La Operación Cóndor o Plan Cóndor, que se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la DINA (policía secreta chilena), y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
El plan militar, cuyo objetivo siniestro consistía en instrumentar apresamientos, asesinatos y desapariciones forzadas de decenas de miles de opositores políticos, fue posible debido a una red de dictaduras establecidas en el Cono Sur. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay -desde 1954- cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart, en 1964.
La junta militar
En Bolivia, después de una serie de golpes de Estado, se instaló en el Palacio Quemado una Junta Militar al mando del general Hugo Banzer Suárez, que dejó un reguero de muertos y heridos desde agosto de 1971.
Durante su gobierno se inició el "boom del narcotráfico”, que se prolongó hasta la década de los 80, y se perpetró el asesinato de tres militares cuya imagen y popularidad se convirtió en un peligro dentro de las Fuerzas Armadas: Andrés Selich, Joaquín Zenteno Anaya y Juan José Torres. Más todavía, la osadía de Banzer, en plena "Guerra Fría”, le impulsó a declarar: "Mientras en Europa se peleaba con la diplomacia, en Latinoamérica nosotros poníamos los muertos”.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet, con el apoyo y las instrucciones de la CIA, terminó con el experimento socialista del gobierno presidido por Salvador Allende, quien se suicidó en la Casa de la Moneda sitiada por disparos y bombardeos. Ese mismo año, coincidiendo con el plan general de ajustar el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, Juan María Bordaberry posesionó a una dictadura cívico-militar que, entre 1973 y 1985, asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a los activistas de izquierda, bajo el argumento de "lucha contra la subversión comunista”.
La DINA en Argentina
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, asaltó el poder en Argentina, país en el cual había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), desde el 21 de noviembre de 1973 y cuando Juan Domingo Perón era todavía presidente. La Triple A actuó, en una coordinación criminal, con la dictadura de Pinochet. Esto surgirá en las investigaciones sobre la Operación Colombo, un modelo de "guerra sucia” que actuó impunemente en 1975.
La DINA chilena y la SIDE argentina, a partir de 1976, fueron la vanguardia del Plan Cóndor. De ahí que durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional”, en Argentina, no sólo se torturaron y asesinaron a los prisioneros, sino también se conoció casos de "tráfico de bebés”, que eran los hijos de las prisioneras que dieron a luz en las mazmorras de la dictadura y que, una vez arrancados de los brazos de sus madres y suprimida su identidad, fueron entregados en adopción a oficiales y personas afines a la dictadura militar.
La mayoría de estos "hijos de desaparecidos” aún tiene un paradero desconocido, a pesar de los esfuerzos desplegados por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes durante años lucharon por identificarlos y devolverlos al seno de sus verdaderas familias.
Los vuelos de la muerte
A estas alturas de la historia, para nadie es desconocido que los "vuelos de la muerte”, que fueron también utilizados durante la Guerra de Independencia en Argelia (1954-1962) por las fuerzas francesas, se aplicaron impunemente en Argentina, a fin de que los cadáveres y, por lo tanto, las pruebas desaparecieran sin dejar rastro alguno. Según confesiones de Rodolfo Scilingo, exoficial de marina, se sabe cómo se llevó a la muerte a personas con vida, lanzándolas desde un avión al Río de la Plata.
No importaba mucho si los prisioneros estaban conscientes o sedados. Lo importante era deshacerse de ellos a como dé lugar. En los "vuelos de la muerte” fueron eliminados alrededor de 2.000 detenidos políticos.
La Operación Cóndor, además de las torturas y asesinatos, se ocupó de la captura y entrega de personas consideradas "sediciosas” o "subversivas” por los distintos regímenes dictatoriales.
Es decir, los aparatos de represión no sólo intercambiaron información por encima de las fronteras nacionales, sino que también intercambiaron prisioneros. No en vano un documento desclasificado de la CIA, con fecha del 23 de junio de 1976, explica que ya "a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos”.
En el acta de clausura de la reunión Interamericana de Inteligencia Nacional se apuntó, entre otros: "Iniciar contactos bilaterales o multilaterales, proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión y establecer un directorio completo con los nombres y las direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el marxismo...”.
El apogeo de la tortura
La Operación Cóndor, que estaba en pleno apogeo entre 1975 y 1982, utilizó la tortura como el arma principal de lucha contra la "subversión” en el concepto de la "guerra sucia”. Por lo tanto, los prisioneros, considerados "peligrosos” para el orden y la ideología instaurados por las dictaduras militares, fueron sometidos a interrogatorios con apremios psico-físicos.
En el libro Nunca Más, informe e investigación que fue dirigido por el escritor Ernesto Sábato, no sólo se echa luces sobre las desapariciones, secuestros y torturas, sino que también se relata que los instrumentos, métodos y grados de crueldad de los tormentos excede la comprensión de una persona normal: "simulacros de fusilamiento”, "el submarino” (sumergir al prisionero en un recipiente de agua fría), estiletes, pinzas, drogas, "el cubo” (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), "la picana eléctrica” (magneto que genera electricidad de alta potencia), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castraciones, presenciar la tortura de familiares, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos/desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). En el caso de las mujeres, se combinaba la violación con la tortura.
Pánico y terror
En la Escuela de las Américas, situada desde 1946 a 1984 en Panamá, se adiestró a centenares de oficiales en "acciones preventivas” (métodos de tortura) y asesinatos, con el fin de sembrar el pánico y el terror entre los activistas de la izquierda latinoamericana. Según algunas investigaciones, se deduce que la división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir.
De ahí que los métodos de tortura fueron similares en todos los países del Cono Sur, donde las fuerzas policiales fueron puestas bajo la comando del Ejército, y en particular de los paracaidistas, quienes generalizaron las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones.
Las víctimas de la macabra operación militar se cuentan por millares en Sudamérica. En Uruguay, en tiempos de la dictadura, había un preso por cada 500 habitantes, en Paraguay se echaba en prisión al primero que opinaba en contra del régimen de Stroessner, en Chile la palabra "tortura” pasó a formar parte del lenguaje coloquial durante el régimen de Pinochet.
En Bolivia se cometieron crímenes de lesa humanidad y en Argentina, donde desaparecieron miles de presos en las mazmorras, todos los sectores de la sociedad resultaron afectados por la brutalidad de los aparatos represivos que pretendían combatir la "subversión” por medio de la tortura y el terror institucionalizado.
Todos estos actos despiadados, que vulneraron los Derechos Humanos, no fueron públicamente conocidos hasta el 22 de diciembre de 1992, en que un volumen importante de información sobre la Operación Cóndor salió a la luz cuando el juez José Fernández y el abogado Martín Almada, profesor y expreso político paraguayo, descubrieron en la antigua comisaría de un suburbio de Asunción, concretamente en Lambaré, los archivos secretos del Plan Cóndor, que pasaron a ser conocidos como los "archivos del terror”.
Se trata de toneladas de papel que revelan la entretela de la mayor organización represiva del Cono Sur, incluyendo su lenguaje cifrado y codificado. En estos archivos están registrados, de manera detallada, 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y casi medio millón de encarcelados por los servicios de seguridad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y todo esto sin contar a quienes fueron torturados, asesinados y desaparecidos antes y después de la Operación Cóndor.
Los aparatos de represión no sólo intercambiaron información por encima de las fronteras nacionales, sino que también intercambiaron prisioneros.
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