historiadores, el golpe fue una de las mayores expresiones de irracionalidad de la historia de Bolivia, no sólo porque interrumpió el proceso democrático, sino porque se hizo a pocas horas de la clausura de la Asamblea de la OEA y dejó un resultado sangriento.

El libro “Democracia y Dictadura, hechos que debemos recordar”, de la Defensoría del Pueblo, recuerda que en la breve estadía en el poder de Natusch tropas del regimiento Tarapacá, “al mando del coronel Arturo Doria Medina, dispararon a civiles desarmados, con un saldo de 100 muertos y 500 heridos”.

Natusch protagonizó el tercer Gobierno más corto de la historia de Bolivia (16 días); después del de Pedro Blanco (seis días) y el de Eusebio Guilarte (10 días). Durante su efímera gestión, por supuesto, no pudo desarrollar labor alguna.

El golpe de Estado del 1 de noviembre del 79 fue gestado por sectores militares en alianza con algunos parlamentarios del MNR y del MNRI (partido integrante de la UDP). Las cabezas militares, además de Natusch, fueron el Gral. Edén Castillo Galarza, el Gral. Luis García Meza, el Cnl. Carlos Mena Burgos, el Gral. Óscar Larraín, el Gral. Jaime Niño de Guzmán y el

Contralmirante Walter Nuñez. Entre los civiles del MNR, Guillermo Bedregal y José Fellman Velarde, y del MNRI Edil, Willy Sandóval Morón y Abel Ayoroa Argandoña.

La argumentación para justificarlo fue la supuesta intención prorroguista del presidente Walter Guevara y la idea de que una propuesta revolucionaria que emparentara al nuevo Gobierno con el nacionalismo revolucionario de 1952 iba a lograr respaldo popular.

Los golpistas esperaban que el MNR y el MNRI apoyaran el golpe y forzaran al parlamento a darle el visto bueno. Se especuló mucho sobre la participación de Paz Estenssoro. Paz desaprobó el golpe una vez consumado, así como algunos de sus parlamentarios.

Hubo repulsa total. La COB decretó huelga general indefinida y los campesinos decretaron bloqueo de caminos.

sábado, 10 de octubre de 2015

Paz: Bolivia moderna nació en 1982, no con las nacionalizaciones de 2006

Como hoy, un 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Suazo era posesionado como Presidente Constitucional de la República de Bolivia tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado. Con este año se cumplen 33 años de gobiernos democráticos, elegido por voto popular, de forma continua.

Junto con Siles Suazo asumió el poder Jaime Paz Zamora como vicepresidente del Estado. Años después, de 1989 a 1993, también como parte del juego democrático Paz recibiría la presidencia de Bolivia.

Actualmente retirado de la actividad política, Paz Zamora evalúa brevemente ese momento de la historia de Bolivia que le tocó ser su protagonista.

“El sentido de lo que ocurrió el 1982 tiene que ver con un cambio de época en la historia nacional. Hasta ese momento habíamos vivido con una incapacidad para entendernos, habíamos vivido un modelo de golpismo civil y militar”, recordó el expresidente, vía telefónica desde Tarija.

Paz Zamora graficó ese momento histórico en el que se vivía un modelo político donde se entraba a tiros al palacio de Gobiernos y se salía también a tiros.

“Por primera vez una generación de bolivianos empezaba a tener un país viable en democracia, porque salió de esa condición de país salvaje que colgaba presidentes en las plazas”, explicó.

Para la exautoridad el retorno a la democracia ha convertido a esa generación de bolivianos en privilegiados, porque las anteriores no conocieron esta democracia.

En el tema económico Paz Zamora reconoció su discrepancia con el actual presidente, Evo Morales. “Él cree que la Bolivia moderna empieza con la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. Sin embargo, yo creo que la Bolivia moderna comienza con la instauración de la democracia”, aseguró.

Para la exparlamentaria y analista política, Erika Brockman, la transición de la dictadura a la democracia es un momento constitutivo en la historia política de Bolivia que está acompañado por momentos con diversas otras consecuencias.

El registro de Los Tiempos

En su edición del 11 de octubre de 1982, Los Tiempos registró ampliamente la trasmisión de mando del presidente Hernán Siles Suazo de manos del último gobernante militar, Guido Vildoso. En uno de los artículos se lee: “En ambiente de euforia cívica y expectación internacional se ha cumplido en la sala del poder legislativo la transición de la República al Estado de derecho, cuando el Gobierno de las Fuerzas Armadas cesó en funciones y se recibió el juramento de ley del presidente y vicepresidente a mandatarios originados en las urnas y confirmados por el Congreso Nacional. La trascendental jornada tuvo una duración de tres horas y 40 minutos de duración en el hemiciclo de diputados y concentró en la plaza Murillo a una enorme multitud de gente.

“Fueron momentos culminantes en instante en que el presidente militar, Gral. Guido Vildoso se despojó de los símbolos de mando de la nación para entregar al presidente del Congreso, Julio Garrret Ayllón y los momentos en que Hernán Siles Suazo recibía los símbolos como Presidente”

domingo, 16 de noviembre de 2014

La fuga de Coati en 1972 con una pelota de aliada



En 1981 se estrenó el filme Escape a la victoria, drama donde unos prisioneros huyen de un campo nazi tras jugar un partido de fútbol. Nueve años antes, en 1972, 72 presos bolivianos escaparon de la Isla de Coati, o de la Luna, engañando a sus guardias con una pelota como aliada.

Furia de los Andes se llama el libro que Eusebio Gironda, un perseguido político por la dictadura de Hugo Banzer Suárez, escribió para recordar el legendario escape de los 72 presos políticos bolivianos que se produjo el 2 de noviembre de 1972 desde la Isla de Coati, o de la Luna, que junto a otros campos formaba parte de los sitios a donde eran confinados los “rojos” o “comunistas”, como los militares llamaban a los hombres de izquierda.

Muchos de ellos eran torturados y varios desaparecieron. Un régimen de terror se había instalado a partir del 21 de agosto de 1971 en Bolivia, liderado por Banzer. Los militares habían iniciado una caza de brujas para dar con los conspiradores, entre ellos Gironda, dirigente universitario, quien junto a Froilán Aguilar Paredes, Alfonso Camacho, Fernando Alvarado, Jorge Sattori, Max Menacho y otros fueron llevados hasta la Isla de Coati.

Ese año, el entonces ministro del Interior, Adett Zamora había declarado: “En Coati están los delincuentes políticos más peligrosos. Coati es una cárcel inexpugnable, de allí no sale nadie”.

Alejados de Copacabana, escapar de Coati era casi una misión imposible por la distancia y por los militares desplegados en la zona, pero en noviembre de 1972 estos presos políticos protagonizaron el segundo escape más numeroso de prisioneros del mundo.

En 1964, unos 111 presos políticos uruguayos, llamados “tupamarus”, fugaron de la cárcel de Punta Carretas, entre ellos el actual presidente José Mujica. No obstante, la fuga de Coati fue de película. Gironda cuenta que, después de un intento fallido, solicitaron al gobernador de la cárcel, un tal coronel Burgoa, jugar un partido de fútbol con los guardias y que para ello habían conseguido un cordero de premio. “El encuentro permitiría anular de pronto a 11 guardias, que estarían ocupados en cuidar su valla, mientras los presos tomábamos la Gobernación”.

Así pasó, ese 2 de noviembre, mientras 22 hombres jugaban fútbol, David Villegas, Édgar Rivero, Gironda y Fernando Alvarado tomaron preso al Cnl. Burgoa. “¡Muchachos no hagan locuras! Al frente está un batallón del Ejército”, advertía Burgoa, pero igual fue reducido al grito de “¡Cayó Banzer! ¡La isla es nuestra!” Los 72 presos tomaron la cárcel y huyeron por Sampaya y de ahí a Perú hasta llegar a Cuba, donde fueron acogidos.

“La fuga de Coati tuvo repercusión internacional; afectó a la dictadura de Banzer, expuso la fragilidad de su gobierno y sometió a prueba la audacia de los evadidos”, resume Gironda.

El 6 de noviembre, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas Apaza, reconoció la lucha democrática de los evadidos de la Isla de Coati.


viernes, 10 de octubre de 2014

24 días antes de jurar Siles Zuazo, las FFAA tenían otros planes



El líder de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Hernán Siles Zuazo, asume el poder el 10 de octubre de 1982 tras ser elegido por el Congreso proveniente de las elecciones de 1980. Sin embargo, el general Guido Vildoso que le precedió y las Fuerzas Armadas no tenían una idea clara de cómo debía ser la transición democrática 24 días antes de esa posesión; es más, convocar al Congreso de 1980 ni siquiera era una opción.

Algo sucede entre el 21 de julio de 1982 y el 16 de septiembre que hace que el gobierno de Vildoso cambie sin aviso de planes respecto a cómo concebían la transición a la democracia.

El 16 de julio de 1982, el presidente Celso Torrelio llama a elecciones para abril de 1983; al día siguiente renuncia y el 21 asume Vildoso, quien sigue la misma línea: desechar la convocatoria del Congreso de 1980 (que podía elegir a un presidente) y llamar a comicios.

La propuesta de restituir ese Congreso proviene de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y es hecha inicialmente durante Torrelio y reiterada con Vildoso. El 23 de julio, las Fuerzas Armadas vuelven a desestimar esa posibilidad y ratifican los comicios bajo el argumento de que su “gobierno deberá cumplir con el mandato que hizo público al Alto Mando”, según dice el vicealmirante Óscar Pammo (Hoy). El mismo día, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) propone adelantar las elecciones...

El Gobierno sigue una hermenéutica al menos extraña, pues el primer paso que da es hacer que los delegados de los partidos políticos presenten sus credenciales ante una Corte Nacional Electoral (CNE) que no existía aún (Presencia, 2 de septiembre). En efecto, la CNE recién empezaría a funcionar dos días después.

Queda poco más de un mes para que Siles sea posesionado y esa posibilidad es más que remota. Lo creíble es que haya elecciones en abril o que sean adelantadas, pero que el Congreso del empantanamiento vuelva a funcionar... de eso no hay indicios. Los miembros de la nueva CNE se comprometen a “resguardar la pureza” de los comicios y ratifican la posición gubernamental de no convocar al Congreso de 1980: “la Corte Nacional no está facultada” para eso, se detalla. (Presencia, 9 de septiembre)

El viraje comienza el 11 de septiembre con dudas gubernamentales: “Las FFAA analizan la posibilidad de entregar el poder inmediatamente”, titula su portada Presencia el 12 de ese mes.

¿La razón de la dubitación respecto del plan inicial?: “el agravamiento de la situación económica y la proliferación de los problemas sociales y regionales”. El 14 de septiembre Presencia titula su portada: “Gobierno enfrenta una ola de huelgas sin precedentes” y el 16 la declinación de llamar a comicios es oficial: “Fuerzas Armadas decidieron convocar a Congreso de 1980”. La decisión fue de la Junta de Comandantes y no de Vildoso, a quien se comunicó la determinación.

Luego el traspaso sería vertiginoso: la entrega de credenciales a los parlamentarios el 21 de septiembre, la declaración de legalidad de los comicios de 1980 por la CNE el 23, la instalación de la sesión el 1 de octubre, la votación que gana el binomio Siles Zuazo-Paz Zamora el 5 de octubre y la posesión el 10 a las 15.00...


En 1982 los militares aún no pensaban dejar el poder; la crisis los obligó



Con la renuncia de Luis García Meza, en agosto de 1981, no termina la línea represiva y de tutelaje sobre el Estado por parte de los militares en el poder. La línea represiva de la institución armada fue continuada por su sucesor: el general Celso Torrelio.

Hoy se cumplen 32 años de democracia contemporánea, a propósito de la fecha, La Razón le ofrece un recorrido hemerográfico sobre el problemático tránsito que va de la renuncia de García Meza (4 de agosto de 1981) a julio de 1982, cuando el general Guido Vildoso asume el poder y llama a elecciones, desestimando de este modo convocar al Congreso elegido en 1980 —el cual había surgido de los comicios de junio de este año, efectuados bajo la presidencia interina de Lydia Gueiler.

Tras los escándalos de corrupción y narcotráfico, la Junta Militar quita el apoyo a García Meza —quien se ve obligado a dimitir— y se lo otorga al general Celso Torrelio, en la madrugada del 4 de septiembre de 1981.

Toque de queda. Una de las primeras medidas de Torrelio fue reducir el horario del toque de queda, desde ese momento será de 01.00 a 05.00 (Última Hora, 4 de septiembre). Con García Meza empezaba a las 21.00.

Durante los meses de Torrelio en el poder, una mayoría de los titulares de primera plana de los periódicos son dedicados a noticias internacionales… La represión es similar a la del anterior régimen. En efecto, la difusión radial es suspendida el 8 de octubre, al tiempo que la lista de detenidos aumenta a tres días de la visita de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (periódico Última Hora).

El 25 de octubre sale un comunicado del empresariado privado que pedía la designación de un gobierno civil, pero Torrelio sigue la línea represiva hasta julio de 1982, cuando pierde el apoyo de la Junta Militar en medio de huelgas y una inflación galopante.

Por los titulares, es notorio que las Fuerzas Armadas tienen en las manos una “papa caliente” y si bien a un principio da la impresión de no tener intenciones de dejar el poder, de pronto hay un cambio vertiginoso por devolverlo a un gobierno civil.

“Recomposición de Junta Militar no obedecerá a presiones”, dice Torrelio (Hoy, 2 de julio). En esta declaración se evidencia que ya no tiene todo el apoyo militar. También se lee un titular ese día en el mismo periódico: “Guarnición de Cochabamba rechaza recomposición de mandos militares”.

Faltan tres meses para el inicio efectivo de la democracia y no se sabe qué va a suceder… Ya hay pedidos de un llamado de elecciones como rechazo a convocar al Congreso de 1980, por lo que se concluye que ya existía esa propuesta. Así, por ejemplo, el 3 de julio el Partido Barrientista Auténtico pide elecciones y rechaza al Congreso de 1980 (Hoy); los empresarios plantean que el 6 de agosto se convoque al Congreso del 1980 para que designe al presidente. Ese día de julio, Hernán Siles Zuazo, ganador de la elección de 1980 (38,8%) por la Unidad Democrática y Popular (UDP) y exiliado en Lima, anuncia su retorno. Los militares no sabían qué hacer con el poder: en efecto, será con Guido Vildoso, a solo 24 días de la posesión de Hernán Siles Zuazo, que se descartarán las próximas elecciones de 1983 y se convocará al Congreso de 1980 que en su tiempo se había empantanado en la elección del futuro gobernante.

Pero volviendo al hilo de la historia, el 4 de julio de 1981, las centrales obreras regionales inician movilizaciones y abren piquetes de huelga de hambre. Torrelio, que desde su posesión en septiembre de 1981 no daba ninguna señal de tener intenciones de mediar una transición democrática, cambia de idea vertiginosamente el 12 de junio de 1982: “Es indeclinable la decisión del Gobierno de retornar a la vida democrática” (periódico Hoy).

Esta “determinación” viene después de una semana de convulsión social, todo en medio de una progresiva inflación que era atacada, sin éxito, reduciendo los impuestos a la compra de divisas.

Crisis de gabinete. Para el 16 de julio, Torrelio está solo, desmintiendo una crisis de gabinete y sin poder tapar su realidad: ya no cuenta con el apoyo de la Junta Militar. Así, en la madrugada, lanza una medida desesperada mediante un decreto: la convocatoria a elecciones en nueve meses, en abril de 1983 (Hoy).

No obstante, parece ser que no tiene fe en que vaya a ser él quien esté de mandatario en esos comicios que nunca tuvieron lugar, pues declara que estará de presidente “hasta que las Fuerzas Armadas así los dispongan”. Justamente, las Fuerzas Armadas disponen que Torrelio sea presidente apenas un día más, pues el 17 de julio “renuncia” (Hoy). La Junta Militar propone a nadie menos que a quien fuera un “extraditable” por narcotráfico y una de las personas que posiblemente sepa el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz: Faustino Rico Toro, uno de los hombres fuertes de García Meza.

Todo parecía indicar que Rico Toro sería el elegido del Ejército: él mismo, desde Santa Cruz, pedía para sí la presidencia (Hoy). Un editorial de El Deber del 20 de ese mes describe acertadamente cómo la presidencia del país era vista por los militares como la culminación “natural” de una carrera en el Ejército...

“Pasmada quedó la opinión pública al enterarse de que se exigió (refiriéndose a Rico Toro) la entrega de la presidencia como si sobre ella se tuviese algún derecho adquirido”, cuestiona el editorial. Ese día sale otro personaje “democrático”, el dictador Hugo Banzer y dice: “La llamada a elecciones es precipitada” (Hoy).

Los rumores de golpe de Estado ponen en emergencia a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los fabriles. Gobierna una Junta Militar que se da una semana para designar un presidente. En el reloj de la Pérez Velasco se concentran cientos de personas en homenaje a Marcelo Quiroga de Santa Cruz, asesinado un año antes.

Junta militar. Tres días después, el 20 de julio la Junta rechaza a Rico Toro y elige al general Guido Vildoso, quien hace su juramento en la jornada siguiente. La crisis económica se profundiza y el presidente saliente declara que ésta se debe a la deuda contraída, principalmente por Banzer, entre 1970 y 1980.

Los rumores de golpe son acompañados de los actos que suelen anunciarlos. Un día antes, el 19, dos explosiones sobresaltan al centro de Oruro. Dos atentados dinamiteros tienen lugar: uno en la puerta del director de Televisión Universitaria, Rodolfo Mier, y otro, “con diferencia de segundos”, en la puerta del domicilio del rector de la Universidad Técnica de Oruro, Hernán Quiroga (Hoy).

La opinión pública sospecha que las insidias vienen del exministro del Interior de García Meza, Luis Arce Gómez, por lo que no extraña que la prensa lo busque para entrevistarlo: “No estoy en aprestos golpistas”, se explica Arce, uno de los más furibundos críticos de Torrelio. Después Arce arremete contra el asesor de Torrelio, Jorge España Smith, que luego sería ministro suplente de Trabajo en 1995. “Detrás de un militar hay un asesor”, dice a la prensa quien hoy cumple sentencia por asesinato y genocidio. “Tienen la culpa los políticos que desde el extranjero nos han desprestigiado diciendo que aquí había pichicata”, protesta Arce (Hoy).

En este panorama, Vildoso debe recibir la presidencia en medio de la incertidumbre. En su posesión habla del “concurso ciudadano” para llegar a la democratización del país en 1983, además de respetar el proceso electoral (Hoy). Acá se hace evidente que, en julio, el Gobierno transitorio no tenía ninguna intención de convocar al Congreso de 1980 (cosa que finalmente sucede), sino de realizar las elecciones firmadas por Torrelio, cuatro días atrás, en un decreto supremo.

El nuevo Gobierno anuncia, a través de uno de los miembros de la Junta Militar, el general Natalio Morales, una medida que hoy sería vista como antidemocrática: el Gobierno redactará los estatutos de los partidos políticos (Hoy). En la actualidad son los partidos los que redactan sus normas internas, como corresponde.Finalmente Vildoso jura. Su gabinete ministerial está compuesto por un 75% de militares y un 25% de civiles, según el periódico Hoy.

Congreso de 1980. Mientras siete partidos piden que se convoque al Congreso de 1980 y acusan a los militares de “continuistas”, la UDP demanda elecciones para abril de 1983, es decir que coincide con el decreto de Torrelio; sin embargo, la alianza electoral de izquierda, liderada por Siles Zuazo, añade una novedad: pide que se restituya la Corte Nacional Electoral de 1980.

Mientras tanto la inflación sigue y el Banco Central “dosificaba” la venta de dólares a 25.000 diarios “para los interesados”. Simultáneamente, el general Morales, miembro de la Junta Militar, descartaba “un nuevo bloqueo económico internacional” a causa del cambio de administración con el argumento de que “no hubo ningún golpe, sino una transición presidencial” (Hoy).

Vildoso, en su discurso de posesión, se “compromete” a entregar el poder a quien gane las elecciones de abril del próximo año... Tan arraigadas están las dictaduras que el presidente transitorio se compromete a lo que se supone debe suceder. La Junta de Comandantes hace un compromiso idéntico.

Mientras tanto, en el hiperfragmentado sistema de partidos, compuesto por “constelaciones” de siglas, se van conformando alianzas. La UDP intenta sumar a su frente al Partido Socialista 1 (Hoy, 26 de julio). Sin embargo, estas conversaciones se hacen en vistas a los comicios que nunca se realizaron y no a la restitución del Congreso de 1980.

Lo cierto es que esta noticia muestra que el equilibro dentro de esta alianza era débil, aún antes de ser gobierno. El embajador en Estados Unidos y miembro de la UDP quería al Partido Comunista de Bolivia (PCB) fuera del conglomerado de siglas para cuando fuesen las elecciones. Al final, se vio que los contrapesos en la UDP eran desiguales y una vez que gobernaron, uno a uno los partidos que la componían fueron retirando el apoyo a Siles Zuazo, hasta que quedó solo.


domingo, 24 de agosto de 2014

Los crímenes de lesa humanidad de la Operación Cóndor

La Operación Cóndor o Plan Cóndor, que se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la DINA (policía secreta chilena), y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
El plan militar, cuyo objetivo siniestro consistía en instrumentar apresamientos, asesinatos y desapariciones forzadas de decenas de miles de opositores políticos, fue posible debido a una red de dictaduras establecidas en el Cono Sur. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay -desde 1954- cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart, en 1964.
La junta militar
En Bolivia, después de una serie de golpes de Estado, se instaló en el Palacio Quemado una Junta Militar al mando del general Hugo Banzer Suárez, que dejó un reguero de muertos y heridos desde agosto de 1971.
Durante su gobierno se inició el "boom del narcotráfico”, que se prolongó hasta la década de los 80, y se perpetró el asesinato de tres militares cuya imagen y popularidad se convirtió en un peligro dentro de las Fuerzas Armadas: Andrés Selich, Joaquín Zenteno Anaya y Juan José Torres. Más todavía, la osadía de Banzer, en plena "Guerra Fría”, le impulsó a declarar: "Mientras en Europa se peleaba con la diplomacia, en Latinoamérica nosotros poníamos los muertos”.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet, con el apoyo y las instrucciones de la CIA, terminó con el experimento socialista del gobierno presidido por Salvador Allende, quien se suicidó en la Casa de la Moneda sitiada por disparos y bombardeos. Ese mismo año, coincidiendo con el plan general de ajustar el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, Juan María Bordaberry posesionó a una dictadura cívico-militar que, entre 1973 y 1985, asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a los activistas de izquierda, bajo el argumento de "lucha contra la subversión comunista”.
La DINA en Argentina
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, asaltó el poder en Argentina, país en el cual había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), desde el 21 de noviembre de 1973 y cuando Juan Domingo Perón era todavía presidente. La Triple A actuó, en una coordinación criminal, con la dictadura de Pinochet. Esto surgirá en las investigaciones sobre la Operación Colombo, un modelo de "guerra sucia” que actuó impunemente en 1975.
La DINA chilena y la SIDE argentina, a partir de 1976, fueron la vanguardia del Plan Cóndor. De ahí que durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional”, en Argentina, no sólo se torturaron y asesinaron a los prisioneros, sino también se conoció casos de "tráfico de bebés”, que eran los hijos de las prisioneras que dieron a luz en las mazmorras de la dictadura y que, una vez arrancados de los brazos de sus madres y suprimida su identidad, fueron entregados en adopción a oficiales y personas afines a la dictadura militar.
La mayoría de estos "hijos de desaparecidos” aún tiene un paradero desconocido, a pesar de los esfuerzos desplegados por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes durante años lucharon por identificarlos y devolverlos al seno de sus verdaderas familias.
Los vuelos de la muerte
A estas alturas de la historia, para nadie es desconocido que los "vuelos de la muerte”, que fueron también utilizados durante la Guerra de Independencia en Argelia (1954-1962) por las fuerzas francesas, se aplicaron impunemente en Argentina, a fin de que los cadáveres y, por lo tanto, las pruebas desaparecieran sin dejar rastro alguno. Según confesiones de Rodolfo Scilingo, exoficial de marina, se sabe cómo se llevó a la muerte a personas con vida, lanzándolas desde un avión al Río de la Plata.
No importaba mucho si los prisioneros estaban conscientes o sedados. Lo importante era deshacerse de ellos a como dé lugar. En los "vuelos de la muerte” fueron eliminados alrededor de 2.000 detenidos políticos.
La Operación Cóndor, además de las torturas y asesinatos, se ocupó de la captura y entrega de personas consideradas "sediciosas” o "subversivas” por los distintos regímenes dictatoriales.
Es decir, los aparatos de represión no sólo intercambiaron información por encima de las fronteras nacionales, sino que también intercambiaron prisioneros. No en vano un documento desclasificado de la CIA, con fecha del 23 de junio de 1976, explica que ya "a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos”.

En el acta de clausura de la reunión Interamericana de Inteligencia Nacional se apuntó, entre otros: "Iniciar contactos bilaterales o multilaterales, proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión y establecer un directorio completo con los nombres y las direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el marxismo...”.
El apogeo de la tortura
La Operación Cóndor, que estaba en pleno apogeo entre 1975 y 1982, utilizó la tortura como el arma principal de lucha contra la "subversión” en el concepto de la "guerra sucia”. Por lo tanto, los prisioneros, considerados "peligrosos” para el orden y la ideología instaurados por las dictaduras militares, fueron sometidos a interrogatorios con apremios psico-físicos.
En el libro Nunca Más, informe e investigación que fue dirigido por el escritor Ernesto Sábato, no sólo se echa luces sobre las desapariciones, secuestros y torturas, sino que también se relata que los instrumentos, métodos y grados de crueldad de los tormentos excede la comprensión de una persona normal: "simulacros de fusilamiento”, "el submarino” (sumergir al prisionero en un recipiente de agua fría), estiletes, pinzas, drogas, "el cubo” (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), "la picana eléctrica” (magneto que genera electricidad de alta potencia), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castraciones, presenciar la tortura de familiares, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos/desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). En el caso de las mujeres, se combinaba la violación con la tortura.
Pánico y terror
En la Escuela de las Américas, situada desde 1946 a 1984 en Panamá, se adiestró a centenares de oficiales en "acciones preventivas” (métodos de tortura) y asesinatos, con el fin de sembrar el pánico y el terror entre los activistas de la izquierda latinoamericana. Según algunas investigaciones, se deduce que la división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir.
De ahí que los métodos de tortura fueron similares en todos los países del Cono Sur, donde las fuerzas policiales fueron puestas bajo la comando del Ejército, y en particular de los paracaidistas, quienes generalizaron las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones.
Las víctimas de la macabra operación militar se cuentan por millares en Sudamérica. En Uruguay, en tiempos de la dictadura, había un preso por cada 500 habitantes, en Paraguay se echaba en prisión al primero que opinaba en contra del régimen de Stroessner, en Chile la palabra "tortura” pasó a formar parte del lenguaje coloquial durante el régimen de Pinochet.
En Bolivia se cometieron crímenes de lesa humanidad y en Argentina, donde desaparecieron miles de presos en las mazmorras, todos los sectores de la sociedad resultaron afectados por la brutalidad de los aparatos represivos que pretendían combatir la "subversión” por medio de la tortura y el terror institucionalizado.
Todos estos actos despiadados, que vulneraron los Derechos Humanos, no fueron públicamente conocidos hasta el 22 de diciembre de 1992, en que un volumen importante de información sobre la Operación Cóndor salió a la luz cuando el juez José Fernández y el abogado Martín Almada, profesor y expreso político paraguayo, descubrieron en la antigua comisaría de un suburbio de Asunción, concretamente en Lambaré, los archivos secretos del Plan Cóndor, que pasaron a ser conocidos como los "archivos del terror”.
Se trata de toneladas de papel que revelan la entretela de la mayor organización represiva del Cono Sur, incluyendo su lenguaje cifrado y codificado. En estos archivos están registrados, de manera detallada, 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y casi medio millón de encarcelados por los servicios de seguridad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y todo esto sin contar a quienes fueron torturados, asesinados y desaparecidos antes y después de la Operación Cóndor.

Los aparatos de represión no sólo intercambiaron información por encima de las fronteras nacionales, sino que también intercambiaron prisioneros.

jueves, 21 de agosto de 2014

Video Hoy se rememora el golpe de Estado que dio Hugo Banzer Suárez en 1971, su dictadura duró 7 años

El golpe de Banzer, desde barricadas de Miraflores



Por comunicaciones radiales, el gobierno de Juan José Torres, a través del Regimiento Escolta Colorados de Bolivia, llama a la gente a concentrarse en el estadio de Miraflores, donde se les daría armas para resistir a las fuerzas golpistas de Hugo Banzer.

Antes del 21 de agosto de 1971, la duda no era si habría un intento de golpe de Estado en contra del gobierno progresista del general Torres (era claro que habría uno), sino ¿cuándo sería? En el Alto Mando Militar tampoco había incertidumbre por saber quién sería el insidioso, se sabía perfectamente que era el coronel Hugo Banzer Suárez.

El golpe que comenzó el 19 en Santa Cruz llegó a La Paz el 21 de agosto. “Era un golpe cantado”, califica Remberto Cárdenas, en ese momento miembro de la Juventud Comunista Boliviana (JCB o la Jota), tras 43 años de ese episodio.

Dispuestos a dar pelea, la mañana del 21, miles de personas acataron el llamado a la concentración . “Vi muchos jóvenes de la resistencia, especialmente universitarios. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) era el mejor organizado. Marcelo (Quiroga Santa Cruz) estaba armado y fue uno de los más visibles. Pero se notaba la escaza organización”, detalla.

En inmediaciones del estadio se reunieron miles de personas, cuenta Carlos Soria, en ese tiempo miembro de la Jota, quien además era de los pocos armados. “Un excombatiente de abril del 52 me dijo que hicieron la revolución con mucha menos gente...”.

Todo es confusión, tanto por la sorpresa de tener que improvisar la resistencia, como por el revoltijo que unió a trotskistas, “elenos” (del ELN), comunistas (del Partido Comunista de Bolivia) y “chinos” (del Partido Comunista Marxista Leninista, PCML).

Los civiles estuvieron a la espera de los Colorados, comandados por el mayor Rubén Sánchez (luego miembro del ELN), quienes debían tomar el Estado Mayor para acceder al arsenal militar y armar a la gente. “Se decía que Sánchez estaba con los Colorados al otro lado del río Orkojahuira, desde donde atacarían al Estado Mayor. Nunca sucedió”, relata Soria.

“Marcelo, en medio de la confusión, llamaba a la gente a ir a Villa Victoria, para desde ahí comenzar el ataque. Lechín también trataba de organizar a la gente, pero no había armas”, cuenta. “Era un desorden mayúsculo”, describe Soria. “Había mucha voluntad, gente dispuesta a morir, pero no teníamos armas”, confirma Cárdenas. La izquierda, ese entonces, no tenía preparación militar, a excepción del ELN. A la hora de la verdad, las ideas les servían de poco.

Muestra de esta voluntad no acompañada de preparación es la anécdota que narra Cárdenas. Alguien llevó una bomba de la Segunda Guerra Mundial y no sabía cómo hacerla detonar. Decidieron ponerla en donde suponían que iban a pasar los tanques del Regimiento Tarapacá, que se dirigían de El Alto al Estado Mayor. “Cuando pasaron los tanques, no sucedió nada. Ahora me río, pero ese momento fue desolador, la batalla estaba perdida”, lamenta.

Vehículo. Por la necesidad de trasladarse, detuvieron un taxi y tomaron el coche para usarlo en la defensa, pero como nadie sabía conducir, devolvieron el carro a su dueño, que huyó despavorido...

Simultáneamente, se tiene conocimiento de que las tropas de fascistas subían por la avenida Saavedra. “El enfrentamiento era inminente. Nos pusimos detrás de las barricadas dispuestos a ‘fajarnos’”. Sin embargo, o la información era imprecisa o las tropas golpistas se quedaron en una posición.

Nilo Ramos, hermano de Pablo Ramos, rector de la UMSA ese año, se acerca a Soria. “Tú (Soria) estás con arma larga y yo con corta. Cúbreme y vamos a hacer un contacto con Rubén Sánchez. Ramos incluso tenía el santo y seña para el contacto”. Bordearon el estadio, pero no encontraron a nadie. “Volvimos a las barricadas y la cosa estaba peor que antes. La gente se dispersó. Ya no estaba Lechín y cayó el atardecer”.

Jorge Kolle, luego secretario general del PCB, y Soria decidieron ir a hacer contacto con la Central Obrera Boliviana, pensando que tal vez ahí se estaba produciendo alguna coordinación para la resistencia. “Fuimos por la (avenida) Illimani, en ese momento aparecieron los aviones. Kolle pensó que era a favor de Torres, pero fue al revés, atacaron a la resistencia atrincherada en el Laikacota”.

La COB era otro “desbarajuste”. La batalla estaba perdida... “a partir de ahí fue la odisea de desmovilizar a los jóvenes que habían venido del interior (al congreso de la Jota). Tuvimos varios heridos en lo que fue la desordenada batalla del estadio”. En la tarde, cientos de universitarios fueron apresados, la cantidad de muertos es desconocida. El terrorismo de Estado que aplicó Banzer duró siete años.

Intentos de organizar a los movilizados

Marcelo Quiroga fue uno de los líderes más visibles el 21 de agosto. Se lo vio con su rifle y circulando en un jeep, llamando a la gente a trasladarse a Villa Armonía para desde ahí atacar al Estado Mayor. Juan Lechín Oquendo estuvo en el estadio hasta la tarde, también intentando organizar a la gente.

21 de agosto 1971, golpe militar

En agosto de 1971 habían llegado a tal extremo las contradicciones internas, que pusieron a las Fuerzas Armadas, en la disyuntiva de permitir el colapso mismo de su institución o recurrir a un golpe de Estado que, conculcando los derechos civiles y de las organizaciones sindicales, detenía la creciente efervescencia de sectores radicales de izquierda y derecha. También pusieron en riesgo la existencia de medios de comunicación y en particular de EL DIARIO.

Aquel sábado 21 de agosto de 1971, el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez y los líderes del Movimiento Nacionalista Revolucionario y de Falange Socialista Boliviana, Victor Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez Gutierrez, asociados, formaron el producto del golpe: un gobierno militar apoyado por los partidos que, hasta esa fecha, fueron enemigos desde 1952.

El golpe de Banzer inauguró una serie de gobiernos militares. Esa etapa concluyó en 1985, con el ingreso de gobiernos civiles democráticos.

viernes, 1 de noviembre de 2013

34 años del golpe liderado por Natusch Busch

En la década del 70, Bolivia vivió uno de los gobiernos dictatoriales más largos de su historia, presidido por Hugo Banzer Suárez, quien fue obligado por un grupo de mujeres a convocar a elecciones para que se restaure la democracia.

Pero, para que se cumpla este anhelo, se tuvo que enfrentar otros golpes militares, del 24 de noviembre de 1978 de David Padilla golArancibia y la del 1 de noviembre de 1979, liderado por Alberto Natusch Busch, que quedó registrado en la historia del país como el más sangriento.

Horas después de clausurada la Asamblea de la OEA, que se realizaba en La Paz, el militar beniano tomó el poder a través de las armas, con metrallas y tanques asumió las riendas del país, derrocó a Walter Guevara Arze.

Los 16 días que duró su gobierno, fueron los más sangrientos. Los representantes de la OEA tuvieron que ser escoltados hasta el aeropuerto con tanquetas.

El gobierno de Natusch fue el tercer más corto de la historia del país. El argumento del golpe de Estado de Natusch Busch fue que se quiso detener la prórroga de Guevara Arze y de plantear una idea revolucionaria similar a la de 1952.

Tras la presión de los diferentes sectores sociales, Natusch Busch se vio acorralado y obligado a renunciar, a cambio de que Guevara no vuelva al poder.

Ante esa situación, los congresistas eligieron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada, como presidenta de Bolivia, siendo la primera mujer en asumir tan alto cargo.

Tras una larga y penosa enfermedad murió en Santa Cruz el 23 de noviembre de 1994.

Bolivia recuerda la masacre de 1979 con llamado de atención de la ONU



Bolivia recuerda hoy la masacre de Todos Santos, que se produjo hace 34 años por efecto del golpe de Estado que comandó el coronel Alberto Natush Busch, bajo el signo de una llamada de atención que emitió ayer, desde Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El organismo internacional consideró ayer que Bolivia tiene temas pendientes por resolver sobre los crímenes perpetrados durante los periodos de dictadura (1964-1982) en materia de reparación de daños a los afectados, luego de examinar el cumplimiento del país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Legislativo con rango de ley.

El vicepresidente Álvaro García Linera cree que es posible una investigación profunda sobre los daños ocasionados en las dictaduras militares, pero descartó un resarcimiento mayor, a favor de las víctimas, que aquel que se estableció con la Ley 2640 de 2004, y que benefició a 6.000 personas.

Informe. El jurista Fabián Salvioli, del Comité, expresó que una de las principales preocupaciones, en el caso de Bolivia, tiene que ver con el “insuficiente tratamiento de la reparación por violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo de las dictaduras militares”. Explicó —según reseñó EFE— que “no existe suficiente reparación (de daños), ni en el plano económico ni en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982”.

El golpe de Estado del 1 noviembre de 1979, que está incluido en el periodo que analizó la instancia internacional desde Ginebra, se produjo con la masacre de Todos Santos, que provocó la muerte de 100 civiles y 40 desaparecidos, de acuerdo con el recuento de la Fundación Boliviana Contra la Impunidad. Ayer, García Linera dijo que unas 300 personas perdieron la vida durante los 16 días que duró la resistencia ciudadana y sindical. Hasta la fecha no se establecieron responsabilidades por este cruento golpe militar, que fue respaldado por una facción del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que dirigió Guillermo Bedregal.

El Segundo Mandatario afirmó que no sólo hubo crímenes durante las dictaduras, sino también en democracia. Recordó “los asesinatos a sangre fría” de cuatro jóvenes integrantes del CNPZ, en Sopocachi (1990), que sin embargo habían secuestrado al empresario Jorge Lonsdale. “En dictadura y democracia hemos cumplido lo que dice la ley. Hubo una ley del año 2000-2001 para reparar a las víctimas de las dictaduras y nosotros hemos elaborado una ley y cumplido lo que dice. Está claro que no siempre la gente se siente satisfecha con ello, hay más personas que se sienten involucradas y quieren recibir su remuneración”, afirmó García Linera en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo.

La acción impune

La dictadura de Natusch Busch duró los 16 días de la resistencia ciudadana. No hay una cifra exacta de muertos. El caso está en la impunidad.

El golpe apoyado por el MNR y el MNRI

Aproximadamente a las 02.30 del 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch comenzó a escribir uno de los episodios más cruentos de la historia boliviana. Con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y de dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), derrocó al gobierno de Wálter Guevara Arce.

El alegato fue el supuesto afán prorroguista de éste en su interinato de un año, que surgió tras el empantanamiento en el Congreso para elegir al presidente entre los candidatos más votados en 1979: Hernán Siles Zuazo (UDP) y Víctor Paz Estenssoro (MNR). El golpe se realizó horas después del final de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en La Paz, donde Bolivia logró un triunfo de su diplomacia porque todos los cancilleres —excepto el de Chile— aceptaron que la demanda marítima se discuta multilateralmente.

No obstante, a las pocas horas, el coronel vería cómo su mandato era desconocido en las calles, en el Parlamento, en el país. Dar un paso al costado le tomó 16 días, tras centenares de desaparecidos, muertos y heridos, en lo que se conoce como la masacre de Todos Santos.

martes, 30 de julio de 2013

Una fortaleza sin informes del golpe de 1980 y con papeles perdidos



Alguien con bastante imaginación y afecto a las películas, sobre todo las de acción de Hollywood, podría inferir que el Ejército boliviano tiene una estructura parecida, en su administración, a la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Inglaterra u otro país de Europa. No es así. Los recursos y la organización son otros y, entre otras cosas, en una nación donde los regímenes presidenciales estuvieron ocupados durante muchos años por militares, es lógico suponer que la destrucción de documentos ha sido una constante. Pero es lógico suponer también que la doctrina y, sobre todo, el sentido común se imponen cuando se trata de actos ilegales cometidos por una entidad legal.

Registros. Los que suponían que podían hallar documentos clasificados en el Estado Mayor, o en alguna repartición militar, que relaten con lujo de detalles los golpes de Estado, están equivocados, simplemente porque en Bolivia los actos ilegales no se registran. Si alguien piensa que existe un informe sobre lo que le sucedió, por ejemplo, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1980, puede esperar siglos. No hay tal informe. Nunca lo hubo, por lo menos escrito. Los entrevistados del G2 (Departamento Segundo de Inteligencia) coinciden, por separado, en esta versión. Ni siquiera hay posibilidad, como aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera, que dichos papeles hayan sido destruidos.

Uno de los ejemplos más irónicos es que no existe registro de lo que ocurrió el 17 de julio de 1980 en el Gran Cuartel General de Miraflores durante el golpe de Luis García Meza. Las notas que se encontraban en los archivos de la guardia, señalan: “… 5 y 35 pm ingresó el Comandante General del Ejército Gral. Luis García Meza acompañado del General Bernal y el Almirante Terrazas, sin novedad”. El Libro de Novedades del Sargento de Guardia es absolutamente ajeno a los hechos que se habían suscitado en el país. El efectivo se enteró, posteriormente, que quien ingresó como Comandante del Ejército saldría convertido en Presidente de la República. Es que García Meza había jurado dentro del cuartel.

La guardia circunstancial de esa jornada se limitó a preparar una situación clasificada como de “alerta máxima”, pero que en los hechos se redujo a saludar con más energía a la cantidad inusual de tropas armadas y jefes militares que entraban y salían del fortín. El orden del día estaba firmado por Alberto Gribowsky Navarro, comandante del Regimiento Ingavi, cuya sede se encontraba precisamente en el Gran Cuartel.

Tampoco se registró quiénes estaban en las ambulancias que ingresaban al recinto. El Libro de Novedades solamente menciona: “vehículo blanco (una ambulancia) con placa XXX conducido por el suboficial XXX.” Es obvio que en varias de esas ambulancias ingresaron, custodiados por sargentos y suboficiales vestidos de civil, los detenidos de la Central Obrera Boliviana y el cuerpo moribundo de Quiroga Santa Cruz, pero no existe el registro oficial de su entrada, ni de su salida. Según informes de los entrevistados, en los días posteriores al golpe, nunca, nadie escribió un informe sobre lo que pasaba en el Gran Cuartel. Es extraño porque, de acuerdo con testimonios de los detenidos, cada jornada el coronel Víctor Mena o su ayudante pasaban lista a las decenas de presos que estaban en esas dependencias, y todo estaba escrito. De ahí se colige que, por lo menos, había una lista de capturados, la que se acortaba a medida que los arrestados eran liberados, confinados, exiliados o enviados a otras dependencias, generalmente a Chonchocoro.

Según el relato de algunos entrevistados, el coronel Mena, entonces jefe del G2, solía entrar a la celda del dirigente minero Juan Lechín Oquendo, todas las noches a las nueve menos cinco. Lo convocaba a su oficina y allí lo invitaba, sin decir ni una palabra, a ver la telenovela Rosa de Lejos. Una especie de sofisticada tortura, de acuerdo con la versión de los que vieron el drama.

La pregunta es: ¿por qué existe (o existía) un registro pormenorizado de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia y no del golpe de García Meza, que es más reciente? La respuesta viene de uno de los exjefes del G2: Las Fuerzas Armadas, en ningún lugar del mundo, registran operaciones ilegales.

El golpe de 1980 fue ilegal y no está registrado. Pero la guerrilla del Che es otra cosa. Las operaciones militares en esa acción eran absolutamente legales y los informes escritos eran obligatorios. Sin embargo, más del 95% de estos documentos se ha perdido y alguno, como el Diario del Che, fue robado y, luego, recuperado.

El escritor y periodista Carlos Soria Galvarro señala: “Mediante Decreto Supremo Nº 08165, de 6 de diciembre de 1967, es decir, en el gobierno de René Barrientos, y para facilitar las negociaciones para su publicación en el exterior, el gobierno había asignado oficialmente al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) la propiedad de la documentación, pertrechos capturados que se encontraron en la zona guerrillera, pudiendo aquel Comando ejercitar los derechos inherentes a esa protección. Más de dos decenas de jefes militares, entre ellos dos futuros presidentes, Hugo Banzer y David Padilla, tuvieron a su cargo el cuidado de los documentos en los años siguientes cuando ejercían la jefatura de la sección de Inteligencia. De ahí que las investigaciones fueron sumamente engorrosas cuando a fines de mayo de 1984, en el gobierno de Hernán Siles, se supo públicamente que los originales del Diario del Che, junto con los del guerrillero cubano Harry Villegas Tamayo (Pombo) y otros papeles, no estaban más en poder de las FFAA.

¿Qué pasó? En realidad, la desaparición había sido advertida en una inspección de rutina realizada el 15 de diciembre de 1983 en las instalaciones del Departamento II del Ejército, pero que no fue anunciada. El secreto tuvo que ser roto cuando la embajada boliviana en la capital británica comunicó a la Cancillería que, el 28 de marzo de 1984, la Galería Sotheby’s, una empresa dedicada al remate de todo tipo de curiosidades y obras de interés o de arte, había publicado un aviso en el Daily Telegraph anunciando que el 16 de julio de aquel año los documentos originales autografiados del Che y Pombo serían rematados sobre la base de 350.000 dólares. El periodista boliviano Humberto Vacaflor, residente entonces en Londres, fue convocado a verificar la autenticidad de la documentación, logró tener acceso a ella, obtuvo varias fotografías y tomó apuntes que le permitieron escribir una serie de notas para la prensa”.

Soria Galvarro sigue: “Un nuevo escándalo militar había comenzado a agitar el ambiente noticioso boliviano. Al revisar los periódicos de esos años, el comienzo del juicio al exdictador Luis García Meza en la ciudad de Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, más el asunto del robo de los diarios del Che y Pombo, son los temas predominantes en la información periodística de fuentes castrenses. Sobre el tema de los diarios, invariablemente todos los ministros de Defensa y altos jefes militares dijeron, a su turno, que las investigaciones “estaban en curso” y que “próximamente” se conocerían los resultados. Por fin, después de tantas idas y venidas, y luego de la autorización correspondiente del Comando en Jefe, se inició el proceso contra el general retirado Raúl Ramallo Velarde, el mayor Luis Landa Schille y el ex sargento Raúl Solano Medina. Esto ocurrió el 2 de junio de 1987, es decir, a tres años de destapado el escándalo.

En efecto, el 9 de julio 1985, el diario Hoy publicó copias de las cartas intercambiadas a fines de 1980 y comienzos de 1981 entre el presidente de facto Luis García Meza y un personaje ítalo-argentino radicado en el Brasil, de nombre Erick Galantieri, quien dada la gestión judicial interpuesta ante la Corte inglesa por los representantes diplomáticos bolivianos para impedir el remate de los documentos, tuvo que declararse “propietario” de los mismos, exhibiendo para ello las cartas que le envió García Meza. Los jueces militares no dieron crédito a estos documentos sino dos años más tarde, cuando vinieron avalados por el ministro de Relaciones Exteriores Guillermo Bedregal quien, a su vez, se apoyó en los informes oficiales de la Embajada de Bolivia en Londres. Según afirmaciones periodísticas, esta reticencia de los jueces militares buscaba hasta el último minuto evitar el enjuiciamiento de García Meza. El general Ramallo, principal encausado, manifestó en reiteradas ocasiones que se lo pretendía convertir en “cabeza de turco” y alegaba su inocencia basado en el hecho de que él no estuvo al mando del Departamento II en el periodo en el que desaparecieron los papeles guerrilleros.

El 22 de septiembre, el TSJM (Tribunal Supremo de Justicia Militar), sobre la base de los informes de la Cancillería, tuvo que archivar obrados y dejar sin efecto el encausamiento de Ramallo, Landa y Solano. Pero, de todas formas, se declaró incompetente para enjuiciar a un “expresidente” y, por consiguiente, entregó la pelota nuevamente al Comando en Jefe. Entretanto, los abogados de la parte civil en el juicio de responsabilidad a García Meza en Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, pidieron al Parlamento boliviano que decida incorporar el caso del robo de los diarios del Che y Pombo al voluminoso expediente de los cargos formulados contra el exmilitar. Los históricos papeles regresaron a Bolivia. Fueron dejados en custodia por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Banco Central, el 16 de septiembre de 1986. En la gaveta marcada A-73 y dentro de un sobre sellado, firmado y lacrado, están los documentos en cuestión, quien sabe esperando un mejor destino en un repositorio de documentación histórica que reúna las condiciones adecuadas para su mejor conservación”.

El suboficial Raúl Solano Medina, quien estuvo preso por el robo, probó que nada tenía que ver con este asunto y exigió y recibió $us 50.000 del Estado por su detención. Sin embargo, Bolivia y las Fuerzas Armadas no tuvieron el cuidado necesario para guardar otros documentos de su propiedad, por cuanto todo el registro de la Campaña de Ñancahuazú que se encontraba en poder de la institución castrense ha desaparecido y, como en el caso del Diario del Che, está siendo ofrecido en algunos lugares para su venta.


miércoles, 17 de julio de 2013

El 17 julio de 1980, Bolivia sufrió uno de los más cruentos golpes militares

El 17 julio de 1980, Bolivia sufrió uno de los más cruentos golpes militares, liderado por los excoroneles del Ejército Luis García Meza y Luis Arce Gómez, actualmente recluidos en el penal de máxima seguridad de La Paz, Chonchocoro. Un hecho que con el transcurrir de los años es cada vez menos recordado y muchos de los actos aún están impunes.

“Transcurrieron más de tres décadas desde aquel fatídico medio día del 17 de julio de 1980, en que las ambulancias llegaron a la sede de la Central Obrera Boliviana y, cuando los transeúntes esperaban que salgan de su interior personas de mandil blanco para cumplir alguna labor humanitaria, emergieron muchos sicarios armados de metralletas, éstos tenían una misión específica, allanar la sede sindical, ya sabían que en su interior estaban reunidos representantes de las principales organizaciones populares y políticas, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz”, recuerda el exdefensor del Pueblo y expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín.

“Será que los conductores del Estado se encuentran tan envilecidos con la miel del poder, que no sopesan en la necesidad imperante de democratizar la democracia?. García Meza y Arce Gómez, los represores del pasado no necesitan salir de la cárcel para cometer sus fechorías, tienen dignos representantes en la sociedad política boliviana, en las cúpulas militar y policial. Por algo no se permite desclasificar los archivos de la represión. En este 17 de julio, fecha fatídica para el pueblo boliviano vale la pena reflexionar sobre el destino de nuestra democracia como instrumento para la construcción de una sociedad de iguales y no como escenario de privilegios para los poderosos”, sostiene el exactivista.

Agrega que, mientras los principales líderes politicos y sindicales eran acribillados en la COB, los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad, obligaban en el Palacio de Gobierno a la única presidenta Lidia Gueiler a renunciar, consolidando así un cruento golpe de Estado, frustrando una vez más las legítimas aspiraciones del pueblo boliviano de construir su sistema democrático.

DATOS HISTÓRICOS

• El golpe militar que dirigió Luis García Meza y Luis Arce Gómez el 17 de julio de 1980, abrió una dictadura que se prolongó hasta agosto de 1981.

• Fue la última asonada de una seguidilla iniciada en 1964.

• La represión causó la desaparición de prominentes dirigentes y representantes de la sociedad civil, como el jesuita Luis Espinal o el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos aún no han sido encontrados.

• García Meza y Arce Gómez cumplen condenas de 30 años.

martes, 28 de mayo de 2013

Sorpresivo autogolpe Bolivia, 17 de mayo de 1951

Cuando en las distintas esferas sociales del país se aguardaban con expectativa los lineamientos del nuevo gobierno electo, el presidente saliente Mamerto Urriolagoitia acaba de dar un autogolpe en el día de ayer.

El presidente se reunió ayer en un cónclave de jefes militares y acordó con ellos algunas medidas urgentes desarticulando rápidamente la situación política vigente.

Urriolagoitia habría dejado la presidencia de la República en manos del ejército, cuyo jefe máximo, el general Oviedo Quiroga, a espaldas y por encima del país, nombró como nuevo presidente de la República al general Hugo Ballivián y al gabinete militar.

De esta manera, mediante orden general, se ha sustituido la Constitución Política del Estado y el mandato popular.

Fuentes extraoficiales informaron que Urriolagoitia y Oviedo Quiroga se aprestan a marcharse del país.

Mientras tanto, “una inmensa indignación ha ganado los corazones de los bolivianos demócratas”, dijo un matutino de la ciudad.

La prensa internacional ha calificado la maniobra política de “Mamertazo” y ha tratado de dar algunas explicaciones someras de tal actitud, como el fracaso de la política de mano dura, la debilidad de las fuerzas dominantes y el temor a la presión sindical.