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sábado, 3 de marzo de 2018
lunes, 15 de enero de 2018
martes, 17 de enero de 2017
Homenajean a mártires de la calle Harrington
Representantes de la comuna, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), personalidades políticas, representantes de instituciones defensoras de los derechos humanos y de los caídos en la calle Harrington rindieron homenaje a las víctimas de este ataque, a 36 años del hecho.
El acto se realizó en el Memorial 15 de Enero, ubicado en la avenida del Poeta.
En el acto, la concejala Katia Salazar, en representación el alcalde Luis Revilla, destacó la lucha de los ocho mártires y el significado que tienen los valores democráticos para las nuevas generaciones.
En el acto, Mónica Reyes Limpias, en representación de los caídos de la calle Harrington, destacó la importancia de la democracia y expresó su agradecimiento al exalcalde de La Paz, Juan del Granado, por la construcción de memorial 15 de Enero en la avenida del Poeta.
“La democracia en sí misma como un sistema, como un sistema de gobierno, tiene muchos valores, pero la forma de vida de los compañeros de la Harrington a partir de su muerte nos han dejado un ejemplo de vida, vivían en valores como el amor al prójimo, buscaban el bien común, no se resignaban cuando encontraban injusticia”, refirió Reyes.
Luego del acto, el exalcalde Juan del Granado manifestó que con dicho homenaje se reafirma la democracia a través de los ideales por los que murieron las ocho personas el 15 de enero de 1981.
“Hoy día es en el que rememoramos, repudiamos la dictadura, refirmamos la democracia, además, recordamos la vida de estos valerosos hombres y hacemos el compromiso interno, ojalá también colectivo de seguir el paso de estos hombres en el sentido de que la política deba ser siempre sino el servicio público, el compromiso con la comunidad, el compromiso con la democracia”, refirió el exdirigente político.
La exparlamentaria del MIR, Erika Brockmann, destacó que la lucha de los mártires permite a la nueva generación conocer cómo era Bolivia antes de la recuperación de la democracia, en 1982.
“La sociedad que no tiene memoria no tiene futuro, creo que lo que hoy hemos vivido en nuestra La Paz Maravillosa es importante porque estamos recuperando la mejoraría de quienes hicieron posible la recuperar una etapa en nuestro país que es precisamente la democracia”, destacó.
En el homenaje participaron también el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Remberto Cárdenas, la jefa de la División de Cultura y Arte de la Universidad Mayor de San Andrés, Melisa Herrera, entre otras personalidades.
El 15 de enero de 1981 patrullas de paramilitares del régimen de Luis García Mesa irrumpieron en un domicilio de la calle Harrington y asesinaron a ocho miembros de la Dirección Nacional del MIR: Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco, según la comuna.
El acto se realizó en el Memorial 15 de Enero, ubicado en la avenida del Poeta.
En el acto, la concejala Katia Salazar, en representación el alcalde Luis Revilla, destacó la lucha de los ocho mártires y el significado que tienen los valores democráticos para las nuevas generaciones.
En el acto, Mónica Reyes Limpias, en representación de los caídos de la calle Harrington, destacó la importancia de la democracia y expresó su agradecimiento al exalcalde de La Paz, Juan del Granado, por la construcción de memorial 15 de Enero en la avenida del Poeta.
“La democracia en sí misma como un sistema, como un sistema de gobierno, tiene muchos valores, pero la forma de vida de los compañeros de la Harrington a partir de su muerte nos han dejado un ejemplo de vida, vivían en valores como el amor al prójimo, buscaban el bien común, no se resignaban cuando encontraban injusticia”, refirió Reyes.
Luego del acto, el exalcalde Juan del Granado manifestó que con dicho homenaje se reafirma la democracia a través de los ideales por los que murieron las ocho personas el 15 de enero de 1981.
“Hoy día es en el que rememoramos, repudiamos la dictadura, refirmamos la democracia, además, recordamos la vida de estos valerosos hombres y hacemos el compromiso interno, ojalá también colectivo de seguir el paso de estos hombres en el sentido de que la política deba ser siempre sino el servicio público, el compromiso con la comunidad, el compromiso con la democracia”, refirió el exdirigente político.
La exparlamentaria del MIR, Erika Brockmann, destacó que la lucha de los mártires permite a la nueva generación conocer cómo era Bolivia antes de la recuperación de la democracia, en 1982.
“La sociedad que no tiene memoria no tiene futuro, creo que lo que hoy hemos vivido en nuestra La Paz Maravillosa es importante porque estamos recuperando la mejoraría de quienes hicieron posible la recuperar una etapa en nuestro país que es precisamente la democracia”, destacó.
En el homenaje participaron también el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Remberto Cárdenas, la jefa de la División de Cultura y Arte de la Universidad Mayor de San Andrés, Melisa Herrera, entre otras personalidades.
El 15 de enero de 1981 patrullas de paramilitares del régimen de Luis García Mesa irrumpieron en un domicilio de la calle Harrington y asesinaron a ocho miembros de la Dirección Nacional del MIR: Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco, según la comuna.
lunes, 4 de abril de 2016
Paramilitares que tomaron la COB en 1980 todavía no fueron identificados
Sentado con la vista clavada en la calle, El Pantera observa el otro lado de la acera, en El Prado de La Paz, donde ahora está la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Casi 36 años atrás, en ese sitio se hallaba la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) que el 17 de julio de 1980 fue tomada por grupos de militares y civiles.
Ello desembocó en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal, cuyos cuerpos hasta ahora no fueron hallados. Participaron al menos una treintena de sujetos armados. En 1997 se creó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que levantó la información para el juicio que en 2007 sentenció con 30 años de prisión a tres de los atacantes: los militares Felipe Froilán Molina Bustamante (alias El Killer) y Franz Pizarro Solano (El Chapaco), y el paramilitar José Luis Ormachea España (El Loco); solo el primero se halla en la cárcel.
En octubre de 2010, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema confirmó los castigos para 16 personas. Además de los tres sentenciados con la pena máxima, los demás tuvieron sanciones mínimas y se encuentran libres. Es más, nunca llegaron a estar tras los barrotes porque alegaron ser de la tercera edad o se acogieron a medidas sustitutivas, de acuerdo con datos de la familia de Quiroga Santa Cruz.
Sin embargo, hay otros responsables ocultos, sin rostro. Según la averiguación de la Comisión de Derechos Humanos hubo nueve paramilitares clave que participaron en la toma, de los cuales no se tiene rastros, entre ellos Ormachea España.
Sus nombres y apellidos no figuraban en los archivos del Servicio Nacional de Identificación ( hoy Servicio General de Identificación Personal), de la Policía Técnica Judicial ( hoy Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), menos en registros de la Policía Internacional (Interpol), rememora quien fue presidente de esta repartición parlamentaria, Roberto Moscoso, entonces del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Se maneja que usaban identidades falsas en esa época dictatorial. Es como si nunca hubieran existido.
No solo eso, al menos 40 personas nunca prestaron decvlaraciones.
A 85 años del nacimiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Informe La Razón entrega hoy a sus lectores un especial sobre uno de los intelectuales más lúcidos del país. Encuentre este imperdible documento junto a la edición impresa de La Razón.
miércoles, 3 de febrero de 2016
Murió Gustavo Sánchez, captor de Klaus Barbie
Gustavo Sánchez, quien fue pieza clave en la detención y posterior entrega del criminal nazi Klaus Barbie, más conocido como el "Carnicero de Lyon", murió este martes a los 87 años en Cochabamba.
El cuerpo de Sánchez será cremado este miércoles y el jueves se celebrará una misa en la Catedral de Cochabamba. "Fue un gran hombre y con una larga trayectoria política", comentó su hijo, el senador Arturo Murillo.
Sánchez cumplía las funciones de viceministro de Régimen Interior en 1982, cuando se produjo la captura de Barbie. La detención del alemán fue una de las "operaciones" más importantes de su vida, contada en un libro denominado "Klaus Barbie en Bolivia", que escribió en coautoría con Elizabeth Reimann. En su calidad de viceministro siguió el rastro de Barbie y concluyó en sus investigaciones que el asesino alemán había participado de la dictadura de Luis García Meza y cumplido actividades de inteligencia.
"Sánchez sostiene que la sociedad entre el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el exintegrante de las SS hitlerianas fue una mezcla letal que se tradujo en asesinatos, como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz", según publicaciones de prensa.
El cuerpo de Sánchez será cremado este miércoles y el jueves se celebrará una misa en la Catedral de Cochabamba. "Fue un gran hombre y con una larga trayectoria política", comentó su hijo, el senador Arturo Murillo.
Sánchez cumplía las funciones de viceministro de Régimen Interior en 1982, cuando se produjo la captura de Barbie. La detención del alemán fue una de las "operaciones" más importantes de su vida, contada en un libro denominado "Klaus Barbie en Bolivia", que escribió en coautoría con Elizabeth Reimann. En su calidad de viceministro siguió el rastro de Barbie y concluyó en sus investigaciones que el asesino alemán había participado de la dictadura de Luis García Meza y cumplido actividades de inteligencia.
"Sánchez sostiene que la sociedad entre el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el exintegrante de las SS hitlerianas fue una mezcla letal que se tradujo en asesinatos, como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz", según publicaciones de prensa.
lunes, 1 de febrero de 2016
Cae El Killer, el asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz
El presidente Evo Morales anunció ayer que se capturó en La Paz a un exmilitar que fue condenado por la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se produjo el golpe del Luis García Meza en 1980.
El Mandatario anunció en una conferencia de prensa la noche de este domingo, en la ciudad de Santa Cruz, que el detenido es Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer, un exmilitar que estaba condenado por ese crimen a 30 años de prisión, informó la agencia EFE.
Según Morales, el acusado fue detenido en un escondite secreto en el techo de una vivienda en el barrio paceño de Cota Cota, tras dos horas de búsqueda realizada por 80 policías que llegaron al lugar tras hacer un seguimiento a la hija del sentenciado.
"Las arduas tareas de rastrillaje identificaron un escondite en el tumbado de uno de los dormitorios, un sector con pared falsa y doble fondo, que era el lugar donde se encontraba oculto Felipe Froilán Molina, alias El Killer", sostuvo Morales en rueda de prensa en el aeropuerto de Viru Viru. "Él ya tenía previsto cómo evitar que no sea detenido por la Policía", acotó Morales, según reflejó la agencia de noticias ANF.
RESTOS El Gobernante dijo que El Killer debe saber dónde están los restos de Quiroga Santa Cruz, desaparecido el 17 de julio de 1980 cuando se produjo un asalto de militares y paramilitares a la Central Obrera Boliviana (COB) durante el golpe de Estado de García Meza.
El asesinato y desaparición del líder del Partido Socialista-1 (PS-1) es uno de los peores crímenes políticos en la historia de Bolivia.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2007 a 30 años de prisión sin derecho a indulto a El Killer y a otros exmilitares por los crímenes de la dictadura de García Meza, que duró entre julio de 1980 y agosto de 1981.
Morales dijo que el detenido debería dar por razones humanitarias la información por el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, cuya búsqueda han reactivado las autoridades en el último tiempo.
García Meza se encuentra detenido desde 1995 en un penal de alta seguridad de Chonchocoro, purgando una condena de 30 años de prisión.
Según indicó el portal de noticias Oxígeno, García Meza reveló hace una semana que un grupo de militares de bajo rango, encabezado por el exministro del Interior Luis Arce Gómez, pretendió, tras el asesinato, incinerar los restos del líder socialista. En una entrevista concedida a la comunicadora Gezien Manzilla, el exdictador aseguró que Froilán Molina fue quien se encargó de cumplir con el operativo de traslado del cadáver de Quiroga desde la avenida 16 de Julio al Estado Mayor, ubicado en la zona de Miraflores de La Paz.
Según las revelaciones de Luis García Meza, el líder del PS-1 ya había fallecido antes de incinerarlo, tal como muestra una fotografía que publicó un periódico paceño de la época.
El líder socialista, junto a Carlos Flores Bedregal, fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado del 17 de julio de 1980, acción militar que interrumpió el mandato interino de la presidenta Lidia Gueiler.
En diciembre de 2007, el diario Los Tiempos informó que tres exmilitares fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por alzamiento armado contra la seguridad del Estado y el asesinato de Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes sindicales. Tras 10 años de juicio por esos sucesos, el juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador, Ángel Arias, dictó sentencia en primera instancia contra los 16 de los 17 acusados en este proceso, debido a que uno de los militares implicados, René Javier Hinojosa, falleció. Franz Pizarro Solano, Felipe Froilán Molina y José Luis Ormachea España recibieron la máxima pena.
BIOGRAFÍA Marcelo Quiroga Santa Cruz (Cochabamba, 1931), fue ministro, escritor y diputado. Es considerado una de las figuras más representativas del socialismo en Bolivia. Comenzó el juicio de responsabilidades contra el exdictador Hugo Banzer. Fue reconocido como un brillante político y orador. Fue merecedor de una gran cantidad de premios por su labor como escritor.
Apuntes
Dato de tesis
La tesis de la comunicadora Gezien Manzilla reveló que fue Hugo Banzer Suárez quién ordenó a El Killer asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y quemar el cuerpo. “Luis Arce Gómez dijo que El Killer entró a la Central Obrera Boliviana, le disparó a Quiroga Santa Cruz y lo sacó de ahí”, dijo Manzilla en contacto telefónico con este medio. Manzilla también indicó que se le dio al Killer una avioneta para trasladar a Quiroga a la hacienda de Banzer en Santa Cruz.
Hombre de confianza
Froilán Molina fue un militar de confianza de Banzer. Participó de la dictadura además de cuidar a la familia del exdictador.
Proyecto de grado
Manzilla realizó el gran reportaje “Periodistas en dictadura. La muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz”, como trabajo de proyecto de grado. Fue asesorada por el periodista Mario Espinoza.
García Meza: “Lo hizo matar Banzer”
Gezien Manzilla, comunicadora de la Universidad Católica Boliviana, en entrevista con Luis García Meza confirmó la identidad del autor intelectual del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó Erbol. Acá un fragmento de esa entrevista.
P. ¿Quién dio la orden de matar a Marcelo?
R. Lo hizo matar (Hugo) Banzer (Suárez).
P. ¿Por qué?
R. Porque le estaba haciendo un juicio de responsabilidades y él le tenía terror al juicio. No les digo que lloraba en mi casa... Tenía 57 causas en su Gobierno, así que uff...
P. ¿Qué explicación le dieron de la muerte? ¿Arce Gómez le dio alguna?
R. No, vino a mi oficina, subió después de que habían pasado las cosas y me dijo desde la puerta: “Mi general, parte con novedad, tenemos una baja, el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
P. ¿Y luego?
R. Me puse ya nervioso y le dije: “¿Dónde está?”, y me dijo: “Lo hemos dejado allá (en la COB), pero después lo trajeron al Estado Mayor”.
P. ¿Muerto o vivo?
R. Muerto.
P. ¿Quién mató a Marcelo?
R. Sí, había un suboficial que era muy de confianza de Banzer. En el bullicio de cuando salían de la COB, cualquiera hubiera pasado desapercibido, pero este señor, apodado El Killer, estuvo en toda la época del Gobierno de facto de Banzer (...).
El Mandatario anunció en una conferencia de prensa la noche de este domingo, en la ciudad de Santa Cruz, que el detenido es Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer, un exmilitar que estaba condenado por ese crimen a 30 años de prisión, informó la agencia EFE.
Según Morales, el acusado fue detenido en un escondite secreto en el techo de una vivienda en el barrio paceño de Cota Cota, tras dos horas de búsqueda realizada por 80 policías que llegaron al lugar tras hacer un seguimiento a la hija del sentenciado.
"Las arduas tareas de rastrillaje identificaron un escondite en el tumbado de uno de los dormitorios, un sector con pared falsa y doble fondo, que era el lugar donde se encontraba oculto Felipe Froilán Molina, alias El Killer", sostuvo Morales en rueda de prensa en el aeropuerto de Viru Viru. "Él ya tenía previsto cómo evitar que no sea detenido por la Policía", acotó Morales, según reflejó la agencia de noticias ANF.
RESTOS El Gobernante dijo que El Killer debe saber dónde están los restos de Quiroga Santa Cruz, desaparecido el 17 de julio de 1980 cuando se produjo un asalto de militares y paramilitares a la Central Obrera Boliviana (COB) durante el golpe de Estado de García Meza.
El asesinato y desaparición del líder del Partido Socialista-1 (PS-1) es uno de los peores crímenes políticos en la historia de Bolivia.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2007 a 30 años de prisión sin derecho a indulto a El Killer y a otros exmilitares por los crímenes de la dictadura de García Meza, que duró entre julio de 1980 y agosto de 1981.
Morales dijo que el detenido debería dar por razones humanitarias la información por el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, cuya búsqueda han reactivado las autoridades en el último tiempo.
García Meza se encuentra detenido desde 1995 en un penal de alta seguridad de Chonchocoro, purgando una condena de 30 años de prisión.
Según indicó el portal de noticias Oxígeno, García Meza reveló hace una semana que un grupo de militares de bajo rango, encabezado por el exministro del Interior Luis Arce Gómez, pretendió, tras el asesinato, incinerar los restos del líder socialista. En una entrevista concedida a la comunicadora Gezien Manzilla, el exdictador aseguró que Froilán Molina fue quien se encargó de cumplir con el operativo de traslado del cadáver de Quiroga desde la avenida 16 de Julio al Estado Mayor, ubicado en la zona de Miraflores de La Paz.
Según las revelaciones de Luis García Meza, el líder del PS-1 ya había fallecido antes de incinerarlo, tal como muestra una fotografía que publicó un periódico paceño de la época.
El líder socialista, junto a Carlos Flores Bedregal, fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado del 17 de julio de 1980, acción militar que interrumpió el mandato interino de la presidenta Lidia Gueiler.
En diciembre de 2007, el diario Los Tiempos informó que tres exmilitares fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por alzamiento armado contra la seguridad del Estado y el asesinato de Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes sindicales. Tras 10 años de juicio por esos sucesos, el juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador, Ángel Arias, dictó sentencia en primera instancia contra los 16 de los 17 acusados en este proceso, debido a que uno de los militares implicados, René Javier Hinojosa, falleció. Franz Pizarro Solano, Felipe Froilán Molina y José Luis Ormachea España recibieron la máxima pena.
BIOGRAFÍA Marcelo Quiroga Santa Cruz (Cochabamba, 1931), fue ministro, escritor y diputado. Es considerado una de las figuras más representativas del socialismo en Bolivia. Comenzó el juicio de responsabilidades contra el exdictador Hugo Banzer. Fue reconocido como un brillante político y orador. Fue merecedor de una gran cantidad de premios por su labor como escritor.
Apuntes
Dato de tesis
La tesis de la comunicadora Gezien Manzilla reveló que fue Hugo Banzer Suárez quién ordenó a El Killer asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y quemar el cuerpo. “Luis Arce Gómez dijo que El Killer entró a la Central Obrera Boliviana, le disparó a Quiroga Santa Cruz y lo sacó de ahí”, dijo Manzilla en contacto telefónico con este medio. Manzilla también indicó que se le dio al Killer una avioneta para trasladar a Quiroga a la hacienda de Banzer en Santa Cruz.
Hombre de confianza
Froilán Molina fue un militar de confianza de Banzer. Participó de la dictadura además de cuidar a la familia del exdictador.
Proyecto de grado
Manzilla realizó el gran reportaje “Periodistas en dictadura. La muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz”, como trabajo de proyecto de grado. Fue asesorada por el periodista Mario Espinoza.
García Meza: “Lo hizo matar Banzer”
Gezien Manzilla, comunicadora de la Universidad Católica Boliviana, en entrevista con Luis García Meza confirmó la identidad del autor intelectual del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó Erbol. Acá un fragmento de esa entrevista.
P. ¿Quién dio la orden de matar a Marcelo?
R. Lo hizo matar (Hugo) Banzer (Suárez).
P. ¿Por qué?
R. Porque le estaba haciendo un juicio de responsabilidades y él le tenía terror al juicio. No les digo que lloraba en mi casa... Tenía 57 causas en su Gobierno, así que uff...
P. ¿Qué explicación le dieron de la muerte? ¿Arce Gómez le dio alguna?
R. No, vino a mi oficina, subió después de que habían pasado las cosas y me dijo desde la puerta: “Mi general, parte con novedad, tenemos una baja, el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
P. ¿Y luego?
R. Me puse ya nervioso y le dije: “¿Dónde está?”, y me dijo: “Lo hemos dejado allá (en la COB), pero después lo trajeron al Estado Mayor”.
P. ¿Muerto o vivo?
R. Muerto.
P. ¿Quién mató a Marcelo?
R. Sí, había un suboficial que era muy de confianza de Banzer. En el bullicio de cuando salían de la COB, cualquiera hubiera pasado desapercibido, pero este señor, apodado El Killer, estuvo en toda la época del Gobierno de facto de Banzer (...).
domingo, 24 de enero de 2016
García Meza: “Quisieron quemar a Marcelo por las ánimas y solamente se chamuscó”
El ex dictador Luis García Meza reveló que un grupo de militares de bajo rango, encabezado por el ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, pretendió incinerar los restos del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, luego que fuera asesinado en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).
El ex presidente de facto –en una entrevista concedida a la comunicadora Gezien Manzilla- indicó que su ex hombre de confianza fue quien se encargó de cumplir con el operativo de traslado del cadáver desde la avenida 16 de Julio a las instalaciones del Estado Mayor.
“Arce Gómez se hizo cargo. Con varios suboficiales hizo cortar un turril, lo metieron ahí con gasolina, por las ánimas quisieron quemarlo y Marcelo solamente se chamuscó”, afirmó.
La ex autoridad agregó que Marcelo ya había fallecido cuando hubo el intento de incinerarlo, lo cual se evidencia en las fotografías publicadas en el desaparecido periódico Meridiano de la ciudad de La Paz.
El ex jefe del Partido Socialista Uno, junto a Carlos Flores Bedregal, fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y que interrumpió el mandato interino de Lidia Gueiler. Ese periodo inconstitucional se prolongó hasta el 10 de octubre de 1982
García Meza Tejada explicó que luego de ello, otro exdictador –Hugo Banzer Suárez- pidió su cadáver.
“El (ex)prefecto de Santa Cruz dio el avión y el que autorizó para que aterrice en una pista de tierra en san Javier (en una propiedad de Banzer) fue Waldo Bernal Pereira, o sea mi Ministro”, recordó.
Más revelaciones
Manzilla, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, en su contacto con García Meza, confirmó la identidad del autor intelectual del asesinato, las razones y por qué lo mataron.
-¿Quién dio la orden de matar a Marcelo?
-“Lo hizo hacer matar (Hugo) Banzer (Suárez)”
-¿Por qué?
-“Porque le estaba haciendo un juicio de responsabilidades y él le tenía terror al juicio, no les digo que lloraba en mi casa….yo como tenía 57 causas en su gobierno, así que ufff….”
-¿Qué explicación le dieron de la muerte?, ¿Arce Gómez le dio alguna explicación?
-“No, vino a mi oficina, subió después de que habían pasado las cosas y me dijo desde la puerta: mi General parte con novedad, tenemos una baja, el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
-¿Y luego?
-“Me puse ya nervioso y le dije, ¿dónde está?, y me dijo: lo hemos dejado allá (en la sede de la Central Obrera Boliviana), pero después lo trajeron al Estado Mayor”.
-¿Muerto o vivo?
-“Muerto”
-¿Es posible que los restos de Marcelo estén en San Javier?
-“Sí, es posible”
-¿Quién mató a Marcelo? ¿Usted sabe exactamente cómo murió Marcelo?
-“Sí, había un suboficial que era muy de confianza de Banzer. En el bullicio de cuando salían de la COB, cualquiera hubiera pasado desapercibido, pero este señor apodado el Killer estuvo en toda la época del gobierno de facto de Banzer lo conocía a Marcelo. Entonces, cuando estaba saliendo de todo el bollo de gente por las gradas, él lo reconoció, lo agarró y lo bajó hasta el descanso y ahí le metió un balazo”.
domingo, 17 de enero de 2016
SOBRE EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA CALLE HARRINGTON El Concejo se olvidó de tres mártires de 1981
Familiares de las víctimas chuquisaqueñas de la masacre en la calle Harrington, que no fueron consideradas en el homenaje que rindió el Concejo Municipal, piden que sus muertos reciban los mismos honores.
Fueron cinco y no dos los chuquisaqueños acribillados en la calle Harrington por la dictadura en 1981, aclaran los familiares, así como artículos de prensa que rememoran lo sucedido, sin embargo el Concejo Municipal sólo rindió honores a Artemio Camargo y Jorge Baldivieso; no contempló a los también chuquisaqueños Arcil Menacho, Ricardo Navarro y José Reyes, consignados así en notas de prensa.
Jaime Reyes, hermano de José, quien fuera una de las víctimas del luctuoso suceso de 1981, llegó a este diario con la promesa de que puede demostrar que “Pepe”, como le decían con cariño, es nacido en Chuquisaca, exactamente en Padilla, recalcó el familiar.
Esta omisión, reclaman los familiares, no se puede entender ya que la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), tiene toda la información y además esta organización tiene a Ruth Llanos a la cabeza, quien es viuda de Ricardo Navarro; ella misma podría dar fe de que él era chuquisaqueño si se habrían informado, comentó un familiar.
Fueron cinco y no dos los chuquisaqueños acribillados en la calle Harrington por la dictadura en 1981, aclaran los familiares, así como artículos de prensa que rememoran lo sucedido, sin embargo el Concejo Municipal sólo rindió honores a Artemio Camargo y Jorge Baldivieso; no contempló a los también chuquisaqueños Arcil Menacho, Ricardo Navarro y José Reyes, consignados así en notas de prensa.
Jaime Reyes, hermano de José, quien fuera una de las víctimas del luctuoso suceso de 1981, llegó a este diario con la promesa de que puede demostrar que “Pepe”, como le decían con cariño, es nacido en Chuquisaca, exactamente en Padilla, recalcó el familiar.
Esta omisión, reclaman los familiares, no se puede entender ya que la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), tiene toda la información y además esta organización tiene a Ruth Llanos a la cabeza, quien es viuda de Ricardo Navarro; ella misma podría dar fe de que él era chuquisaqueño si se habrían informado, comentó un familiar.
Recordaron a los mártires de Harrington
El viernes, Alcaldía, Gobernación, Universidad Mayor de San Andrés, familiares y representantes de instituciones defensoras de los derechos humanos rindieron homenaje, en el Memorial 15 de Enero, a los caídos en la calle Harrington, a 35 años de su asesinato.
En la oportunidad, el alcalde Luis Revilla, destacó el significado del Memorial 15 de Enero que se encuentra rodeado por varios árboles, jardineras y paseos y donde los jóvenes respiran vida y tienen un encuentro con la historia, según información de la Comuna.
El 15 de enero de 1981 patrullas de paramilitares de la dictadura de Luis García Mesa irrumpieron en un domicilio de la calle Harrington y asesinaron a ocho miembros de la Dirección Nacional del MIR: Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco.
"Estamos en este hermoso lugar donde se respira vida y paz y no en otro lugar (…) donde más bien está simbolizada la muerte, el autoritarismo y la barbarie de la que fueron víctimas los ocho dirigentes políticos. En este lugar están creciendo ocho arbolitos que representan la vida de los ocho mártires de la democracia", manifestó.
En la oportunidad, el alcalde Luis Revilla, destacó el significado del Memorial 15 de Enero que se encuentra rodeado por varios árboles, jardineras y paseos y donde los jóvenes respiran vida y tienen un encuentro con la historia, según información de la Comuna.
El 15 de enero de 1981 patrullas de paramilitares de la dictadura de Luis García Mesa irrumpieron en un domicilio de la calle Harrington y asesinaron a ocho miembros de la Dirección Nacional del MIR: Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco.
"Estamos en este hermoso lugar donde se respira vida y paz y no en otro lugar (…) donde más bien está simbolizada la muerte, el autoritarismo y la barbarie de la que fueron víctimas los ocho dirigentes políticos. En este lugar están creciendo ocho arbolitos que representan la vida de los ocho mártires de la democracia", manifestó.
viernes, 15 de enero de 2016
El valor de los caídos, a 35 años de la masacre
35 años de la masacre de la calle Harrington en La Paz, ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que murieron a manos de paramilitares son recordados por el valor que tuvieron para resistir y recuperar la democracia.
Óscar Eid Franco, viejo dirigente mirista, rememoró ayer esos hechos en el marco de una serie de hechos violentos y de intolerancia militar que comenzó con el golpe de Estado que protagonizó Luis García Meza el 17 de julio de 1980, seis meses antes de la matanza que fue organizada desde el Ministerio del Interior, en ese entonces controlado por Luis Arce Gómez.
“El 15 de enero no es una fecha aislada, sino que es parte de un conjunto de sacrificios que se dieron para que hoy tengamos democracia; el mejor homenaje que podemos hacer a todos los que ofrendaron sus vidas para que hoy vivamos en democracia”, afirmó Eid a La Razón.
El político sostuvo que Jaime Paz, Antonio Araníbar y él mismo estaban en Lima (Perú). Se habían reunido para buscar apoyo y solidaridad internacional en favor de la resistencia en Bolivia, que ese 15 de enero de 1981 buscaba un escenario de encuentro para recuperar la democracia. De hecho, según Eid, los dirigentes que acudieron a la Harrington, ubicada en el barrio paceño de Sopocachi, se citaron para analizar las medidas económicas adoptadas por el régimen de García Meza.
En ese fatídico día, los dirigentes Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro Mogro, Artemio Camargo Crespo, Arcil Menacho Loayza, Gonzalo Barrón Rendón y Jorge Baldivieso Menacho alistaban una huelga de hambre para protestar contra el gobierno militar. Pero durante la reunión fueron asesinados por un grupo armado.
Solo Gloria Ardaya salvó la vida tras ocultarse bajo una cama, aunque después fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica, relató Óscar Eid. También recordó que días antes, Artemio Camargo retornó a Bolivia desde Lima precisamente para pactar reuniones con dirigentes mineros y organizar la resistencia. “Eso hace que él sea un héroe”, remarcó.
Camargo junto a Navarro y los otros dirigentes asesinados formaban parte de la Dirección Nacional de la Clandestinidad. Cumplían reuniones en diferentes sectores de la ciudad. Martha Llanos viuda de Navarro evocó que su esposo y sus compañeros evaluaban las medidas cuando fueron asesinados. “Gonzalo Barrón logró subir a la parte alta del edificio y gritó que estaban desarmados; y de Gonzalo justo ese día su hijita cumplía su primer año, no se respetó su vida”. García Meza, desde 1995, cumple una condena de 30 años de presidio por las muertes en su dictadura.
Dictadura de García Meza
Poder
Luis García Meza, en colaboración con otros militares, derrocó a la presidenta Lydia Gueiler en julio de 1980 y estableció un gobierno de facto.
Lucha
Los dirigentes políticos que se encontraban en Perú, luego de la masacre de la calle Harrington, regresaron al país de manera paulatina para organizar la resistencia a la dictadura de García Meza e instalar el gobierno democrático en octubre de 1982 encabezado por Hernán Siles Suazo.
Homenajes desde las 10.00
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asofamd), junto a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Alcaldía de La Paz, preparó un acto conmemorativo por los 35 años de la masacre de la calle Harrington, donde murieron ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) acribillados por un grupo de paramilitares.
La secretaria ejecutiva de esta organización, Martha Llanos, explicó que a las 10.00 de hoy se reunirán en el lugar del asesinato, donde colocarán unas velas y flores como un homenaje, además dos familiares de las víctimas de ese entonces darán un discurso. Una vez culminado ese acto se dirigirán hacia el atrio del monoblock, donde a las 11.00 se honrará la memoria de los dirigentes políticos caídos en la dictadura.
El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, afirmó que en el atrio se llevará a cabo el acto central y se presentarán grupos musicales. Luego bajarán al monumento erigido en la Avenida del Poeta, donde el alcalde Luis Revilla brindará un discurso sobre este hecho histórico.
Óscar Eid Franco, viejo dirigente mirista, rememoró ayer esos hechos en el marco de una serie de hechos violentos y de intolerancia militar que comenzó con el golpe de Estado que protagonizó Luis García Meza el 17 de julio de 1980, seis meses antes de la matanza que fue organizada desde el Ministerio del Interior, en ese entonces controlado por Luis Arce Gómez.
“El 15 de enero no es una fecha aislada, sino que es parte de un conjunto de sacrificios que se dieron para que hoy tengamos democracia; el mejor homenaje que podemos hacer a todos los que ofrendaron sus vidas para que hoy vivamos en democracia”, afirmó Eid a La Razón.
El político sostuvo que Jaime Paz, Antonio Araníbar y él mismo estaban en Lima (Perú). Se habían reunido para buscar apoyo y solidaridad internacional en favor de la resistencia en Bolivia, que ese 15 de enero de 1981 buscaba un escenario de encuentro para recuperar la democracia. De hecho, según Eid, los dirigentes que acudieron a la Harrington, ubicada en el barrio paceño de Sopocachi, se citaron para analizar las medidas económicas adoptadas por el régimen de García Meza.
En ese fatídico día, los dirigentes Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro Mogro, Artemio Camargo Crespo, Arcil Menacho Loayza, Gonzalo Barrón Rendón y Jorge Baldivieso Menacho alistaban una huelga de hambre para protestar contra el gobierno militar. Pero durante la reunión fueron asesinados por un grupo armado.
Solo Gloria Ardaya salvó la vida tras ocultarse bajo una cama, aunque después fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica, relató Óscar Eid. También recordó que días antes, Artemio Camargo retornó a Bolivia desde Lima precisamente para pactar reuniones con dirigentes mineros y organizar la resistencia. “Eso hace que él sea un héroe”, remarcó.
Camargo junto a Navarro y los otros dirigentes asesinados formaban parte de la Dirección Nacional de la Clandestinidad. Cumplían reuniones en diferentes sectores de la ciudad. Martha Llanos viuda de Navarro evocó que su esposo y sus compañeros evaluaban las medidas cuando fueron asesinados. “Gonzalo Barrón logró subir a la parte alta del edificio y gritó que estaban desarmados; y de Gonzalo justo ese día su hijita cumplía su primer año, no se respetó su vida”. García Meza, desde 1995, cumple una condena de 30 años de presidio por las muertes en su dictadura.
Dictadura de García Meza
Poder
Luis García Meza, en colaboración con otros militares, derrocó a la presidenta Lydia Gueiler en julio de 1980 y estableció un gobierno de facto.
Lucha
Los dirigentes políticos que se encontraban en Perú, luego de la masacre de la calle Harrington, regresaron al país de manera paulatina para organizar la resistencia a la dictadura de García Meza e instalar el gobierno democrático en octubre de 1982 encabezado por Hernán Siles Suazo.
Homenajes desde las 10.00
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asofamd), junto a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Alcaldía de La Paz, preparó un acto conmemorativo por los 35 años de la masacre de la calle Harrington, donde murieron ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) acribillados por un grupo de paramilitares.
La secretaria ejecutiva de esta organización, Martha Llanos, explicó que a las 10.00 de hoy se reunirán en el lugar del asesinato, donde colocarán unas velas y flores como un homenaje, además dos familiares de las víctimas de ese entonces darán un discurso. Una vez culminado ese acto se dirigirán hacia el atrio del monoblock, donde a las 11.00 se honrará la memoria de los dirigentes políticos caídos en la dictadura.
El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, afirmó que en el atrio se llevará a cabo el acto central y se presentarán grupos musicales. Luego bajarán al monumento erigido en la Avenida del Poeta, donde el alcalde Luis Revilla brindará un discurso sobre este hecho histórico.
35 años de la Masacre de la calle Harrington
A 35 años de la denominada Masacre de la calle Harrington, cuando en 1981, bajo la dictadura de Luis García Meza, fueron asesinados ocho miembros de la Dirección Nacional Clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), hecho que causó indignación en todas las esferas de la sociedad, representó el comienzo del fin de las dictaduras militares en Bolivia.
“A partir de estas muertes, de este asesinato, la dictadura fue aislada, la indignación cundió, la gente se radicalizó y presionó más para que acabe la dictadura de García Meza, que después de eso duro poco”, manifestó Freddy Camacho, militante del MIR durante esos años.
La tarde del 15 de enero de 1981, un grupo de dirigentes del MIR se reunieron en el barrio paceño de Sopocachi para analizar un paquete económico que había lanzado el Gobierno, que determinó el alza de varios productos de la canasta familiar.
El grupo fue delatado y el Ministerio del Interior, dirigido por Arce Gómez, organizó un operativo de aniquilación que culminó con el asesinato de ocho de los nueve dirigentes presentes en la reunión en una casa de la calle Harrington de La Paz.
Los asesinados fueron: Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro Mogro, Artemio Camargo Crespo, Arcil Menacho Loayza, Gonzalo Barrón Rendón y Jorge Baldivieso Menacho. Sólo Gloria Ardaya logró salvar la vida al ocultarse bajo una cama, aunque luego fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica.
“No deja de ser una fecha dolorosa ya que en forma muy trágica perdí a un familiar y a otros siete amigos y políticos honestos, que se atrevieron a reunirse para diseñar algunas estrategias de resistencia a la dictadura a la Luís García Mesa.
Lamentablemente fueron abatidos y después acusados de subversivos armados, lo cual era totalmente falso”, expresó Silvia Barrón, hermana de una de los dirigentes asesinados, Gonzalo Barrón.
El Gobierno realizó ayer un acto en conmemoración a los líderes caídos en época de la dictadura que vivió Bolivia.
Muchos no fueron procesados
Luis García Meza y sus colaboradores fueron juzgados en la Corte Suprema de Justicia por los delitos cometidos durante su dictadura y finalmente sentenciados el 21 de abril de 1993.
Silvia Barrón, hermana de Gonzalo uno de los asesinados, afirma que en gran medida se hizo justicia, pero que no se llegó a procesar a muchos de los responsables de la masacre.
“Los principales responsables como Luís García Meza y Luís Arce Gómez, están presos varios años, pero no todos están presos, los responsables más directos del asesinato prácticamente han desaparecido”,indicó Barrón añadiendo que el juicio fue muy largo y publicitado.
El exministro del Interior, Luis Arce Gómez, está recluido en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro, donde cumple una condena de 30 años por los delitos que cometió durante el régimen dictatorial. De igual manera García Meza fue condenado a 30 años de prisión en la misma cárcel.
“A partir de estas muertes, de este asesinato, la dictadura fue aislada, la indignación cundió, la gente se radicalizó y presionó más para que acabe la dictadura de García Meza, que después de eso duro poco”, manifestó Freddy Camacho, militante del MIR durante esos años.
La tarde del 15 de enero de 1981, un grupo de dirigentes del MIR se reunieron en el barrio paceño de Sopocachi para analizar un paquete económico que había lanzado el Gobierno, que determinó el alza de varios productos de la canasta familiar.
El grupo fue delatado y el Ministerio del Interior, dirigido por Arce Gómez, organizó un operativo de aniquilación que culminó con el asesinato de ocho de los nueve dirigentes presentes en la reunión en una casa de la calle Harrington de La Paz.
Los asesinados fueron: Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro Mogro, Artemio Camargo Crespo, Arcil Menacho Loayza, Gonzalo Barrón Rendón y Jorge Baldivieso Menacho. Sólo Gloria Ardaya logró salvar la vida al ocultarse bajo una cama, aunque luego fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica.
“No deja de ser una fecha dolorosa ya que en forma muy trágica perdí a un familiar y a otros siete amigos y políticos honestos, que se atrevieron a reunirse para diseñar algunas estrategias de resistencia a la dictadura a la Luís García Mesa.
Lamentablemente fueron abatidos y después acusados de subversivos armados, lo cual era totalmente falso”, expresó Silvia Barrón, hermana de una de los dirigentes asesinados, Gonzalo Barrón.
El Gobierno realizó ayer un acto en conmemoración a los líderes caídos en época de la dictadura que vivió Bolivia.
Muchos no fueron procesados
Luis García Meza y sus colaboradores fueron juzgados en la Corte Suprema de Justicia por los delitos cometidos durante su dictadura y finalmente sentenciados el 21 de abril de 1993.
Silvia Barrón, hermana de Gonzalo uno de los asesinados, afirma que en gran medida se hizo justicia, pero que no se llegó a procesar a muchos de los responsables de la masacre.
“Los principales responsables como Luís García Meza y Luís Arce Gómez, están presos varios años, pero no todos están presos, los responsables más directos del asesinato prácticamente han desaparecido”,indicó Barrón añadiendo que el juicio fue muy largo y publicitado.
El exministro del Interior, Luis Arce Gómez, está recluido en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro, donde cumple una condena de 30 años por los delitos que cometió durante el régimen dictatorial. De igual manera García Meza fue condenado a 30 años de prisión en la misma cárcel.
martes, 17 de noviembre de 2015
Solo hay dos juicios por el Plan Cóndor
Nila Heredia siente que está cerca una sentencia por el secuestro y asesinato de su esposo, Luis Stamponi, en 1976. Pero la búsqueda de los restos del que fuera su compañero de lucha y de vida no terminará, aun cuando acabe el juicio que se ventila en Italia y se llegue a una condena por la desaparición de su pareja y de 22 ciudadanos italianos y/o descendientes, muerte que lleva el sello represor del Plan Cóndor.
El proceso que se ventila en Roma es uno de los dos litigios que están en curso por las acciones que asumió esa organización, que operó bajo el amparo de las dictaduras en Sudamérica entre los años 70 y 80. Y el segundo juicio se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, por la aniquilación de 159 personas. De acuerdo con investigaciones independientes, esos crímenes siguieron “recetas” impartidas por los gobernantes de facto de entonces en Chile, Augusto Pinochet Ugarte, y Bolivia, Hugo Banzer Suárez.
Estos dos casos en los que se juzga a más de una treintena de militares de las naciones sudamericanas que fueron parte de esa red, se impulsan al amparo de la denominada Justicia o Jurisdicción Universal, uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley que permite juzgar delitos de lesa humanidad, como el genocidio o la tortura. Bajo esa figura, la Corte de cualquier Estado puede tomar cartas contra individuos que cometieron crímenes en otro territorio.
Ello está vigente desde el siglo XVII, pero dejó de ser aplicada por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No obstante, el juez español Baltasar Garzón la reimpulsó en 1998, con el enjuiciamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet, por la desaparición y tortura de 1.148 personas durante su régimen de terror que se extendió desde 1973 hasta 1990.
Ambos procesos suman 181 víctimas, solo una muestra de los aproximadamente 50.000 crímenes en la región que dejó ese periodo, según el Gobierno boliviano. El juicio en Roma comenzó en febrero de este año y el que se ventila en Buenos Aires data de marzo de 2013, este último está próximo a una sentencia para finales de este año o comienzos del siguiente, coinciden Luz Palmás, coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es parte querellante en el caso, y el fiscal de Derechos Humanos de Argentina, Pablo Ouviña.
Es algo histórico. Se asoma una condena por las acciones asumidas por el Plan u Operación Cóndor, 40 años después de su nacimiento, el 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile.
En esa fecha se reunieron los jefes de Inteligencia de los gobiernos de Chile, coronel Manuel Contreras Sepúlveda; de Bolivia, mayor Carlos Mena; de Argentina, capitán Jorge Casas; de Paraguay, coronel Benito Guanes, y de Uruguay, coronel José Fons.
Todos actuaron por encargo de los dictadores Augusto Pinochet, Hugo Banzer (1971-1978); Jorge Rafael Videla (1976-1981); Alfredo Stroessner (1954-1989) y Juan María Bordaberry (1973-1976), respectivamente. A ellos se sumaron los regímenes de Brasil, Perú y Ecuador, que facilitaron datos de los perseguidos. Este último se adhirió al final, de acuerdo con documentos desclasificados, dijo el actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Las naciones fundadoras acordaron el intercambio de información sobre los detractores a estos gobiernos de facto, pero también “la formación de una oficina coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión”.
El legajo de constitución devela que el Plan fue llamado Cóndor a sugerencia de Uruguay, en “homenaje” al país anfitrión de la cita de noviembre, Chile, porque es su ave símbolo (leer Acta de Fundación en la siguiente página).
Hasta los años 90 no se tenía pruebas de que ésta fuera una organización transnacional, pero la historia cambió en 1992 cuando Martín Almada, un exmilitar de izquierda, detenido y torturado durante el régimen de Stroessner descubrió unos archivos en un edificio de la Policía, cerca de Asunción, que demuestran que esa estructura fue concertada por los gobiernos de facto enunciados en contra de opositores de la época. Los papeles fueron bautizados como “Archivos del Terror” y son unas 700.000 páginas. Entre los legajos se halló el acta de la reunión realizada en Santiago.
Casos. Precisamente Paraguay fue el centro de coordinación de la red, recuerda Juan José Torres, hijo del expresidente boliviano del mismo nombre que fue víctima de esa organización en 1976, en Buenos Aires.
Almada, director de la Fundación Celestina Pérez de Almada y uno de los principales investigadores sobre el Plan Cóndor, considera que si bien esa corporación formalizó sus actividades en 1975, estuvo actuando desde los años 60 cuando fue derrocado el mandatario de facto brasileño João Goulart, quien luego falleció en el exilio en Argentina, en 1976. Las circunstancias de su muerte todavía son un misterio.
Antes del nacimiento de la organización criminal, añade Heredia, quien fue secuestrada el 2 de abril de 1976 y permaneció detenida hasta 1978, los gobiernos castrenses ya intercambiaban información, pero a partir de fines de 1975 pasaron a la acción. A cuatro décadas de la génesis de esos hechos, una decena de víctimas, familiares, expertos y autoridades de Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, entrevistadas por Informe La Razón, afirman que ésta fue una red que operó bilateral y multilateralmente.
“Los gobiernos del Cono Sur —todos de carrera militar o controlada— debían, según memorandos desclasificados, coordinar en adelante sus actividades ‘anti-subversivas’, bajo la dirección de la policía secreta de Chile y su director, Manuel Contreras. Las fuerzas de seguridad compartirían información para realizar operaciones combinadas entre sí contra presuntos subversivos e incluso actuar fuera de la región para eliminar opositores”, refiere el texto El efecto Pinochet, editado por Human Rights.
El libro del periodista y escritor argentino Martín Sivak, El dictador elegido, menciona que “un documento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), en manos de la Justicia española, indica que ‘Chile es el centro de la Operación Cóndor y sus miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay’. Cuando se refiere a miembro habla del gobierno, no particulares”.
Y, según ese mismo escrito, un legajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 16 de agosto de 1976, devela “asesinatos planificados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor”.
Juan José Torres remarca que esa corporación actuó contra organizaciones y personalidades que representaban intereses populares y que tenían perspectivas políticas en la apertura democrática que ya se preveía. El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, postula que el Plan Cóndor, que nació en la época de la Guerra Fría, fue forjada para aplacar cualquier visión que fuera considerada subversiva o comunista.
¿Y cuál fue el modus operandi? En las investigaciones previas al juicio en Buenos Aires, indica el fiscal argentino Ouviña, se comprobó que cuando una dictadura quería perseguir a alguien fuera de sus fronteras y secuestrarla, torturarla y desaparecerla, coordinaba la captura con el país donde el “objetivo” se encontraba, y las fronteras también se abrieron para interrogatorios.
En las pesquisas se determinó que este grupo actuó en dos niveles. En el primero, cada nación creó una entidad, a través de la cual intercambiaban datos; en esa tarea, por ejemplo, se capacitó a encriptadores y desencriptadores de mensajes secretos. En el otro se instalaron estructuras para aplicar la represión dentro de los Estados.
Así, cada régimen coordinaba con el otro para cometer secuestros, realizar interrogatorios bajo tormentos, detenciones ilegales y asesinatos. “Fue una asociación criminal que creó un marco que facilitó la organización entre esas estructuras de poder”.
Ouviña complementa que antes de la creación de la Operación Cóndor, los gobiernos de facto armonizaban operativos en casos puntuales, pero las fronteras limitaban su accionar. Todo cambió con el Plan, ya que la represión fue coordinada de manera sistemática. El fiscal y la coordinadora Palmás coinciden en que las cabezas de esta estructura fueron Pinochet, Banzer, Videla, Stroessner y Bordaberry.
Pero Almada tiene otra tesis. Asevera que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, encabezó la constitución de este organismo, y Pinochet y Banzer fueron las dos patas con las que se sostuvo, bajo la doctrina estadounidense de seguridad nacional que fue inculcada en la Escuela de las Américas (leer notas de las páginas 10 a la 13).
Postula que el uniformado chileno se encargó de armar la estrategia para “limpiar” de subversivos al Estado y las sociedades civil y política, y su colega boliviano montó las maniobras para purificar la Iglesia Católica de comunistas.
Recetas. Ambos establecieron una serie de procedimientos para secuestrar, torturar y aniquilar a detractores, lo que Almada denomina “recetas”, que fueron replicadas por las dictaduras de los otros países que fueron parte de este organigrama. En el caso de Banzer, la fórmula para cometer secuestros disponía, por ejemplo, llegar al lugar señalado a altas horas de la noche, en un auto sin matrícula, con radio. Especificaba que se debía sembrar pruebas: armas y panfletos sobre la revolución. “Lo que hizo Banzer fue una receta para militares de Bolivia, pero que se cumplió en toda América Latina”.
Sin embargo, no fue la única orden. En los “Archivos del Terror” hay documentos que disponen los pasos para mantener vivos a los torturados, otros referidos a técnicas de represión. Según Almada, los organismos de Inteligencia castrense de esas naciones se reunían cada año para dar instrucciones. “Se reunían y daban recetas para proceder”. Aparte, si bien las dos patas del Plan Cóndor fueron Pinochet y Banzer, se habla solo del primero porque éste “quería aparecer como el que salvó a la civilización cristiana del comunismo”. Y precisamente una de las cuentas pendientes del modus operandi de esta corporación es saber cuántos miembros de la Iglesia fueron ejecutados. Para ello, el exmilitar paraguayo considera necesario que el Vaticano desclasifique sus documentos secretos.
“Aún queda pendiente esa sed de justicia en todos los países del Cono Sur, menos en Argentina, que es el único que dio el salto adelante llevando la lucha contra la impunidad y que lidera el movimiento antiimpunidad, castigando a quienes han hecho el terrorismo de Estado”, plantea Almada. Mientras que el fiscal Ouviña coincide en que un punto irresuelto es el enjuiciamiento de “todas las personas responsables por Cóndor que no están dentro de este juicio (refiriéndose al proceso que se ventila en Buenos Aires)”.
Este caso es el primero en el que se habla del Plan Cóndor como una asociación ilícita, afirma Luz Palmás. “Y es la primera vez que en América Latina hay un juicio en el que se está discutiendo un amplio espectro de víctimas, de casi todas las nacionalidades”. De acuerdo con la querella, la mayoría de los 159 desaparecidos son uruguayos, y hay peruanos, chilenos, paraguayos y bolivianos. Las denuncias datan de 1999.
La coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que se probó que esta alianza utilizó los denominados “binomios represivos”. Así, por ejemplo, la dictadura de Argentina coordinó con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Bolivia para castigar a sus perseguidos.
Ouviña precisa que la querella comenzó con la denuncia por la desaparición de 174 víctimas, pero se determinó que 159 fueron mártires del Plan Cóndor. Además, en el camino se supo que hay otros 51 casos de desaparecidos que no son objeto del juicio, pero que pueden dar lugar a otro proceso.
El fiscal añade que desde 1999, cuando empezó la averiguación, se acumuló “gran cantidad de documentación” proveniente de archivos de diferentes países, pero también registros desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y se recolectó pruebas testimoniales de quienes fueron torturados.
Actualmente, 16 personas son enjuiciadas. Palmás recuerda que todo comenzó con la acusación a las principales cabezas de esa red, es decir, Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner y Bordaberry. Eso sí, igualmente fueron incluidos dictadores que prosiguieron esa política como el boliviano Juan Pereda Asbún (1978), el uruguayo Aparicio Méndez (1976-1981) y los brasileños Ernesto Geisel (1974-1979) y João Baptista Figueiredo (1979-1985).
En su momento se solicitó la extradición de Pinochet, Banzer y Stroessner, pero no prosperó. Y el proceso penal avanzó hacia otros 15 mandos de las Fuerzas Armadas argentinas y de un militar uruguayo, quien fue reclamado en Brasil. Se prevé una sentencia para finales de este año o comienzos del próximo. Y si bien las cabezas de esta corporación no podrán purgar pena porque fallecieron, tanto Palmás como Ouviña creen que será el precedente para que se inicien otros litigios similares.
Hay más. Se espera que un segundo dictamen sea emitido en Italia, aunque todavía no hay fecha. Desde febrero de este año se juzga a 32 integrantes de las Juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1) por la desaparición de 23 ciudadanos y descendientes italianos que fueron atrapados por el Plan Cóndor.
El juicio fue instaurado en el Tribunal de Roma y participan como parte civil la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) de Bolivia, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) y el Partido Comunista chileno.
La boliviana Heredia es parte querellante de este caso por la desaparición del argentino-italiano Stamponi, quien fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este proceso igualmente se indaga la desaparición de la madre de su pareja, Mafalda Corinaldeci, quien lo buscaba y nunca retornó a su tierra natal, Italia.
Juicio. El compañero de vida y de lucha de la también exministra cayó preso el 29 de septiembre de 1976 en la localidad potosina de Llallagua. Se sabe que el 13 de octubre, tras ser interrogado y torturado, fue entregado a las autoridades del gobierno de facto del argentino Videla, quienes lo llevaron al centro de detención Automotores Orletti de Buenos Aires, de donde desapareció, según el relato de María Victoria Fernández, quien fue detenida junto a él.
Entre los 33 enjuiciados están el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, además del fallecido exrepresor Juan Pereda Asbún (1978). En 1993, los dos primeros fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por acciones asumidas en el marco de la dictadura.
Heredia dice que el camino para llegar a un fallo en Italia está expedito. Aclara que una condena contra los exmilitares bolivianos tendrá carácter político, pues no fueron ellos los directos responsables de la desaparición y asesinato de Stamponi, y de otros italianos.
En la otra vereda, el abogado de García Meza, Frank Campero, indica que su cliente aún no fue notificado vía Cancillería con este proceso y tampoco recibió una respuesta de la Embajada de Italia para que se le haga conocer la imputación.
Para éste, la notificación que realizó Asofamd en el Hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), en marzo, no tiene ningún efecto legal. Asimismo, asegura que su defendido no tiene ninguna responsabilidad porque el accionar del Plan Cóndor terminó con Banzer.
Los avances del litigio que se ventila en Buenos Aires son destacados por Heredia, porque una sentencia condenatoria será “una llamada de atención y un precedente feroz” para que en países de la región se inicien juicios similares. Lamenta que hasta la fecha el Estado boliviano no procese a ninguno de los responsables del Plan Cóndor, tal como lo hacen las autoridades italianas.
El viceministro Jiménez considera que el Ministerio Público es el que debe investigar, incluso de oficio, hechos de esta naturaleza, más todavía si se identifica a un perpetrador o si se aportan nuevos elementos. Mientras que en Argentina, Palmás y Ouviña albergan la esperanza de que los avances logrados por su nación en materia de judicialización de los delitos de lesa humanidad sean un motor para otras causas.
El exmilitar Almada explica que para activar procesos en los otros países que conformaron el Plan Cóndor, se puede aplicar el principio de Jurisdicción o Justicia Universal. “Como paraguayos podemos ir a pedir a la Justicia boliviana que inicie procesos por los hechos acaecidos en nuestro país”. Con ese criterio comulga Heredia.
Y en esa búsqueda de verdad y justicia por los crímenes acaecidos durante la vigencia de esta red transnacional, Bolivia es el único Estado que no conformó una Comisión de la Verdad. La exministra de Salud señala que todas las naciones que integraron esta organización armaron sus comisiones con distintas modalidades, y Argentina es la que consiguió más avances.
Jiménez replica que si bien ese tipo de juntas intentan recuperar la memoria de lo ocurrido en ese oscuro periodo de la historia, que no se haya constituido una entidad de ese tipo en Bolivia no implica que no se hizo nada. Rememora que se conformó la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política, la Comisión Técnica de Calificación y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
Considera que la creación de Comisiones de la Verdad en otros países no quiere decir “que hayan tenido resultados que incidan, por ejemplo, en transformaciones profundas, es decir, alcanzar el objetivo de mucha de esa gente que ha luchado y caído luchando en dictadura”.
No comparte su visión Heredia, quien sostiene que es importante la constitución de una entidad de esa índole porque permitirá esclarecer lo ocurrido en las dictaduras y que se haga una reparación integral a las víctimas.
Precisamente con esa finalidad Asofamd presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, por la necesidad de esclarecer casos como el asesinato del expresidente Torres. A finales de los años 90, la familia de este uniformado emprendió una demanda en Buenos Aires, pero se paralizó porque, asevera su hijo Juan José, no hubo apoyo del Estado.
Irresueltos. Y en la región hay otros crímenes emblemáticos que tienen relación con el Plan Cóndor. Es el caso del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. Un coche-bomba acabó con su vida y la de su asistente, la estadounidense Ronni Moffit, en 1976.
Fue el primer personaje connotado víctima de esa corporación en el plano transnacional. Su hijo, Juan Pablo, recibió recientemente las pruebas de que Pinochet ordenó esa ejecución.
Se trata de archivos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Él indica que en Chile se llevó adelante un juicio por este hecho y que la sentencia fue parcial porque nunca se probó que el dictador ordenó esta ejecución.
Ahora, un grupo de abogados analiza la posibilidad de abrir un juicio bajo el precepto de Justicia Universal. También utilizar los legajos de pruebas para reactivar el proceso por el asesinato de Moffit. Otros casos irresueltos son el crimen contra Héctor Gutiérrez, expresidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, y de Zelmar Michelini, exministro de Educación de esa nación, en 1976.
Y la lista se engrosa hasta llegar a las 50.000 víctimas anónimas (Telesur informa que son al menos 42.161), cientos de ellas arrojadas al mar, a lagos o ríos en los “vuelos de la muerte”, una técnica utilizada por fuerzas francesas en la guerra de Argelia (1950 y 1960).
El proceso que se ventila en Roma es uno de los dos litigios que están en curso por las acciones que asumió esa organización, que operó bajo el amparo de las dictaduras en Sudamérica entre los años 70 y 80. Y el segundo juicio se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, por la aniquilación de 159 personas. De acuerdo con investigaciones independientes, esos crímenes siguieron “recetas” impartidas por los gobernantes de facto de entonces en Chile, Augusto Pinochet Ugarte, y Bolivia, Hugo Banzer Suárez.
Estos dos casos en los que se juzga a más de una treintena de militares de las naciones sudamericanas que fueron parte de esa red, se impulsan al amparo de la denominada Justicia o Jurisdicción Universal, uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley que permite juzgar delitos de lesa humanidad, como el genocidio o la tortura. Bajo esa figura, la Corte de cualquier Estado puede tomar cartas contra individuos que cometieron crímenes en otro territorio.
Ello está vigente desde el siglo XVII, pero dejó de ser aplicada por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No obstante, el juez español Baltasar Garzón la reimpulsó en 1998, con el enjuiciamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet, por la desaparición y tortura de 1.148 personas durante su régimen de terror que se extendió desde 1973 hasta 1990.
Ambos procesos suman 181 víctimas, solo una muestra de los aproximadamente 50.000 crímenes en la región que dejó ese periodo, según el Gobierno boliviano. El juicio en Roma comenzó en febrero de este año y el que se ventila en Buenos Aires data de marzo de 2013, este último está próximo a una sentencia para finales de este año o comienzos del siguiente, coinciden Luz Palmás, coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es parte querellante en el caso, y el fiscal de Derechos Humanos de Argentina, Pablo Ouviña.
Es algo histórico. Se asoma una condena por las acciones asumidas por el Plan u Operación Cóndor, 40 años después de su nacimiento, el 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile.
En esa fecha se reunieron los jefes de Inteligencia de los gobiernos de Chile, coronel Manuel Contreras Sepúlveda; de Bolivia, mayor Carlos Mena; de Argentina, capitán Jorge Casas; de Paraguay, coronel Benito Guanes, y de Uruguay, coronel José Fons.
Todos actuaron por encargo de los dictadores Augusto Pinochet, Hugo Banzer (1971-1978); Jorge Rafael Videla (1976-1981); Alfredo Stroessner (1954-1989) y Juan María Bordaberry (1973-1976), respectivamente. A ellos se sumaron los regímenes de Brasil, Perú y Ecuador, que facilitaron datos de los perseguidos. Este último se adhirió al final, de acuerdo con documentos desclasificados, dijo el actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Las naciones fundadoras acordaron el intercambio de información sobre los detractores a estos gobiernos de facto, pero también “la formación de una oficina coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión”.
El legajo de constitución devela que el Plan fue llamado Cóndor a sugerencia de Uruguay, en “homenaje” al país anfitrión de la cita de noviembre, Chile, porque es su ave símbolo (leer Acta de Fundación en la siguiente página).
Hasta los años 90 no se tenía pruebas de que ésta fuera una organización transnacional, pero la historia cambió en 1992 cuando Martín Almada, un exmilitar de izquierda, detenido y torturado durante el régimen de Stroessner descubrió unos archivos en un edificio de la Policía, cerca de Asunción, que demuestran que esa estructura fue concertada por los gobiernos de facto enunciados en contra de opositores de la época. Los papeles fueron bautizados como “Archivos del Terror” y son unas 700.000 páginas. Entre los legajos se halló el acta de la reunión realizada en Santiago.
Casos. Precisamente Paraguay fue el centro de coordinación de la red, recuerda Juan José Torres, hijo del expresidente boliviano del mismo nombre que fue víctima de esa organización en 1976, en Buenos Aires.
Almada, director de la Fundación Celestina Pérez de Almada y uno de los principales investigadores sobre el Plan Cóndor, considera que si bien esa corporación formalizó sus actividades en 1975, estuvo actuando desde los años 60 cuando fue derrocado el mandatario de facto brasileño João Goulart, quien luego falleció en el exilio en Argentina, en 1976. Las circunstancias de su muerte todavía son un misterio.
Antes del nacimiento de la organización criminal, añade Heredia, quien fue secuestrada el 2 de abril de 1976 y permaneció detenida hasta 1978, los gobiernos castrenses ya intercambiaban información, pero a partir de fines de 1975 pasaron a la acción. A cuatro décadas de la génesis de esos hechos, una decena de víctimas, familiares, expertos y autoridades de Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, entrevistadas por Informe La Razón, afirman que ésta fue una red que operó bilateral y multilateralmente.
“Los gobiernos del Cono Sur —todos de carrera militar o controlada— debían, según memorandos desclasificados, coordinar en adelante sus actividades ‘anti-subversivas’, bajo la dirección de la policía secreta de Chile y su director, Manuel Contreras. Las fuerzas de seguridad compartirían información para realizar operaciones combinadas entre sí contra presuntos subversivos e incluso actuar fuera de la región para eliminar opositores”, refiere el texto El efecto Pinochet, editado por Human Rights.
El libro del periodista y escritor argentino Martín Sivak, El dictador elegido, menciona que “un documento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), en manos de la Justicia española, indica que ‘Chile es el centro de la Operación Cóndor y sus miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay’. Cuando se refiere a miembro habla del gobierno, no particulares”.
Y, según ese mismo escrito, un legajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 16 de agosto de 1976, devela “asesinatos planificados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor”.
Juan José Torres remarca que esa corporación actuó contra organizaciones y personalidades que representaban intereses populares y que tenían perspectivas políticas en la apertura democrática que ya se preveía. El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, postula que el Plan Cóndor, que nació en la época de la Guerra Fría, fue forjada para aplacar cualquier visión que fuera considerada subversiva o comunista.
¿Y cuál fue el modus operandi? En las investigaciones previas al juicio en Buenos Aires, indica el fiscal argentino Ouviña, se comprobó que cuando una dictadura quería perseguir a alguien fuera de sus fronteras y secuestrarla, torturarla y desaparecerla, coordinaba la captura con el país donde el “objetivo” se encontraba, y las fronteras también se abrieron para interrogatorios.
En las pesquisas se determinó que este grupo actuó en dos niveles. En el primero, cada nación creó una entidad, a través de la cual intercambiaban datos; en esa tarea, por ejemplo, se capacitó a encriptadores y desencriptadores de mensajes secretos. En el otro se instalaron estructuras para aplicar la represión dentro de los Estados.
Así, cada régimen coordinaba con el otro para cometer secuestros, realizar interrogatorios bajo tormentos, detenciones ilegales y asesinatos. “Fue una asociación criminal que creó un marco que facilitó la organización entre esas estructuras de poder”.
Ouviña complementa que antes de la creación de la Operación Cóndor, los gobiernos de facto armonizaban operativos en casos puntuales, pero las fronteras limitaban su accionar. Todo cambió con el Plan, ya que la represión fue coordinada de manera sistemática. El fiscal y la coordinadora Palmás coinciden en que las cabezas de esta estructura fueron Pinochet, Banzer, Videla, Stroessner y Bordaberry.
Pero Almada tiene otra tesis. Asevera que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, encabezó la constitución de este organismo, y Pinochet y Banzer fueron las dos patas con las que se sostuvo, bajo la doctrina estadounidense de seguridad nacional que fue inculcada en la Escuela de las Américas (leer notas de las páginas 10 a la 13).
Postula que el uniformado chileno se encargó de armar la estrategia para “limpiar” de subversivos al Estado y las sociedades civil y política, y su colega boliviano montó las maniobras para purificar la Iglesia Católica de comunistas.
Recetas. Ambos establecieron una serie de procedimientos para secuestrar, torturar y aniquilar a detractores, lo que Almada denomina “recetas”, que fueron replicadas por las dictaduras de los otros países que fueron parte de este organigrama. En el caso de Banzer, la fórmula para cometer secuestros disponía, por ejemplo, llegar al lugar señalado a altas horas de la noche, en un auto sin matrícula, con radio. Especificaba que se debía sembrar pruebas: armas y panfletos sobre la revolución. “Lo que hizo Banzer fue una receta para militares de Bolivia, pero que se cumplió en toda América Latina”.
Sin embargo, no fue la única orden. En los “Archivos del Terror” hay documentos que disponen los pasos para mantener vivos a los torturados, otros referidos a técnicas de represión. Según Almada, los organismos de Inteligencia castrense de esas naciones se reunían cada año para dar instrucciones. “Se reunían y daban recetas para proceder”. Aparte, si bien las dos patas del Plan Cóndor fueron Pinochet y Banzer, se habla solo del primero porque éste “quería aparecer como el que salvó a la civilización cristiana del comunismo”. Y precisamente una de las cuentas pendientes del modus operandi de esta corporación es saber cuántos miembros de la Iglesia fueron ejecutados. Para ello, el exmilitar paraguayo considera necesario que el Vaticano desclasifique sus documentos secretos.
“Aún queda pendiente esa sed de justicia en todos los países del Cono Sur, menos en Argentina, que es el único que dio el salto adelante llevando la lucha contra la impunidad y que lidera el movimiento antiimpunidad, castigando a quienes han hecho el terrorismo de Estado”, plantea Almada. Mientras que el fiscal Ouviña coincide en que un punto irresuelto es el enjuiciamiento de “todas las personas responsables por Cóndor que no están dentro de este juicio (refiriéndose al proceso que se ventila en Buenos Aires)”.
Este caso es el primero en el que se habla del Plan Cóndor como una asociación ilícita, afirma Luz Palmás. “Y es la primera vez que en América Latina hay un juicio en el que se está discutiendo un amplio espectro de víctimas, de casi todas las nacionalidades”. De acuerdo con la querella, la mayoría de los 159 desaparecidos son uruguayos, y hay peruanos, chilenos, paraguayos y bolivianos. Las denuncias datan de 1999.
La coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que se probó que esta alianza utilizó los denominados “binomios represivos”. Así, por ejemplo, la dictadura de Argentina coordinó con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Bolivia para castigar a sus perseguidos.
Ouviña precisa que la querella comenzó con la denuncia por la desaparición de 174 víctimas, pero se determinó que 159 fueron mártires del Plan Cóndor. Además, en el camino se supo que hay otros 51 casos de desaparecidos que no son objeto del juicio, pero que pueden dar lugar a otro proceso.
El fiscal añade que desde 1999, cuando empezó la averiguación, se acumuló “gran cantidad de documentación” proveniente de archivos de diferentes países, pero también registros desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y se recolectó pruebas testimoniales de quienes fueron torturados.
Actualmente, 16 personas son enjuiciadas. Palmás recuerda que todo comenzó con la acusación a las principales cabezas de esa red, es decir, Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner y Bordaberry. Eso sí, igualmente fueron incluidos dictadores que prosiguieron esa política como el boliviano Juan Pereda Asbún (1978), el uruguayo Aparicio Méndez (1976-1981) y los brasileños Ernesto Geisel (1974-1979) y João Baptista Figueiredo (1979-1985).
En su momento se solicitó la extradición de Pinochet, Banzer y Stroessner, pero no prosperó. Y el proceso penal avanzó hacia otros 15 mandos de las Fuerzas Armadas argentinas y de un militar uruguayo, quien fue reclamado en Brasil. Se prevé una sentencia para finales de este año o comienzos del próximo. Y si bien las cabezas de esta corporación no podrán purgar pena porque fallecieron, tanto Palmás como Ouviña creen que será el precedente para que se inicien otros litigios similares.
Hay más. Se espera que un segundo dictamen sea emitido en Italia, aunque todavía no hay fecha. Desde febrero de este año se juzga a 32 integrantes de las Juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1) por la desaparición de 23 ciudadanos y descendientes italianos que fueron atrapados por el Plan Cóndor.
El juicio fue instaurado en el Tribunal de Roma y participan como parte civil la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) de Bolivia, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) y el Partido Comunista chileno.
La boliviana Heredia es parte querellante de este caso por la desaparición del argentino-italiano Stamponi, quien fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este proceso igualmente se indaga la desaparición de la madre de su pareja, Mafalda Corinaldeci, quien lo buscaba y nunca retornó a su tierra natal, Italia.
Juicio. El compañero de vida y de lucha de la también exministra cayó preso el 29 de septiembre de 1976 en la localidad potosina de Llallagua. Se sabe que el 13 de octubre, tras ser interrogado y torturado, fue entregado a las autoridades del gobierno de facto del argentino Videla, quienes lo llevaron al centro de detención Automotores Orletti de Buenos Aires, de donde desapareció, según el relato de María Victoria Fernández, quien fue detenida junto a él.
Entre los 33 enjuiciados están el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, además del fallecido exrepresor Juan Pereda Asbún (1978). En 1993, los dos primeros fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por acciones asumidas en el marco de la dictadura.
Heredia dice que el camino para llegar a un fallo en Italia está expedito. Aclara que una condena contra los exmilitares bolivianos tendrá carácter político, pues no fueron ellos los directos responsables de la desaparición y asesinato de Stamponi, y de otros italianos.
En la otra vereda, el abogado de García Meza, Frank Campero, indica que su cliente aún no fue notificado vía Cancillería con este proceso y tampoco recibió una respuesta de la Embajada de Italia para que se le haga conocer la imputación.
Para éste, la notificación que realizó Asofamd en el Hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), en marzo, no tiene ningún efecto legal. Asimismo, asegura que su defendido no tiene ninguna responsabilidad porque el accionar del Plan Cóndor terminó con Banzer.
Los avances del litigio que se ventila en Buenos Aires son destacados por Heredia, porque una sentencia condenatoria será “una llamada de atención y un precedente feroz” para que en países de la región se inicien juicios similares. Lamenta que hasta la fecha el Estado boliviano no procese a ninguno de los responsables del Plan Cóndor, tal como lo hacen las autoridades italianas.
El viceministro Jiménez considera que el Ministerio Público es el que debe investigar, incluso de oficio, hechos de esta naturaleza, más todavía si se identifica a un perpetrador o si se aportan nuevos elementos. Mientras que en Argentina, Palmás y Ouviña albergan la esperanza de que los avances logrados por su nación en materia de judicialización de los delitos de lesa humanidad sean un motor para otras causas.
El exmilitar Almada explica que para activar procesos en los otros países que conformaron el Plan Cóndor, se puede aplicar el principio de Jurisdicción o Justicia Universal. “Como paraguayos podemos ir a pedir a la Justicia boliviana que inicie procesos por los hechos acaecidos en nuestro país”. Con ese criterio comulga Heredia.
Y en esa búsqueda de verdad y justicia por los crímenes acaecidos durante la vigencia de esta red transnacional, Bolivia es el único Estado que no conformó una Comisión de la Verdad. La exministra de Salud señala que todas las naciones que integraron esta organización armaron sus comisiones con distintas modalidades, y Argentina es la que consiguió más avances.
Jiménez replica que si bien ese tipo de juntas intentan recuperar la memoria de lo ocurrido en ese oscuro periodo de la historia, que no se haya constituido una entidad de ese tipo en Bolivia no implica que no se hizo nada. Rememora que se conformó la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política, la Comisión Técnica de Calificación y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
Considera que la creación de Comisiones de la Verdad en otros países no quiere decir “que hayan tenido resultados que incidan, por ejemplo, en transformaciones profundas, es decir, alcanzar el objetivo de mucha de esa gente que ha luchado y caído luchando en dictadura”.
No comparte su visión Heredia, quien sostiene que es importante la constitución de una entidad de esa índole porque permitirá esclarecer lo ocurrido en las dictaduras y que se haga una reparación integral a las víctimas.
Precisamente con esa finalidad Asofamd presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, por la necesidad de esclarecer casos como el asesinato del expresidente Torres. A finales de los años 90, la familia de este uniformado emprendió una demanda en Buenos Aires, pero se paralizó porque, asevera su hijo Juan José, no hubo apoyo del Estado.
Irresueltos. Y en la región hay otros crímenes emblemáticos que tienen relación con el Plan Cóndor. Es el caso del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. Un coche-bomba acabó con su vida y la de su asistente, la estadounidense Ronni Moffit, en 1976.
Fue el primer personaje connotado víctima de esa corporación en el plano transnacional. Su hijo, Juan Pablo, recibió recientemente las pruebas de que Pinochet ordenó esa ejecución.
Se trata de archivos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Él indica que en Chile se llevó adelante un juicio por este hecho y que la sentencia fue parcial porque nunca se probó que el dictador ordenó esta ejecución.
Ahora, un grupo de abogados analiza la posibilidad de abrir un juicio bajo el precepto de Justicia Universal. También utilizar los legajos de pruebas para reactivar el proceso por el asesinato de Moffit. Otros casos irresueltos son el crimen contra Héctor Gutiérrez, expresidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, y de Zelmar Michelini, exministro de Educación de esa nación, en 1976.
Y la lista se engrosa hasta llegar a las 50.000 víctimas anónimas (Telesur informa que son al menos 42.161), cientos de ellas arrojadas al mar, a lagos o ríos en los “vuelos de la muerte”, una técnica utilizada por fuerzas francesas en la guerra de Argelia (1950 y 1960).
domingo, 23 de agosto de 2015
Agosto del 71, la administración militar del país
El gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, como todo en esta vida, fue parte de un contexto mayor, de un proceso o ciclo histórico de Bolivia. Se trata de los 18 años (con tres breves gobiernos constitucionales, de Luis Adolfo Siles Salinas, Wálter Guevara y Lidia Gueiler) del llamado “poder militar”, la administración castrense del Estado, con sus luces y sombras, sus contradicciones, miserias y grandezas.
Un proceso que empezó con René Barrientos Ortuño en 1964, continuó con Alfredo Ovando Candia (tras un breve gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas) entre el 69 y 70; Juan José Torres, entre el 70 y el 71; Hugo Banzer Suárez, del 71 al 78 (el periodo más prolongado); Juan Pereda Asbún, el 78; David Padilla Arancibia el 78 y 79; Alberto Natusch Busch, el 79 (que derrocó al gobierno transitorio de Wálter Guevara Arce); Luis García Meza, el 80 y 81 (que dio el golpe de Estado a la presidenta Lidia Gueiler); Celso Torrelio Villa, el 81 y 82; y, Guido Vildoso, quien cerró el ciclo, durante 1982. Un total de diez presidentes militares, de los que, sin duda, destaca Banzer Suárez, por el tiempo que estuvo en el poder (siete años).
Como parte del “Estado del 52”, se puede decir, todos son “nacionalistas revolucionarios”, hijos, buenos y malos, hacia la izquierda y hacia la derecha, de ese proceso mayor; y es que, como precisó Luis H. Antezana a principios de los años 80: “El nacionalismo revolucionario es una intersección ideológica que, bajo los avatares del ejercicio del poder, se ocupa necesaria y permanentemente; es decir, el ámbito ideológico nacionalismo revolucionario precede, en cierta forma, al ejercicio del poder. Quien ‘toma’ el poder —legalmente o de facto— utiliza, marcando la ‘izquierda’ o la ‘derecha’ o proponiendo un posible ‘centro’, este ámbito ideológico”. (Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979), en Bolivia Hoy, René Zavaleta M. (compilador), 1983, Siglo XXI Editores, México).
Ciclo de tendencias. Como recuerda la historiadora Magdalena Cajías: a mediados de los 60, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas, mientras Ovando representaba a la línea institucionalista, más nacionalista, Barrientos encabezaba la corriente conservadora o de extrema derecha. (Poder militar y retorno de la democracia, 1964-1982, en Bolivia, su historia. Tomo VI, Coordinadora de la Historia, La Razón).
Barrientos, pese a estar en la línea de la Doctrina de la Seguridad Nacional, no dejó de tener sus “tintes populistas” y hasta una base social importante, con el Pacto Militar-Campesino; siguió manejándose entre dejar actuar a las transnacionales y mantener un cierto capitalismo de Estado; reprimir duramente al movimiento obrero, especialmente minero, y a la vez favorecer intereses de distintos sectores de las clases medias; entregando tierras a los campesinos en los valles y altiplano e impulsando el crecimiento de nuevos latifundistas en las tierras bajas, especialmente en Santa Cruz, destaca la historiadora.
“La destrucción del proyecto de Barrientos empezó, empero, señala Zavaleta Mercado (Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia) con la discusión acerca de las materias primas, en una táctica que fue propuesta a la izquierda por Sergio Almaraz (…) el debate se localizó en torno a la cuestión del gas, aparte de los hidrocarburos líquidos”. Esto, dice, “penetró profundamente en el ejército”, lo que, luego de la muerte de Barrientos en un accidente aéreo en abril de 1969, resultó en la emergencia de los militares nacionalistas, más hacia la izquierda: Ovando primero, Torres después.
Si algo distingue a Ovando —recuerda Cajías— fue la derogatoria del Código del Petróleo (Davenport) y, como corolario, la nacionalización de la Gulf Oil Company, en octubre de 1969, impulsada por quien luego también marcará la historia política del país: Marcelo Quiroga Santa Cruz; aunque en justicia, apunta la historiadora, hay que decir que dicha medida fue resultado de meses de presión de sectores populares, universidades y otros intelectuales, como Sergio Almaraz, René Zavaleta y Mario Miranda.
El gobierno de Juan José Torres, el antecedente inmediato de Banzer, principalmente se distinguió por lo que Zavaleta llamó la existencia del “poder dual”: el funcionamiento de la Asamblea Popular, el momento cúspide de la radicalización de la izquierda de entonces.
Así, propone el exdiputado Carlos Böhrt, la Asamblea hay que verla como la acumulación política de los sectores populares, que viene desde toda la década de los 60, y que tuvo que ver sobre todo con la división en el MNR y su salida de este partido de su ala izquierda, representada entonces por Juan Lechín y Ñuflo Chávez; una división que en el fondo significó la independización del movimiento obrero con respecto al MNR, racalca.
Ahora, según Cajías, “comenzó a diferenciarse entre la llamada ‘izquierda tradicional’ (estalinismo, maoísmo, trotskismo y nacionalismo progresista) y los nuevos grupos de izquierda”; nuevos grupos que “creían en la lucha armada” porque consideraban posible el cambio inmediato debido a que para ellos las “condiciones objetivas” estaban dadas. Era el tiempo de las organizaciones conformadas por “los jóvenes de las clases medias” que “pasaron rápidamente a la acción”.
Y es que se vivía bajo la influencia del triunfo de la revolución cubana; se trataba de un rebalse ante los “modelos de revolución” impregnados por la Unión Soviética, y nutridos por la revolución cultural china, la vietnamita, las experiencias de descolonización y los socialismos africanos”.
Con la muerte de Barrientos, apunta Böhrt, se produjo una verdadera “irrupción” del movimiento popular, que dio lugar, tanto a la guerrilla de Teoponte, en 1970, como al régimen de Torres y la Asamblea Popular. El referido “poder dual” sugerido por Zavaleta, es lo que objetivamente, apunta el exdiputado, dio lugar a condiciones propicias al golpe de agosto del 71: el campo progresista dividido entre el ala radical, la Asamblea, y la moderada, Torres; su indefinición sentó el ambiente del golpe.
Esto explica el triunfo de Banzer, destaca Böhrt: “los líderes y los instrumentos políticos que actuaban en el seno de la Asamblea del Pueblo (...) no supieron evaluar seguramente el desarrollo objetivo de las fuerzas y torcieron el bastón más allá de lo que ellos mismos podían sostener”.
La derrota del gobierno de Torres también se le atribuye a él mismo, aunque aún se debate en qué medida; afirma Cajías al respecto: “según José Gallardo, ministro del Interior de entonces, el Presidente no actuó con la debida decisión cuando los obreros le pidieron que les entreguen las armas para la defensa popular contra el inminente golpe”.
Un dato no menor de entonces, es que el golpe del 71 también se explica como parte de la reacción continental de la derecha, mediante la instauración de gobiernos militares en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina; el ambiente propicio para el Plan Cóndor. De hecho, el golpe boliviano tuvo la inocultable ayuda de los gobiernos de Brasil, Argentina y Estados Unidos.
También la paradoja complotó contra el movimiento progresista, cortado en seco por el golpe de Banzer: si en 1969, el avance popular hizo posible la nacionalización de la Gulf, ésta terminó sosteniendo a la dictadura banzerista: el buen precio de los minerales y del petróleo sostuvo a una dictadura que tenía en sus manos a la empresa hidrocarburífera, recuerda Carlos Böhrt.
Y si algún rol histórico, estratégico y de largo aliento tuvo el régimen banzerista, añade, fue “la consolidación de la burguesía agroindustrial del oriente; en los años 70 se establece esta nueva élite (...) en este sentido, se cambia la estructura social del país”. Tomando la historia en sus tramos largos, se puede afirmar, resalta Böhrt, los 18 años de gobiernos militares y el régimen de la UDP (Unidad Democrática y Popular), a principios de los 80 significan el agotamiento del Estado del 52; no por nada en 1985 sobrevino la Nueva Política Económica (NPE) con el decreto 21060; Víctor Paz Estenssoro, como pocos, gobernantes tuvo el raro privilegio de conducir al país en dos direcciones diametralmente distintas: el 52 revolucionario y el 85 neoliberal, con el MNR totalmente derechizado en ese último periodo, ya aquella vez se arrullaba a la nueva expresión histórica de la derecha: el gonismo.
En el plano de los partidos políticos, el gobierno de Banzer, iniciado el 21 de agosto de 1971, también ocurrió la emergencia de la nueva izquierda nacional: la fundación del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Socialista (PS), encabezado por Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Factor del triunfo de Banzer, se dice, también fue que el campesinado en esos años aún estaba fuera de los movimientos progresistas, estando todavía vigente en los hechos el Pacto Militar-Campesino propiciado por Barrientos. El Pacto, que para Zavaleta, por lo menos en la época de Barrientos, era uno “entre el sector menos politizado del movimiento democrático (el campesino) y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo. Demuestra ello, sin dudas, hasta qué punto los campesinos se habían convertido en el núcleo conservador del país, en su calidad de productores independientes”. (Consideraciones...)
Al punto, interviene el historiador y antropólogo Esteban Ticona. No es cierto, afirma, que el indigenismo o katarismo no haya estado presente entre las organizaciones progresistas antes del golpe de Banzer; de hecho, asevera, en ambas vertientes “ya estaba muy activo, otra cosa es que la izquierda no los reconocía; en el momento de la Asamblea Popular, incluso, había una izquierda que veía el proceso hasta racializado”. Pero un signo de la presencia del campesinado independiente es la aprobación en 1971, en un congreso de Potosí, de la Tesis del Partido Indio de Bolivia.
Ticona subraya que incluso Juan José Torres y algunos otros militares progresistas se acercaron, entre otros, a Fausto Reinaga y hablaban de su intención, ya en esa época, de indianizar a las Fuerzas Armadas. “El golpe de Banzer sí fue contra la izquierda, pero también contra el movimiento indígena; los kataristas entrarán en la clandestinidad; y toda la etapa del potenciamiento del katarismo ocurrirá del 71 al 78, llevando varias acciones de manera clandestina”.
El katarismo se fortalecerá precisamente socavando el pacto militar campesino, señala Ticona. Ya en la dictadura de Luis García Meza, será Genaro Flores el que en la clandestinidad se hará cargo de dirigir la Central Obrera Boliviana (COB). La emergencia del katarismo o indigenismo y su consolidación desde los 70, coinciden de alguna manera Böhrt y Ticona, llevará a la acumulación del nuevo actor político decisivo en la historia moderna del país: el indigenismo que irrumpirá en la crisis estatal del 2000, momento que significará para Böhrt la verdadera ruptura con el Estado del 52.
El ‘abrazo de Charaña’, el inesperado beneficio
El llamado “abrazo de Charaña” entre los dictadores Hugo Banzer por Bolivia y Augusto Pinochet por Chile, en su tiempo fue rechazado como una forma de ‘traición’ a la reivindicación marítima. El escritor Manfredo Kempff Suárez afirma al respecto que “la negociación de Charaña fue tomada como una peste porque la empujaba con determinación el general Banzer. La animadversión que se creó llegó al extremo de hacer tambalear a su gobierno”.
Pues bien, así y todo, lo cierto es que la negociación de Charaña, el compromiso a que más lejos llegó Chile en su intención de otorgar una salida soberana de Bolivia al mar, hoy es una de las principales bases de la demanda marítima presentada por el gobierno del presidente Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
“Hasta hace poco tiempo, era señal de ignorancia y estupidez citar como positivo el encuentro de Charaña. Hoy, pasados los años, muerto el gestor, fallecidos los dos cancilleres militares y también los eficientes embajadores en Santiago, resulta que lo más rescatable de cuanto se hizo en materia marítima fueron nomás las negociaciones iniciadas en 1975”, destaca Kempff Mercado en uno de sus artículos de opinión.
viernes, 21 de agosto de 2015
Golpe de Banzer, a 44 años del “Gobierno del terror”
Se lo ve sonriente, levantando el dedo índice de la mano derecha, desde el balcón de Palacio de Gobierno, festejando con sus aliados temporales, entre ellos Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Mario Gutiérrez, de la Falange Socialista Boliviana (FSB), al inicio de su gobierno, luego del golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres.
Ese 21 de agosto de 1971, hace 44 años, el coronel del ejército Hugo Banzer Suárez se convirtió en el nuevo presidente de facto en la historia nacional, en una asonada que se había iniciado dos días antes, el día 19, en Santa Cruz.
El Regimiento “Rangers” Manchego fue el primero en levantarse en armas en Santa Cruz contra el Gobierno de Torres. Los golpistas desencadenaron una represión sin cuartel contra los movimientos populares y universitarios que defendían al mandato de Torres.
En La Paz, la noticia generó alarma. En la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se reunieron cientos de personas que se trasladaron al Palacio, donde pidieron al presidente Torres que les entregue armas para enfrentar al golpismo.
Junto con Juan Lechín, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y varias personas más, estaba Julio Llanos Rojas, entonces de 33 años.
Con las pocas armas que tenían -la mayoría fusiles Mauser en malas condiciones, sin manivelas- se trasladaron al cerro de Laikakota, donde las primeras escaramuzas se habían iniciado temprano. Ya había bajas.
“El Combate era feroz. Ahí estaban Simón Reyes y Víctor López, armados. Los combates se prolongaron toda la tarde, hasta la noche, a eso de las ocho de la noche, ya no habían militares. Nosotros pensamos que habíamos triunfado, cantamos el himno nacional, recogimos muertos y heridos, pero luego nos informamos que el Regimiento Colorados se sumó al golpe. Ya no supimos que hacer”, relata Llanos.
La mayoría numérica de los soldados -una buena parte de ellos sólo con armas sin saber disparar con precisión- se impuso ante la resistencia impulsada por los universitarios.
Los que no fueron asesinados, eran detenidos y trasladados a los más de diez centros de tortura y represión que activó el Gobierno de Banzer.
Varios de los compañeros mineros de Julio Llanos desaparecieron. Otros tantos fueron torturados en el Ministerio del Interior; en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIE); en el Departamento de Orden Político; Regimiento Max Toledo y Bolívar de Viacha; Centro de Las Piedras en Achocalla, entre otros más que se habían creado.
Banzer dio la orden puntual a los militares: apresar y matar a todos los agitadores e izquierdistas.
Los militares y los agentes de inteligencia realizaron operativos continuos para dar con los declarados “comunistas” o “Elenos”.
La persecución se extendía contra todas las familias. Los hijos y la esposa de Julio Llanos, fueron expulsados de residencias temporales que encontraban, por temor de los dueños a ser apresados o, peor aún, a perder la vida.
Klaus Barbie (El carnicero de Lyon), que con Banzer logró el cargo de Teniente Coronel, hizo sentir su agresividad en la aplicación plena del Plan Cóndor en el país, a tono de lo que sucedía en la región.
Banzer cerró decenas de medios de comunicación e implementó medidas como el toque de queda y la Ley Marcial, que impedía el libre tránsito desde las 19.00 hasta las 07.00 horas. “Fue el Gobierno del terror”, resume Llanos.
“La libertad de expresión de hecho fue suprimida y se implantó una ‘prudente’ autocensura en los medios. 104 periodistas, reporteros y radialistas fueron víctimas de despidos, persecuciones y destierros. La cifra representaba casi un 50% de la planta profesional de los periodistas bolivianos de aquella época”, refiere el periodista Carlos Soria Galvarro, en el texto ‘Dictadura de Banzer’.
El general se propuso permanecer en el poder hasta 1980, para recién impulsar un proceso de institucionalización.
Sin embargo, la resistencia popular fue más que la pretensión del dictador.
Una masiva huelga de hambre, iniciada en La Paz a fines de 1977, por un grupo de mujeres mineras, entre ellas Domitila Chungara, a favor de una amnistía irrestricta y el retorno de todos los exiliados, marcó el camino al derrocamiento del gobierno del dictador.
Klaus Barbie fue el ejecutor de la represión
Aquellas prácticas violentas que había conocido y aplicado en la Segunda Guerra Mundial, Klaus Barbie Altmann (El carnicero de Lyon) las aplicó en el país.
Reclutó a pandillas y a paramilitares como los Camisas Blancas y mercenarios, entre otros, para que cumplieran las órdenes de Banzer y así reprimir a los que se oponían a su régimen.
Julio Llanos Rojas, extrabajador minero, de 77 años, recuerda que “estos grupos competían para arrestar y asesinar a los líderes izquierdistas. Por ese trabajo les pagaban y si los asesinaban mejor, Banzer les daba una recompensa que públicamente anunciaba”.
El periodista Carlos Soria Galvarro, refiere en un escrito, que las cifras de los siete años de dictadura fascista son escalofriantes y si bien pueden admitir más precisiones, jamás fueron desmentidas:
- Detenidos, 3.059 personas (15% mujeres y 85% varones).
- Residenciados y confinados, 1.259.
- Exiliados forzosos, 663
- Torturados, 125 (25 de los cuales no vivieron para contarlo)
- Muertos y desaparecidos en enfrentamientos y masacres, 429. (El padre Mauricio Lefébvre fue una de las víctimas. Por lo menos 24 cayeron en la Universidad de Santa Cruz al segundo día de iniciado el movimiento golpista).
- En lo que se llamó la Masacre del Valle de 1974, figuran 78 personas.
- Asesinatos políticos, 39.
René Zavaleta Mercado afirmó que el modelo instaurado por Banzer generalizaba el terror como un movimiento de reconstitución ideológica, apunta Soria.
Se intervino medios de comunicación
Cuando se confirmó el Golpe de Banzer contra el exgeneral Juan José Torres, que lideró el Gobierno Popular, el radialista Orlando Figueredo Tellería, que entonces era el director de Radio Continental, no tuvo opción que declararse en la clandestinidad.
Ya con el gobierno de René Barrientos había conocido lo que era la persecución y tortura de los militares, con descargas eléctricas e introducción de alfileres en los dedos. “Aún me quedan algunos”, dice.
Al igual que sus antecesores, Banzer encaró una dura batalla contra los medios de comunicación, varios de ellos los cerró y persiguió a sus periodistas.
La radios obreras como la Voz del Minero, Radio Lallagua, Radio Continental, Radio Nacional de Huanuni, Radio Independencia de Quillacollo, Radio Progreso, San José, Sumaj Orko, Radio la Voz del Minero del Sur, Radio Chichas de Telamayu, radio Huayna Potosí, Radio Bolivia, Vanguardia, fueron cerradas. El régimen impuso una multa de 20.000 pesos a Radio Fides (La Paz), entre otras.
El vespertino La Jornada, dirigida por Jorge Suárez, fue cerrado, al igual que el Semanario Opinión,
“La violación a la libertad de prensa se impuso después a toda la prensa, no sólo sindical, hubo censura, autocensura dictada por el miedo”, recuerda Figueredo Tellería, que se dedicó a la actividad del periodismo durante 45 años.
Ese 21 de agosto de 1971, hace 44 años, el coronel del ejército Hugo Banzer Suárez se convirtió en el nuevo presidente de facto en la historia nacional, en una asonada que se había iniciado dos días antes, el día 19, en Santa Cruz.
El Regimiento “Rangers” Manchego fue el primero en levantarse en armas en Santa Cruz contra el Gobierno de Torres. Los golpistas desencadenaron una represión sin cuartel contra los movimientos populares y universitarios que defendían al mandato de Torres.
En La Paz, la noticia generó alarma. En la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se reunieron cientos de personas que se trasladaron al Palacio, donde pidieron al presidente Torres que les entregue armas para enfrentar al golpismo.
Junto con Juan Lechín, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y varias personas más, estaba Julio Llanos Rojas, entonces de 33 años.
Con las pocas armas que tenían -la mayoría fusiles Mauser en malas condiciones, sin manivelas- se trasladaron al cerro de Laikakota, donde las primeras escaramuzas se habían iniciado temprano. Ya había bajas.
“El Combate era feroz. Ahí estaban Simón Reyes y Víctor López, armados. Los combates se prolongaron toda la tarde, hasta la noche, a eso de las ocho de la noche, ya no habían militares. Nosotros pensamos que habíamos triunfado, cantamos el himno nacional, recogimos muertos y heridos, pero luego nos informamos que el Regimiento Colorados se sumó al golpe. Ya no supimos que hacer”, relata Llanos.
La mayoría numérica de los soldados -una buena parte de ellos sólo con armas sin saber disparar con precisión- se impuso ante la resistencia impulsada por los universitarios.
Los que no fueron asesinados, eran detenidos y trasladados a los más de diez centros de tortura y represión que activó el Gobierno de Banzer.
Varios de los compañeros mineros de Julio Llanos desaparecieron. Otros tantos fueron torturados en el Ministerio del Interior; en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIE); en el Departamento de Orden Político; Regimiento Max Toledo y Bolívar de Viacha; Centro de Las Piedras en Achocalla, entre otros más que se habían creado.
Banzer dio la orden puntual a los militares: apresar y matar a todos los agitadores e izquierdistas.
Los militares y los agentes de inteligencia realizaron operativos continuos para dar con los declarados “comunistas” o “Elenos”.
La persecución se extendía contra todas las familias. Los hijos y la esposa de Julio Llanos, fueron expulsados de residencias temporales que encontraban, por temor de los dueños a ser apresados o, peor aún, a perder la vida.
Klaus Barbie (El carnicero de Lyon), que con Banzer logró el cargo de Teniente Coronel, hizo sentir su agresividad en la aplicación plena del Plan Cóndor en el país, a tono de lo que sucedía en la región.
Banzer cerró decenas de medios de comunicación e implementó medidas como el toque de queda y la Ley Marcial, que impedía el libre tránsito desde las 19.00 hasta las 07.00 horas. “Fue el Gobierno del terror”, resume Llanos.
“La libertad de expresión de hecho fue suprimida y se implantó una ‘prudente’ autocensura en los medios. 104 periodistas, reporteros y radialistas fueron víctimas de despidos, persecuciones y destierros. La cifra representaba casi un 50% de la planta profesional de los periodistas bolivianos de aquella época”, refiere el periodista Carlos Soria Galvarro, en el texto ‘Dictadura de Banzer’.
El general se propuso permanecer en el poder hasta 1980, para recién impulsar un proceso de institucionalización.
Sin embargo, la resistencia popular fue más que la pretensión del dictador.
Una masiva huelga de hambre, iniciada en La Paz a fines de 1977, por un grupo de mujeres mineras, entre ellas Domitila Chungara, a favor de una amnistía irrestricta y el retorno de todos los exiliados, marcó el camino al derrocamiento del gobierno del dictador.
Klaus Barbie fue el ejecutor de la represión
Aquellas prácticas violentas que había conocido y aplicado en la Segunda Guerra Mundial, Klaus Barbie Altmann (El carnicero de Lyon) las aplicó en el país.
Reclutó a pandillas y a paramilitares como los Camisas Blancas y mercenarios, entre otros, para que cumplieran las órdenes de Banzer y así reprimir a los que se oponían a su régimen.
Julio Llanos Rojas, extrabajador minero, de 77 años, recuerda que “estos grupos competían para arrestar y asesinar a los líderes izquierdistas. Por ese trabajo les pagaban y si los asesinaban mejor, Banzer les daba una recompensa que públicamente anunciaba”.
El periodista Carlos Soria Galvarro, refiere en un escrito, que las cifras de los siete años de dictadura fascista son escalofriantes y si bien pueden admitir más precisiones, jamás fueron desmentidas:
- Detenidos, 3.059 personas (15% mujeres y 85% varones).
- Residenciados y confinados, 1.259.
- Exiliados forzosos, 663
- Torturados, 125 (25 de los cuales no vivieron para contarlo)
- Muertos y desaparecidos en enfrentamientos y masacres, 429. (El padre Mauricio Lefébvre fue una de las víctimas. Por lo menos 24 cayeron en la Universidad de Santa Cruz al segundo día de iniciado el movimiento golpista).
- En lo que se llamó la Masacre del Valle de 1974, figuran 78 personas.
- Asesinatos políticos, 39.
René Zavaleta Mercado afirmó que el modelo instaurado por Banzer generalizaba el terror como un movimiento de reconstitución ideológica, apunta Soria.
Se intervino medios de comunicación
Cuando se confirmó el Golpe de Banzer contra el exgeneral Juan José Torres, que lideró el Gobierno Popular, el radialista Orlando Figueredo Tellería, que entonces era el director de Radio Continental, no tuvo opción que declararse en la clandestinidad.
Ya con el gobierno de René Barrientos había conocido lo que era la persecución y tortura de los militares, con descargas eléctricas e introducción de alfileres en los dedos. “Aún me quedan algunos”, dice.
Al igual que sus antecesores, Banzer encaró una dura batalla contra los medios de comunicación, varios de ellos los cerró y persiguió a sus periodistas.
La radios obreras como la Voz del Minero, Radio Lallagua, Radio Continental, Radio Nacional de Huanuni, Radio Independencia de Quillacollo, Radio Progreso, San José, Sumaj Orko, Radio la Voz del Minero del Sur, Radio Chichas de Telamayu, radio Huayna Potosí, Radio Bolivia, Vanguardia, fueron cerradas. El régimen impuso una multa de 20.000 pesos a Radio Fides (La Paz), entre otras.
El vespertino La Jornada, dirigida por Jorge Suárez, fue cerrado, al igual que el Semanario Opinión,
“La violación a la libertad de prensa se impuso después a toda la prensa, no sólo sindical, hubo censura, autocensura dictada por el miedo”, recuerda Figueredo Tellería, que se dedicó a la actividad del periodismo durante 45 años.
Recuerdan golpe de Estado de Hugo Banzer
En el golpe de Hugo Banzer, 21 de agosto de 1971, aviones Mustang irrumpieron sobre la ciudad y en el segundo de dos vuelos rasantes ametrallaron a los civiles apostados en el cerro Laikaq’ota. Cuando les llegó el granizo de las balas, esos combatientes estaban cantando el himno patrio, celebrando, trágica y paradójicamente, que la FAB hubiese salido a defender al régimen de Torres en cumplimiento del pacto “Aguilita Voladora” convenido en abril de ese año con el líder obrero Lechín Oquendo.
La Embajada de Estados Unidos, la colonia alemana manejada por los hermanos Gasser, el MNR de Paz Estenssoro y Ciro Humboldt, FSB de Gutiérrez y Valverde Barbery, el “Ejército Cristiano Nacionalista”, los paramilitares a órdenes del nazi Klaus Barbie y los maleantes de la banda “Los Marqueses”, entre otros, secundaron rabiosamente a los ejércitos en la represión ventajista contra el inerme pueblo.
Sin partido político propio, con la Asamblea Popular ajena a su proyecto progresista, con la fuerza aérea ya del otro lado y, en fin, con todas las guarniciones militares en su contra, Torres entendió, al fin, y tarde, que el pueblo era su primer y único bastión confiable. Y que estaba siendo arrasado.
A las 07.10 de la noche, el presidente pronunció su último discurso por radio Illimani, la emisora del Estado, cabeza de una red de 25 radios sindicales del país que habían transmitido “en cadena” durante ese sangriento día.
En el limbo de las cosas consumadas, Torres dijo todo y nada: “A los obreros, campesinos y estudiantes que combaten denodadamente contra el golpe falanjo-gorila-movimentista, vaya toda mi gratitud. Les digo (…) que yo como presidente de los bolivianos me siento orgulloso de la valentía y las decisiones de los trabajadores, universitarios y soldados revolucionarios. Adelante en nombre de la patria, pueblo heroico, invencible e inmortal. Viva Bolivia”.
La Embajada de Estados Unidos, la colonia alemana manejada por los hermanos Gasser, el MNR de Paz Estenssoro y Ciro Humboldt, FSB de Gutiérrez y Valverde Barbery, el “Ejército Cristiano Nacionalista”, los paramilitares a órdenes del nazi Klaus Barbie y los maleantes de la banda “Los Marqueses”, entre otros, secundaron rabiosamente a los ejércitos en la represión ventajista contra el inerme pueblo.
Sin partido político propio, con la Asamblea Popular ajena a su proyecto progresista, con la fuerza aérea ya del otro lado y, en fin, con todas las guarniciones militares en su contra, Torres entendió, al fin, y tarde, que el pueblo era su primer y único bastión confiable. Y que estaba siendo arrasado.
A las 07.10 de la noche, el presidente pronunció su último discurso por radio Illimani, la emisora del Estado, cabeza de una red de 25 radios sindicales del país que habían transmitido “en cadena” durante ese sangriento día.
En el limbo de las cosas consumadas, Torres dijo todo y nada: “A los obreros, campesinos y estudiantes que combaten denodadamente contra el golpe falanjo-gorila-movimentista, vaya toda mi gratitud. Les digo (…) que yo como presidente de los bolivianos me siento orgulloso de la valentía y las decisiones de los trabajadores, universitarios y soldados revolucionarios. Adelante en nombre de la patria, pueblo heroico, invencible e inmortal. Viva Bolivia”.
viernes, 17 de julio de 2015
El terrorismo que preparó el golpe de García Meza
Primero fue el atentado al semanario Aquí, luego el asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal, el atentado contra el avión en el que iban dirigentes de la Unidad Democrática Popular (UDP), después el atentado a Hernán Siles Zuazo y el golpe de Estado llegó…
1980 fue un mal año para el país. Su primer semestre comenzó con una escalada de terrorismo militar operada por Luis Arce Gómez y Klaus Barbie (Altmann).
Esa ola solo sería el principio de más violencia que desembocó en el 17 de julio, hace 35 años, cuando Luis García Meza tomó el poder por la fuerza.
Los partidos políticos estaban en campaña electoral para las elecciones generales del 29 de junio de ese año. Sin embargo, la UDP había ganado consecutivamente los comicios de 1978, 1979. Saldría victorioso también en las elecciones para las que se hacía campaña durante los meses del terror que antecedieron al golpe del 17 de julio de 1980. Tras ganar la UDP, Siles Zuazo debía ser investido el 6 de agosto de ese mismo año.
La izquierda boliviana, si bien no toda, daba un giro: de ser enemiga de la democracia al preconizar la lucha armada que lleve a la dictadura del proletariado y al socialismo, para luego llegar al comunismo, formó una alianza amplia que quería jugar bajo las reglas de la democracia. Ese pacto se llamó UDP. El Partido Socialista 1 (PS-1), que no estuvo en esa alianza, también adoptaba, como suyas, las banderas de la democracia.
Aunque la UDP ganó dos elecciones consecutivas, Jaime Paz Zamora, quien entonces fue vicepresidente electo por la UDP, considera 35 años después que el golpismo no quería irse. Cuando no había un golpe militar, los “operadores civiles del golpismo” empantanaban la elección en el Congreso para evitar que un frente de izquierda llegase al poder. Se elegía entonces como presidentes, incluso, a personas que no habían candidateado. Así, llegaron a la primera magistratura Wálter Guevara Arce antes de Lydia Gueiler, la primera mujer en gobernar el país. Ella estaba al mando en 1980.
“Se estaba haciendo una revolución al instaurar la democracia, pero el golpismo civil-militar no quería irse. Los partidos tradicionales, como el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y ADN (Acción Democrática Nacionalista), eran parte de eso”, juzga ahora Paz Zamora.
El terror comenzó el 7 de febrero con el atentado con explosivos al semanario Aquí, dirigido por Luis Espinal. Sin embargo, el hecho que despertó los peores temores de los ciudadanos fue, precisamente, el asesinato de Espinal, brutalmente torturado y muerto por el impacto de más de diez balas. Si había gente que era capaz de asesinar de esa forma a un sacerdote, solamente podía esperarse lo peor. Eso ocurrió el 22 de marzo.
Los meses siguientes pasaron en medio de actos de intimidación. Por ejemplo, la casa del jurista Aníbal Aguilar fue dinamitada, de quien se dice que conoció horas antes la identidad de los asesinos de Espinal, según el libro Lucho Espinal, testigo de nuestra América, de la Asamblea Permanente de DDHH.
La campaña de los partidos siguió a pesar del terror. “El golpe fue el último recurso para parar a la UDP. Hay una ola de violencia, el golpe no cae como paracaidista”, puntualizó Paz Zamora.
El 2 de junio, a menos de un mes de los comicios y pocas horas después de que el domicilio de Paz Zamora fuera dinamitado, tres dirigentes de la UDP abordaron un avión que luego se desplomó. “Por milagro no subió Siles. El atentado era para Siles y para mí, y resultó que Siles no subió y yo soy el único que sobrevivo”, cuenta Paz Zamora. Hernán Siles Zuazo canceló el viaje por motivos de salud y la casualidad salvó su vida. La aeronave cayó cerca de Laja.
Murieron Jorge Álvarez Plata, Enrique Barragán y Jorge Sattori, además del piloto y un periodista.
“Yo salí al exterior (Washington, EEUU) para que me atiendan porque estaba muy quemado. Pero el 27 de junio era el cierre de campaña de la UDP en San Francisco. Un acto multitudinario. Mandé un mensaje grabado”, relata.
Como era costumbre —narra el expresidente— se bajó de San Francisco hacia El Prado en marcha por la Mariscal Santa Cruz. Del edificio Petrolero lanzaron tres granadas a Siles. Los terroristas terminaron con la vida de tres personas (dos de ellas, niños) más varios heridos, pero el aspirante presidencial sobrevivió.
El 29 de junio se llevaron a cabo las elecciones y la UDP ganó. “Ante el fracaso de asesinar, y vino el golpe el 17 de julio. Lo da el sector militar que se puso contra (Hugo) Banzer cuando éste llamó a elecciones en 1977”, relata.
La sentencia del juicio de responsabilidades no culpó a García Meza por estos delitos; no se logró probar que tuviese participación. Pero para las víctimas de la violencia militar, la violencia previa se produjo por los militares que llegaron al poder en 1980. Meza, condenado a 30 años de cárcel, asegura que es inocente de estos actos.
Condenado por hechos de violencia
Pena
Luis García Meza y Luis Arce Gómez fueron sentenciados a la pena máxima (30 años de cárcel sin derecho a indulto).
Genocidio
Se probó que ambos fueron autores intelectuales de la masacre de la Harrington.
Quiroga
También se los sindicó del asesinato y desaparición de Marcelo Quiroga, cuyos restos no han sido hallados y aún resta cooperación.
A 35 años del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz
En la mañana del 17 de julio de 1980, el golpe de Estado contra la presidenta Lidia Gueiler Tejada era un hecho. Se planificó desde hace meses por la cúpula militar, que contó con la ayuda financiera del narcotráfico.
El movimiento armado comenzó en el oriente del país. Trinidad estaba ocupada por tropas militares, y en Santa Cruz y Cochabamba se reportaban movimientos de las diversas guarniciones.
El alzamiento estaba comandado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez.
Mientras los militares se desplegaban, muy temprano Marcelo Quiroga Santa Cruz, que había obtenido el cuarto lugar en las elecciones presidenciales de junio de ese año con el Partido Socialista 1 (PS-1), llegó apresurado a la reunión de emergencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que se reunió en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).
Ahí estaban Wálter Vásquez Michel, Carlos Flores, Simón Reyes de la FSTMB, Óscar Sanjinés de la COB, el padre José Tumiri de la Asamblea de Derechos Humanos.
“Cuando se terminó la reunión, todos salieron al corredor. Yo era la primera vez que venía a la COB, como a La Paz. Entonces empezaron a oírse unos tiros, muchos. Nosotros nos tiramos al suelo y nos recogimos en otra pieza”, refiere un testigo presencial en una declaración que obtuvo el periódico español El País, publicado el 3 de agosto de 1980.
Atemorizado por las ráfagas, el padre Tumiri se levantó y pidió en nombre de la Iglesia que cesen los disparos, que nadie tenía armas y que todos se entregarían.
Bajando las gradas “aparecí al lado de Marcelo. Un militar le tocó el hombro y levantando su ametralladora pegó un tiro, después una ráfaga. Una de las balas de la ráfaga le pegó a Flores (Carlos)”, recuerda Wálter Vásquez Michel.
Quiroga Santa Cruz no murió de inmediato. Los emisarios, vestidos con pantalón oscuro y camisa blanca, lo remataron en el piso y desaparecieron su cuerpo.
El historiador Alexis Pérez menciona que “el escritor, exministro y político, que entonces se perfilaba como uno de los líderes de la izquierda boliviana, fue víctima de la agresividad del golpe militar”.
La estrategia armada fue planificada siete meses antes, para evitar que Hernán Siles Zuazo asumiera la presidencia de la República, en agosto de 1980.
Roberto Suárez Gómez, el “Rey de la Cocaína”, participó de estas jornadas. Así lo confirma su esposa Ayda Levy en su libro El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco Estado, publicado en diciembre de 2012.
Suárez se reunió con el Alto Mando Militar y los líderes de los “partidos de centro y de derecha”. El operativo requería “nada menos que la friolera de cinco millones de dólares americanos”, señala Levy en el escrito.
“La asonada militar fue una de las más sangrientas, la más cruel de la historia nacional y vinculada a la cocaína”, comenta Pérez, también docente universitario.
“Todo el poder del Estado, respaldado por tanques y metralletas, teme a un muerto”, había señalado la esposa de Quiroga Santa Cruz, Cristina Trigo, quien falleció el 30 de diciembre de 2014, sin saber dónde están los restos del exlíder del PS-1.
Jaime Alcocer, dirigente fundador del PS-1, recuerda de Quiroga Santa Cruz su lucha contra las dictaduras desde la literatura. Refiere el poema “La sangre no tiene nombre”, que la escribió bajo el pseudónimo de Pedro Salzar.
“La sangre no tiene nombre, La sangre se llama Juan. La sangre no tiene nombre porque es una incógnita mientras se le va opacando su vida social, se le va postergando las verdades, entonces el pueblo sigue como pueblo, sigue siendo Juan”, recuerda Alcocer en entrevista con el programa “Tejiendo Bolivia”, en julio de 2014.
Quiroga Santa Cruz nació en Cochabamba (1931), escritor por sobre todo, se graduó en Derecho, fue diputado y ministro de Minas y Petróleo (1969), cargo desde el que promovió la nacionalización de compañías extranjeras.
El 17 de octubre de 1969, el Gobierno de Alfredo Ovando, vía decreto, determinó la nacionalización de las concesiones petrolíferas entregadas a la estadounidense Gulf Oil en favor del Estado.
Quiroga Santa Cruz, en una entrevista que le realizó Raúl Salmón de la Barra, director de Radio Nueva América, en junio de 1978, dijo que “cuando procedimos a la nacionalización del petróleo se levantaron críticas, muchas de ellas violentas. Se decía que era una medida imprudente que traería consecuencias económicas negativas a corto plazo”.
Sin embargo, “a partir de la nacionalización del petróleo, no solamente YPFB no necesita comprar petróleo a una empresa extranjera, sino que comienza a exportar una cantidad importante”, afirmó.
Marcelo Quiroga Santa Cruz
Exlíder y fundador del Partido Socialista 1 (PS-1)
“Señores, informales, durante 37 minutos y 15 segundos, hemos estado conversando con don Marcelo Quiroga Santa Cruz, propuesto a la presidencia de la República por su partido, el Partido Socialista”, dice Raúl Salmón de la Barra, director de Radio Nueva América, en la parte final de la entrevista que realizó, en junio de 1978, al líder del PS-1.
En esa conversación, el exministro de Minas y Petróleo, habló del escenario político de entonces, de las directrices del PS-1. También habló de su pasión, la escritura, y de su persistente crítica al exdictador Hugo Banzer Suárez. “Creo que no hay régimen de gobierno como el presidido por el general Banzer al que pueda criticársele más y con mayores fundamentos”, afirmó Quiroga Santa Cruz, en esa entrevista de la que reproducimos algunos acápites.
Raúl Salmón (RS): Sus enemigos políticos, ya que todos tenemos enemigos, juzgan que Marcelo Quiroga Santa Cruz es un burgués que juega al socialista. ¿Qué les respondería a quienes así opinan?
Marcelo Quiroga Santa Cruz (MQSC) Bien. Yo creo que esta es una pregunta que tiene un interés en particular y merece una explicación amplia. Sin duda, esta crítica como otras proviene del campo de la derecha y la derecha no suele ser muy coherente, ni siquiera en sus críticas. Si lo que le preocupa a la derecha es la supuesta inautenticidad de mis convicciones, si lo que la derecha sospecha es que en mí, en realidad hay un burgués, debería estar tranquila. Y la verdad es que está intranquila con mi actuación política y mis convicciones. A lo que ellos se refieren es a mi origen y, evidentemente, yo no he nacido en el seno de la clase trabajadora; no he tenido el privilegio de nacer en un hogar obrero. Pero a ellos debería recordarles que un socialista no lo es, precisamente, y con carácter excluyente por su origen de clase. No todo obrero por el hecho de ser obrero es un revolucionario. Yo soy un socialista no por mi origen de clase, sino a pesar de mi origen de clase. Lo soy por convicción.
Creo que no es reprochable el que alguien que hubiese nacido en un estrado social que no es el proletariado, la clase obrera, se hubiese consagrado a su servicio. Lo que me parece reprochable es, y de esto tenemos demasiados ejemplos en nuestro medio político, que aquellos que nacen en el seno de la clase trabajadora o en sectores populares o en sectores de la clase media de pequeños ingresos, de pocos ingresos, consagren su vida a ascender socialmente, a acumular fortuna, a traicionar los intereses de la clase de la que son originarios. Y de esto tenemos muchos ejemplos.
Y para terminar y refiriéndome a una palabra utilizada en esta crítica: “el juego al socialismo”. Si fuese un juego habría cuando menos que admitir que ha sido un juego muy costoso. Son demasiados años, catorce…
RS: ¿Ha habido muchos renunciamientos Marcelo? ¿Peligros?
MQSC: Bueno, podría recordar, no lo habría querido hacer, detesto las referencias de carácter personal, pero creo que no hay forma de represión política que no hubiese sufrido. Está, desde luego, la expulsión de la Cámara de Diputados; el secuestro en el palacio de Justicia con violación de ese recinto; dos atentados con bombas en mi domicilio; el del campo de concentración en Madidi; la muerte de mi padre, se me impidió asistir al entierro de mi padre; exilio; intento de asesinato, y no sé todavía lo que me depare el futuro, y le aseguro a todo aquel que piensa que soy un burgués que “juega al socialismo”, ¡no es un juego!
RS: Cuando usted en el gobierno, aquél paso aunque fugaz por el gobierno del general Ovando, ¿le deparó algún capital de satisfacciones como para compensar los desengaños que tuvo hasta entonces en su vida política?
MQSC: Sí, decididamente sí. Recordarán ustedes que durante ese gobierno el 17 de octubre de 1969, se aprueba un Decreto por el que se nacionaliza el petróleo. Esa es una medida, por ejemplo, que compensa con creces todo aquello que había relatado hacia un momento. Pero es hacer alusión a una medida de una importancia económica especial a la que, si usted quiere, podemos referirnos después.
Yo quisiera decir, por ejemplo, que hechos sencillos como luego del retorno a la patria después de 7 años de exilio, encontrarse nuevamente con los trabajadores, con los estudiantes, con la juventud intelectual de avanzada y comprobar que la palabra de uno es digna de crédito, también compensa y con creces de todo lo que he dicho.
El movimiento armado comenzó en el oriente del país. Trinidad estaba ocupada por tropas militares, y en Santa Cruz y Cochabamba se reportaban movimientos de las diversas guarniciones.
El alzamiento estaba comandado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez.
Mientras los militares se desplegaban, muy temprano Marcelo Quiroga Santa Cruz, que había obtenido el cuarto lugar en las elecciones presidenciales de junio de ese año con el Partido Socialista 1 (PS-1), llegó apresurado a la reunión de emergencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que se reunió en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).
Ahí estaban Wálter Vásquez Michel, Carlos Flores, Simón Reyes de la FSTMB, Óscar Sanjinés de la COB, el padre José Tumiri de la Asamblea de Derechos Humanos.
“Cuando se terminó la reunión, todos salieron al corredor. Yo era la primera vez que venía a la COB, como a La Paz. Entonces empezaron a oírse unos tiros, muchos. Nosotros nos tiramos al suelo y nos recogimos en otra pieza”, refiere un testigo presencial en una declaración que obtuvo el periódico español El País, publicado el 3 de agosto de 1980.
Atemorizado por las ráfagas, el padre Tumiri se levantó y pidió en nombre de la Iglesia que cesen los disparos, que nadie tenía armas y que todos se entregarían.
Bajando las gradas “aparecí al lado de Marcelo. Un militar le tocó el hombro y levantando su ametralladora pegó un tiro, después una ráfaga. Una de las balas de la ráfaga le pegó a Flores (Carlos)”, recuerda Wálter Vásquez Michel.
Quiroga Santa Cruz no murió de inmediato. Los emisarios, vestidos con pantalón oscuro y camisa blanca, lo remataron en el piso y desaparecieron su cuerpo.
El historiador Alexis Pérez menciona que “el escritor, exministro y político, que entonces se perfilaba como uno de los líderes de la izquierda boliviana, fue víctima de la agresividad del golpe militar”.
La estrategia armada fue planificada siete meses antes, para evitar que Hernán Siles Zuazo asumiera la presidencia de la República, en agosto de 1980.
Roberto Suárez Gómez, el “Rey de la Cocaína”, participó de estas jornadas. Así lo confirma su esposa Ayda Levy en su libro El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco Estado, publicado en diciembre de 2012.
Suárez se reunió con el Alto Mando Militar y los líderes de los “partidos de centro y de derecha”. El operativo requería “nada menos que la friolera de cinco millones de dólares americanos”, señala Levy en el escrito.
“La asonada militar fue una de las más sangrientas, la más cruel de la historia nacional y vinculada a la cocaína”, comenta Pérez, también docente universitario.
“Todo el poder del Estado, respaldado por tanques y metralletas, teme a un muerto”, había señalado la esposa de Quiroga Santa Cruz, Cristina Trigo, quien falleció el 30 de diciembre de 2014, sin saber dónde están los restos del exlíder del PS-1.
Jaime Alcocer, dirigente fundador del PS-1, recuerda de Quiroga Santa Cruz su lucha contra las dictaduras desde la literatura. Refiere el poema “La sangre no tiene nombre”, que la escribió bajo el pseudónimo de Pedro Salzar.
“La sangre no tiene nombre, La sangre se llama Juan. La sangre no tiene nombre porque es una incógnita mientras se le va opacando su vida social, se le va postergando las verdades, entonces el pueblo sigue como pueblo, sigue siendo Juan”, recuerda Alcocer en entrevista con el programa “Tejiendo Bolivia”, en julio de 2014.
Quiroga Santa Cruz nació en Cochabamba (1931), escritor por sobre todo, se graduó en Derecho, fue diputado y ministro de Minas y Petróleo (1969), cargo desde el que promovió la nacionalización de compañías extranjeras.
El 17 de octubre de 1969, el Gobierno de Alfredo Ovando, vía decreto, determinó la nacionalización de las concesiones petrolíferas entregadas a la estadounidense Gulf Oil en favor del Estado.
Quiroga Santa Cruz, en una entrevista que le realizó Raúl Salmón de la Barra, director de Radio Nueva América, en junio de 1978, dijo que “cuando procedimos a la nacionalización del petróleo se levantaron críticas, muchas de ellas violentas. Se decía que era una medida imprudente que traería consecuencias económicas negativas a corto plazo”.
Sin embargo, “a partir de la nacionalización del petróleo, no solamente YPFB no necesita comprar petróleo a una empresa extranjera, sino que comienza a exportar una cantidad importante”, afirmó.
Marcelo Quiroga Santa Cruz
Exlíder y fundador del Partido Socialista 1 (PS-1)
“Señores, informales, durante 37 minutos y 15 segundos, hemos estado conversando con don Marcelo Quiroga Santa Cruz, propuesto a la presidencia de la República por su partido, el Partido Socialista”, dice Raúl Salmón de la Barra, director de Radio Nueva América, en la parte final de la entrevista que realizó, en junio de 1978, al líder del PS-1.
En esa conversación, el exministro de Minas y Petróleo, habló del escenario político de entonces, de las directrices del PS-1. También habló de su pasión, la escritura, y de su persistente crítica al exdictador Hugo Banzer Suárez. “Creo que no hay régimen de gobierno como el presidido por el general Banzer al que pueda criticársele más y con mayores fundamentos”, afirmó Quiroga Santa Cruz, en esa entrevista de la que reproducimos algunos acápites.
Raúl Salmón (RS): Sus enemigos políticos, ya que todos tenemos enemigos, juzgan que Marcelo Quiroga Santa Cruz es un burgués que juega al socialista. ¿Qué les respondería a quienes así opinan?
Marcelo Quiroga Santa Cruz (MQSC) Bien. Yo creo que esta es una pregunta que tiene un interés en particular y merece una explicación amplia. Sin duda, esta crítica como otras proviene del campo de la derecha y la derecha no suele ser muy coherente, ni siquiera en sus críticas. Si lo que le preocupa a la derecha es la supuesta inautenticidad de mis convicciones, si lo que la derecha sospecha es que en mí, en realidad hay un burgués, debería estar tranquila. Y la verdad es que está intranquila con mi actuación política y mis convicciones. A lo que ellos se refieren es a mi origen y, evidentemente, yo no he nacido en el seno de la clase trabajadora; no he tenido el privilegio de nacer en un hogar obrero. Pero a ellos debería recordarles que un socialista no lo es, precisamente, y con carácter excluyente por su origen de clase. No todo obrero por el hecho de ser obrero es un revolucionario. Yo soy un socialista no por mi origen de clase, sino a pesar de mi origen de clase. Lo soy por convicción.
Creo que no es reprochable el que alguien que hubiese nacido en un estrado social que no es el proletariado, la clase obrera, se hubiese consagrado a su servicio. Lo que me parece reprochable es, y de esto tenemos demasiados ejemplos en nuestro medio político, que aquellos que nacen en el seno de la clase trabajadora o en sectores populares o en sectores de la clase media de pequeños ingresos, de pocos ingresos, consagren su vida a ascender socialmente, a acumular fortuna, a traicionar los intereses de la clase de la que son originarios. Y de esto tenemos muchos ejemplos.
Y para terminar y refiriéndome a una palabra utilizada en esta crítica: “el juego al socialismo”. Si fuese un juego habría cuando menos que admitir que ha sido un juego muy costoso. Son demasiados años, catorce…
RS: ¿Ha habido muchos renunciamientos Marcelo? ¿Peligros?
MQSC: Bueno, podría recordar, no lo habría querido hacer, detesto las referencias de carácter personal, pero creo que no hay forma de represión política que no hubiese sufrido. Está, desde luego, la expulsión de la Cámara de Diputados; el secuestro en el palacio de Justicia con violación de ese recinto; dos atentados con bombas en mi domicilio; el del campo de concentración en Madidi; la muerte de mi padre, se me impidió asistir al entierro de mi padre; exilio; intento de asesinato, y no sé todavía lo que me depare el futuro, y le aseguro a todo aquel que piensa que soy un burgués que “juega al socialismo”, ¡no es un juego!
RS: Cuando usted en el gobierno, aquél paso aunque fugaz por el gobierno del general Ovando, ¿le deparó algún capital de satisfacciones como para compensar los desengaños que tuvo hasta entonces en su vida política?
MQSC: Sí, decididamente sí. Recordarán ustedes que durante ese gobierno el 17 de octubre de 1969, se aprueba un Decreto por el que se nacionaliza el petróleo. Esa es una medida, por ejemplo, que compensa con creces todo aquello que había relatado hacia un momento. Pero es hacer alusión a una medida de una importancia económica especial a la que, si usted quiere, podemos referirnos después.
Yo quisiera decir, por ejemplo, que hechos sencillos como luego del retorno a la patria después de 7 años de exilio, encontrarse nuevamente con los trabajadores, con los estudiantes, con la juventud intelectual de avanzada y comprobar que la palabra de uno es digna de crédito, también compensa y con creces de todo lo que he dicho.
Banzer gestó el golpe de 1980 para matar a Quiroga Santa Cruz
Hace 35 años, el 17 de julio de 1980, se registró uno de los golpes más cruentos de la historia de Bolivia, el que encabezó Luis García Meza y la Junta de Comandantes con el objetivo asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista (PS-1).
Quiroga Santa Cruz fue asesinado ese día luego de ser herido en el edificio de la Federación de Mineros donde se realizaba la reunión del Comité Nacional para la Democracia (CONADE) y posteriormente fue torturado y muerto en el Estado Mayor y los rumores siempre apuntaron a Hugo Banzer Suárez como al autor intelectual de esa muerte.
En una entrevista dada al periodista Eddy Andrade Valdez de la red ERBOL, el 18 de marzo de este año, el ex dictador Luis García Meza reconoció lo que fue un grito a voces durante mucho tiempo. “(Hugo Banzer) venía a llorarme a mi casa para que hagamos el golpe del 17 de julio, porque él es el que escogió la fecha. (Yo) no sabía nada, él hizo todo y él mató a Quiroga Santa Cruz”.
En 2002 el ex edecán de Banzer, Luis Azurduy, reveló una información que corrobora estos hechos ya que según su versión, los paramilitares que tomaron la COB y mataron a Marcelo Quiroga Santa Cruz eran el grupo de seguridad de Yolanda Prada de Bánzer
El motivo detrás de la necesidad de matar al líder socialista está en el hecho de que en 1980, Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer Suárez por sus actos durante siete años de gobierno dictatorial de 1971 a 1978, tanto por las violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones, como por el endeudamiento y crisis económica en que sumió al país.
“El objetivo era matar a Marcelo Quiroga, fueron directo a matarlo”, sostiene Roberto Ruiz Bass Werner quien recuerda ese 17 de julio en el que él se enteró del golpe, siendo estudiante universitario en La Paz y miembro de Partido Socialista 1 (PS-1) de Marcelo Quiroga Santa Cruz. “Lo primero que hice fue ir a buscar a un primo universitario que estaba con un amigo troskista y les dije que guarden sus libros porque se dio el golpe y se rieron y no me creyeron”. Le dijeron que las condiciones no estaban dadas para un golpe de Estado.
“Estábamos a 50 metros del edificio cuando oímos un tiroteo y aparecieron las ambulancias, salieron paramilitares con acentos de gauchos y nos pusieron contra la pared y no nos dejaron avanzar. Cuando se fueron las ambulancias entramos y vimos el cuerpo de Carlos Flores y otro dirigente tirados, preguntamos por Marcelo Quiroga y nos dijeron que se lo habían llevado herido, arrastrándolo hacia las ambulancias con rumbo al Estado Mayor”.
Marcelo Quiroga no se esperaba el golpe, sostiene Jaime Paz Zamora, ex presidente de Bolivia, “porque cuando fue el de Natush Bush no se apareció y ese día sí fue a la reunión, él no creía que iba a haber golpe”.
Ese día fueron detenidos los dirigentes sindicales de las diferentes organizaciones de trabajadores de Bolivia, muchos de ellos fueron torturados y asesinados excepto Juan Lechín Oquendo, máximo dirigente de la COB quien recibió un trato diferente y luego fue liberado y enviado al exilio.
“No se porque pero a él lo soltaron”, recuerda Paz Zamora.
Mientras, la gente resistía en las calles y enfrentaba a los soldados que salían con los tanques en las calles, muchos morían ametrallados. “La gente de La Paz era muy valiente”, recuerda Teresa quien prefiere usar un nombre ficticio y quien vivió el golpe de estado en La Paz y cuyo esposo fue dirigente sindical, perseguido y exiliado político. “Decían que a los soldados los drogaban para que tuvieran el valor de disparar contra el pueblo”.
“Los rumores de golpe eran permanentes- recuerda Teresa-. Mi esposo tenía un amigo que lo estimaba mucho y era pariente de Arce Gómez, este amigo le advertía cada vez cuando se avecinaba un golpe de estado y mi marido se lo decía a Juan Lechín y a la dirigencia, que no se lo tomaban en serio pero la COB denunciaba entonces, a través de los medios de comunicación, la fecha en la que se iba a dar el golpe de estado y este se posponía”.
Por alguna razón, según Teresa, antes de ese golpe, este amigo no le advirtió a su esposo por lo que él no pudo dar la voz de alarma a los dirigentes de la COB. “Nosotros supusimos después, que este amigo no le dijo nada esta vez porque su pariente, Luis Arce Gómez, ya le había ofrecido algún cargo en el nuevo gobierno, porque luego del golpe supimos que estaba en un cargo. Pero era una buena persona y fue leal y nos ayudó a permanecer clandestinos luego del golpe para que no nos detuvieran antes de que saliéramos al exilio”.
Teresa recuerda los días posteriores al golpe de estado, cuando tuvo que abandonar su casa con sus cuatro hijos y buscar refugio para cada uno de ellos en diferentes lugares y también para ella, pero fundamentalmente para su esposo que se salvó de ser apresado en la reunión del CONADE por casualidad, debido a que salió de allí un momento para hacer un trámite antes de la pausa del medio día y cuando intentó volver se enteró del golpe y ya no volvió.
La clandestinidad y el exilio eran las únicas dos opciones de los militantes de izquierda de aquellos tiempos en los que se luchaba en contra del autoritarismo y por los ideales de una sociedad democrática y cuando Luis Arce Gómez que era el ministro del Interior les advirtió que debían andar con el testamento bajo el brazo.
“En esos tiempos éramos jóvenes de diferentes posturas ideológicas que confluíamos en las calles y nos rebelábamos contra la dictadura, pero el objetivo común era la lucha en contra de las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras, primero de Hugo Banzer Suarez y luego de Luis García Meza”, explica Miguel Navajas quien fue activo militante del Movimiento de izquierda revolucionaria y posteriormente del Movimiento Bolivia Libre (MBL).
En la dictadura hubo al menos 500 muertos, 4000 detenidos y una cantidad indeterminada de desaparecidos.
Lo que asombra hoy, en la coyuntura política actual es que hubiera tanta gente dispuesta a arriesgar su vida por un ideal. “Nosotros discutíamos por nuestras diferencias ideológicas entre nosotros y no por pelearnos un cargo y eso debiera tener presente a juventud actual. Mi mejor época fue la de contribución junto a miles y miles de jóvenes para que este país fuera democrático”.
Navajas es la voz de los miles de personas que lucharon y murieron por la democracia y que hoy son anónimos y cuya postura es difícil de entender para las generaciones que no vivieron la dictadura en Bolivia.
“Nuestra postura tenía que ver mucho con la formación familiar y con el compromiso que se traduce en principios y la transformábamos en una ideología que es como nuestra fe, la cultivamos, la amamos, como tenemos fe en Dios hay que tener fe en construir un país mejor en el que no haya autoritarismos y todos tengamos derecho a disentir”
En 1981 se produjo también la llamada masacre de la calle Harrington, cuando fueron asesinados ocho miembros de la Dirección Nacional Clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Hoy se sabe quiénes mataron a Quiroga Santa Cruz y quiénes participaron en esta masacre y siguen libres, no se ha hecho justicia”, lamenta Miguel Navajas quien vivía en Tarija durante el golpe de Estado y permaneció en el país tres meses en la clandestinidad y tuvo que salir a Perú y posteriormente fue enviado a Suecia. “Desde allí-recuerda-seguimos apoyando a la resistencia con recursos que provenían de nuestros sueldos y en ello nos ayudaba la Iglesia que era la encargada de hacer llegar el dinero a los que correspondiera, que eran compañeros que se habían quedado resistiendo en el país y que pasaban necesidades”.
La caída del régimen
dictatorial
Al régimen dictatorial de Luis García Meza se lo recuerda como uno de los más cruentos por la cantidad de muertos y desaparecidos pero se lo vincula también con los innumerables actos de corrupción e incremento del narcotráfico en Bolivia.
La dictadura duró algo más de un año, hasta el 4 de agosto de 1981 cuando Luis García Meza fue obligado a renunciar por otra junta militar que debió iniciar la transición a la institución de un gobierno democrático.
Ese fue el último golpe de Estado que soportó Bolivia luego de una larga historia de sucesivos golpes de estado.
El triunfo de la UDP y el fracaso de la democracia pactada
Los antecedentes del golpe militar de Luis García Meza se remontan a la convocatoria a elecciones hecha por Hugo Banzer Suárez en medio de la crisis de su gobierno dictatorial y que tenía como objetivo ir hacia lo que se denominó democracia pactada, según explica el ex presidente Jaime Paz Zamora. “Ese era el proyecto inicial de Banzer que pensó en un gobierno de los civiles (partidos de derecha como MNR, ADN y Falange Socialista Boliviana) con los militares, como habían gobernado siempre”.
Ese plan se vino abajo por la aparición de la Unidad Democrática Popular cuyo líder, Hernán Siles Suazo, provenía de la división del MNR y logró aglutinar en torno a sí a la izquierda boliviana. Exceptuando el partido Socialista 1 (PS-1). Jaime Paz fue primero candidato a senador y posteriormente a vicepresidente.
La UDP ganó tres elecciones consecutivas con la corte electoral totalmente en contra. “Nosotros arrasábamos-explica- Paz Zamora, sacábamos más del 70% pero ellos no nos daban más que el 36%”, por este motivo se llevaba la elección al Congreso donde se empantanaba. Eso llevó a la designación del presidente del Senado, Walter Guevara Arce a la presidencia que duró muy poco pues el 1 noviembre de 1979 se produjo el fallido golpe de Natush Bush.
Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) que generó a su vez una violenta represión generalizada, incluyendo la Masacre de Todos Santos, donde murieron más de 100 personas y se produjeron 30 desaparecidos. Dieciséis días después, la resistencia popular obligó a Natusch Busch a devolver el poder al Congreso que eligió a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, como Presidente interina de la República, hasta las elecciones del 29 de junio del año siguiente.
Pero la tensión política y social en Bolivia continuaba y era permanente, del 21 de marzo de 1980, el padre Luis Espinal fue detenido por paramilitares, torturado y asesinado. Su cuerpo fue hallado la tarde del día siguiente.
El 2 de junio, antes de las elecciones se realizó el atentado terrorista de derecha que hizo estallar en el aire el avión en el que debió estar Siles Suazo, quien salvó su vida al no subir al avión debido a su estado de salud después de sucesivas campañas electorales y el candidato a vicepresidente Jaime Paz Zamora quien si iba en el avión y sufrió serias quemaduras en la cabeza y las manos. En el atentado murieron importantes líderes de la Unidad Democrática y Popular (UDP).
La avioneta pertenecía a una compañía de taxis aéreos de propiedad de Luis Arce Gómez, quien asumió el Ministerio del Interior en el golpe de estado que se realizó un mes después y se encontraba directamente a cargo de las actividades clandestinas de represión e inteligencia.
Antes de la elecciones y durante el cierre de campaña, Hernán Siles Suazo sufrió otro atentado en El Prado donde le lanzan tres granadas pero no lo matan, en el hecho pierde la vida un niño y otras dos personas.
Contra lo esperado por los sectores golpistas, el ataque incrementó la popularidad de Siles y en las elecciones obtuvo el doble de los votos obtenidos el año anterior.
“Ellos tenían la Corte electoral en sus manos y no nos reconocían los votos que en realidad sacábamos sino mucho menos pero no podían ocultarlo todo así que igual ganábamos”, recuerda Paz Zamora.
Nuevamente se niegan a entregar el gobierno a Hernán Siles Suazo y designan a Lidia Gueiler Tejada presidenta y comienza a gestarse el golpe.
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