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domingo, 30 de octubre de 2022

La lucha de los encomenderos por la perpetuidad de las encomiendas. Debates y posiciones - Las acciones de los encomenderos

A mediados del siglo XVI, los encomenderos empezaron “el largo y complejo forcejeo por la “perpetuidad” de las encomiendas que marcó la historia colonial indiana del siglo XVI” (Barnadas, 1973). Como ningún otro, este tema mostró la tensión entre distintos proyectos que circulaban en la sociedad colonial, aunque los encomenderos modificaron el discurso jurídico empleado en el proyecto pizarrista en el Perú y presentaron nuevos argumentos en torno a la perpetuidad. En 1550, los vecinos de La Plata mandaron a los procuradores a la Corte regia afirmando que los indios estarían “mejor doctrinados y más bien tratados y relevados” si estuvieran dentro de encomiendas perpetuas. Posteriormente, entre los argumentos utilizados, se mencionó la necesidad de pacificar a los españoles, además de los beneficios a la Corona, la colonización y otros.

En Charcas, los cabildos de las ciudades de La Plata y de La Paz eran los más arduos defensores de la perpetuidad de las encomiendas. Los encomenderos tenían poderosos aliados como fray Tomás de San Martín que llevó las súplicas de sus amistades a España. A su vez, los encomenderos limeños formaron una embajada para negociar la perpetuidad, valiéndose de sus méritos en la pacificación de la sublevación del ambicioso Hernández Girón que levantó sus banderas en defensa de los mismos privilegios a los que ellos aspiraban. Posteriormente, entre los defensores de los encomenderos se encontraban los célebres funcionarios Juan de Matienzo y Polo de Ondegardo. Por otro lado, en algunos casos, los propios encomenderos cambiaron radicalmente de posición en torno a la perpetuidad. Por ejemplo, Lorenzo de Aldana, que era parte del grupo de encomenderos- mineros partidarios de la perpetuidad, “dio giro radical en su posición”, cuando ordenó en su testamento restituir el repartimiento Paria-Capinota a favor de los indios (Del Río, 2005).

Al respecto, la Corona tuvo que tomar algunas medidas, identificadas por Barnadas (1973): por un lado, proteger los derechos de los indígenas y, por otro, satisfacer las demandas de los conquistadores, frenando sus anhelos de autonomía. Aquello ocurrió en el marco de las crecientes necesidades financieras del imperio de Felipe II. Este interés económico hizo que se evaluara la propuesta de los encomenderos que ofrecieron 7.500.000 ducados a la Corona. Pero, los investigadores tienen dudas acerca de la capacidad de pago de los encomenderos y de la posibilidad de reunir esta suma, incluso reuniéndola en varias ciudades: a la ciudad de La Paz le tocaba pagar 816.000 ducados y a La Plata, 1.200.000. Finalmente los propios cabildos reconocieron la incapacidad financiera de los encomenderos para cumplir con dicha propuesta.

La Corona estuvo muy cerca de aceptar la perpetuidad. En 1561, se produjo el reemplazo del virrey conde de Nieva por el virrey marqués de Cañete, que mandó a los comisarios investigar sobre la posibilidad tanto de la perpetuidad como la de recaudar la mayor cantidad de dinero para el fisco negociando con los encomenderos, con los pretendientes o con las autoridades indígenas. Se buscaba las mejores ofertas pero, también las que no amenazaran la situación política. Polo de Ondegardo era el encargado de estudiar la posición de los curacas acerca de la perpetuidad y, por otro lado, la posibilidad económica de los encomenderos de poder realmente pagar a la Corona, consultando con los procuradores limeños. Anteriormente, algunos encomenderos intentaron negociar con las autoridades étnicas, prometiendo dejar la perpetuidad a cambio de una suma elevada. Por su parte, algunos funcionarios también calcularon que el Estado podía obtener de los indios contrarios al proyecto de perpetuidad la suma deseada. La complejidad de la situación y el amplio conjunto de actores involucrados no dejaban tomar medidas definitivas, puesto que cualquiera de ellas podía traer consecuencias indeseables para el Estado. Si la perpetuidad podía fortalecer el estamento de los encomenderos, la inmediata puesta de los indios en manos de la Corona podía provocar una nueva revuelta.

Frente a esta situación, se hizo patente el tercer proyecto, el de la iglesia. Si bien, en 1540, este proyecto coincidía en parte con el de la Corona en materia de la “defensa” del indio, expresada en las Leyes Nuevas, luego, el partido lascasiano se movilizó frente al peligro que representaban los encomenderos. En 1555, Bartolomé de Las Casas pidió que se designara procurador de los indígenas al limeño Diego de Ocampo, mientras que fray Domingo de Santo Tomás decidió residir en España desde 1555 hasta 1561 para influir sobre las decisiones tomadas al respecto. Debido a la presencia de los comisarios en el Perú, el dominico regresó al virreinato para persuadir a los indígenas del peligro de la perpetuidad y de la urgencia de pagar a la Corona, si fuera necesario. Con este fin, se realizaron también visitas a los repartimientos con los comisarios que, a su vez, intentaban convencer a los indígenas de las ventajas de la perpetuidad.

Es en este contexto se produjo una reunión en la población de Mama (reducción de San Pedro de Mama, a siete leguas de Lima), en 1562: allí, una asamblea de caciques de todo el Perú resolvió, con fray Domingo de Santo Tomás, proponer al Consejo de Indias la extinción de las encomiendas a “cambio de un autogobierno indígena con considerable gravamen impositivo”. Según Platt, hubo otras reuniones de este tipo en el virreinato. Los dominicos Santo Tomás, Jerónimo de Loayza y Bartolomé de Las Casas comunicaron la propuesta al rey de España. Los debates sobre la perpetuidad dejaron aflorar temores respecto a la resistencia inca que se mantenía en Vilcabamba y, en 1564, la Audiencia de La Plata discutió las medidas de seguridad que se debía adoptar contra los “posibles excesos de los indios en Potosí”, ciudad donde se estableció también el poder de la élite incaica (Medinacelli, 2008).

El rey, entonces, realizó varias consultas colectivas y convocó las juntas compuestas por los funcionarios del Estado y de la Iglesia en varias oportunidades, con el fin de encontrar la respuesta a lo que estaba sucediendo en el Perú. Después de la célebre junta de Valladolid (1550-1551) donde se destacó la actuación de Bartolomé de Las Casas, Fray Tomás de San Martín y Pedro de La Gasca en contra la perpetuidad, se produjeron arduos debates en la junta de 1556 y prevaleció la oposición a la perpetuidad. Aunque la junta de 1568 la aceptó parcialmente, la de 1579 expresó una opinión favorable a la concesión perpetua de las encomiendas. Sin embargo, los debates quedaron inconcusos: ninguna propuesta fue aceptada ni rechazada.
Juan de Matienzo

jueves, 20 de octubre de 2022

El mundo indígena - Los intentos de resistencia

Mientras se mantenía la resistencia inca en Vilcabamba, en los años 1560, en los confines de los territorios conquistados por la Corona en el Perú surgieron otros focos de resistencia al régimen. Se trata de las “acciones conspirativas” en el valle de Jauja vinculadas, según el gobernador Lope de Castro, con el foco rebelde incaico. Por otro lado, al sur de Charcas, en la provincia de Tucumán, en el territorio de diaguitas y juries, a principios del año 1563, el curaca superior de los diaguitas, Juan Calchaquí, cercó y destruyó un puesto de avanzada española denominado Espíritu Santo.

La rebelión se extendió por todo el territorio sureño, puesto que Calchaquí logró organizar una confederación militar cuyos integrantes llegaron ser los guerreros de varios grupos étnicos. Calchaquí intentó levantar a los curacas de los Charcas contra los españoles, pero su intentó fracasó. Según las autoridades de la audiencia, logró establecer contactos con los chiriguanos quienes, intensificaron sus ataques contra las tropas de Manso y Chaves en 1564 (Schramm, 2012). Es posible, de acuerdo a este autor, que la alianza entre Calchaquí y los chiriguanos impidió que curacas de la antigua confederación de los charcas que “tradicionalmente eran enemigos de los chiriguanos” se unieran a los rebeldes; éstos recién fueron derrotados en 1566 por las tropas enviadas por la Audiencia de La Plata encabezadas por Martín de Almendras.

Schramm califica la resistencia de Mancu Capac en Vilcabamba o del cacique Calchaquí en Tucumán como “el peligro desde las periferias”. Añade que se lo puede explicar con la menor presencia ahí del aparato colonial de control y de represión, pero también desde el punto de vista de los conceptos andinos como pachakuti que refleja la experiencia histórica. Pachakuti pudo haber causado una acción política con la que se esperaba, desde la periferia, llegar hasta el centro y, de acuerdo a los conceptos andinos, la periferia por excelencia era el Antisuyu de la pendiente amazónica, que ya durante el Tawantinsuyu se había opuesto consecutivamente a cualquier intento de civilización (Schramm, 2012: 280).

Por otro lado, Oliveto (2010: 58) opina que la presunta alianza de los chiriguanos con Calchaquí produjo temor acerca de un posible avance chiriguano hasta Potosí y “las referencias sobre ellos pasan de ser meramente geográficas a abiertamente condenatorias”, lo que se puede interpretar como la preparación de un programa de expansión colonizadora sobre la frontera. En base a esta idea se organizó el proyecto colonizador, aún cuando paralelamente se sostuvieron relaciones de intercambio de diversa índole y frecuencia con estos mismos grupos indígenas. En el marco de este proyecto, los españoles se arrogaron el derecho de nombrar y asignar roles -enemigos o amigos- y modos de ser -salvajes o civilizados, infieles o fieles, indómitos o dócilesa los indígenas (Oliveto, 2010: 58).

miércoles, 19 de octubre de 2022

El mundo indígena - Tasa de Chucuito que ahora se dio por virtud de esta visita

“El Licenciado Lope García de Castro del Consejo de S. Magestad presidente en la Audiencia y Chancillería Real de esta ciudad de Los Reyes y su gobernador en estos Reinos y provincias del Perú a vos los caciques principales e indios de la provincia de Chucuito y valles de Sama Moguegua y Ochura Larecaja y Capinota y los demás vuestros subjetos que estáis en cabeza de Su Magestad …os mando que desde el primer día del mes de enero de año venidero de mil y quinientos y sesenta y nueve años en adelante en cada un año en el entretanto que por Su Majestad o por mi en su real nombre otra cosa se provee acudáis a Su Magestad y a sus oficiales reales en su nombre con los tributos siguientes.

Primeramente dareís cada año un veinte mil pesos de plata ensayada y marcada de valor de cada uno de a cuatrocientos y cincuenta maravedíes puestos a vuestra costa en la ciudad de Arequipa en poder de los oficiales reales de Su Magestad que en ella residen cada seis meses la mitad. Item daréis en cada un año un mil y seisientos vestidos de lana los mil de auasca y los seisientos de cumbi la mitad de hombre y la mitad de mujer que se entiende un vestido manta y camiseta o anaco y liquilla la manta del indio y anaco de la india de cumbi… puestos a vuestra costa en la Villa imperial del asiento de Potosí en poder de los oficiales reales de Su Majestad de seis en seis meses la mitad.

Fuente: Visita hecha a la Provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567, en: Espinoza Soriano; Murra, 1964.

martes, 18 de octubre de 2022

El mundo indígena - Sobre tasar los tributos de los indios de la provincia de Chucuito

“Segovia, 23 de septiembre de 1565

El rey. Licenciado Castro del nuestro consejo de las Indias, y nuestro presidente de la audiencia real que reside en la ciudad de los Reyes de las provincias del Perú: Bernardino de Romani, nuestro factor y veedor en esa provincia de la Nueva Castilla, envió ante Nos al dicho nuestro consejo, una relación firmada de su nombre de lo que nuestra hazienda vale en cada un año de esa provincia…hay una partida que dice que los indios del valle de Chuchito valen y rentan en cada un año veinte y dos mil pesos, y porque se tiene entendido y es público en esa tierra que los dichos indios son muchos y muy ricos, y que tienen muchas granjerías en minas y en ganados, y que según son muchos y ricos y la disposición que tiene; y tasándose muy moderadamente, conforme a lo por Nos proveído y mandado como dan veinte y dos mil pesos, podrían pagar sin vejación y molestia ninguna más cantidad en cada un año; y habiéndose visto lo suso dicho por los del dicho nuestro consejo, fue acordado que debíamos mandar dar nuestra cédula para vos …sobre la tasación de los indios en esas provincias, proveáis que alguna persona de confianza que tenga inteligencia en semejantes negocios, vaya a la dicha provincia de Chuchito y haga información particular de la cantidad que son los dichos indios, y de las granjerías de minas y ganados y de labranza y crianza, y otros aprovechamientos que tuvieron y de lo que cada uno de ellos podrá pagar de tributo…teniendo siempre consideración y respeto a lo proveído y dispuesto en las dichas nuestras leyes y provisiones”.

Fuente: ABNB, Cédulas Reales (ACh), Real Cédula 70, 1565.

Cedulario de la Audiencia de La Plata de los Charcas (siglo XVI).

lunes, 17 de octubre de 2022

El mundo indígena - El control sobre la población indígena

El control español sobre la población indígena se realizaba a través de las visitas que eran investigaciones administrativas ordenadas por las autoridades coloniales para inspeccionar la cantidad de población indígena y sus recursos en el área rural, la tasación de tributos, así como la fiscalización y la imposición del control real sobre las autoridades étnicas y los funcionarios locales. Las visitas fueron instruidas por el rey, el virrey o los funcionarios reales o eclesiásticos, ya que muchas veces se efectuaban conjuntamente las visitas laicas y eclesiásticas. Las visitas de las autoridades reales podían ser ordenadas por el virrey: en este caso tenían carácter de generales: comprendían todo el territorio del virreinato o bien eran específicas en una audiencia, un corregimiento, un repartimiento de indios o una encomienda. La primera visita general fue ordenada por el presidente de la Audiencia de Lima, Pedro de la Gasca, en 1549. Las visitas específicas se realizaban cada cierto tiempo: podía ser cada cuatro años como la conocida visita de Chuchito efectuada por Garcí Diez de San Miguel en 1567, o la de León de Huánuco, hecha por Iñigo Ortiz de Zúñiga en 1562.

Algunas visitas se realizaban casa por casa, cuando la comitiva llegaba a los lugares donde residía la población indígena, o pueblo por pueblo, cuando las autoridades étnicas estaban encargadas de reunir la población en un lugar determinado según un orden específico por parcialidades, mitades o ayllus. Con el tiempo, esta última modalidad se convirtió en una formalidad, cuando los visitadores se reunían con las autoridades indígenas y verificaban los registros realizadas previamente por las autoridades étnicas además de otra documentación como los libros parroquiales.

Algunos investigadores (Guevara Gil y Salomón, 1994) interpretan las visitas como rituales estatales a través de los cuales el Estado llegaba hasta los rincones más remotos, imponiendo un modelo social y disciplinando a sus súbditos. Zagalsky (2009) sostiene que esta función disciplinadora del Estado se reflejaba por medio del uso de la fuerza, tomando como ejemplo la revisita efectuada al pueblo de Caiza, cerca de Potosí. En este caso, la inspección se iniciaba con la instalación de una horca en la plaza del pueblo “para hazer justicia a los rebeldes e inobedientes”, a pocos metros del establecimiento de la


comisión visitadora. Dicha comisión constaba de un juez visitador, un escribano, un intérprete, acompañados por el encomendero o un oficial real, los caciques, el protector de naturales y un alguacil como oficial encargado del uso de la fuerza.

Era frecuente que los propios jefes étnicos solicitaran las revisitas para cambiar la situación a su favor y solicitar las retasas. Así, durante la administración del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete (1556-1561), cumpliendo las órdenes del Consejo de Indias, se inició la tarea de las retasas suspendidas por el alzamiento de Hernández Girón. Aunque se permitía a los encomenderos gozar de rentas altas, los indios obtuvieron el derecho de demandar a sus encomenderos para recuperar los excesos de los tributos cobrados. En esta época, los señores de Chayanta intentaron frenar las exigencias de su encomendero, Martín de Robles, pero recién presentaron su demanda ante la Corte en 1567, es decir más de diez años después de la muerte del culpable. Con la llegada de Toledo, los mallkus de Sacaca iniciaron un juicio contra los herederos del encomendero Alonso de Montemayor; años antes, a petición de ellos, los sacerdotes de Sacaca ya habían preparado probanzas que atestiguaban que el repartimiento “había venido a menos” (Platt et al., 2006).

Asimismo, en la década de 1550, los caciques de la encomienda de los Alvarado, en los Yungas de La Paz, reclamaron y obtuvieron la retasa, logrando reducir la variedad de las prestaciones y el tributo en coca. Cuando se llevaron a cabo las visitas al repartimiento de Songo, Challana y Chacapa, en 1568 y 1569-70, un grupo de caciques solicitó la retasa para logar una rebaja, arguyendo la disminución del número de indios. Las autoridades étnicas lograron reducir el monto del tributo en 30%, pero los encomenderos también solicitaron una segunda visita. Durante aquella, se visibilizó la existencia de chacras de comunidad que las autoridades principales habían ocultado a las autoridades españolas. El pleito duró varios años, logrando los indígenas la retasa más favorable que sin, embargo, fue modificada por el virrey Toledo (Percovich, 2010).Mapa region lupacas

jueves, 13 de octubre de 2022

El mundo indígena - La mita pre-toledana

Las cargas laborales que debían cumplir los indígenas en forma obligatoria se asociaban con el concepto de la mita o turno rotativo. Existieron diferentes tipos de mita y la más importante era la de las minas del Porco y Potosí. Desde la entrega a los españoles de Porco, los mallkus les concedieron los primeros mitayos que inmediatamente empezaron a trabajar las minas de plata registrados en los chinu y los quipus, sistemas mnemotécnicos aymara e inca. Posteriormente, los encomenderos que relevaron a los hermanos Pizarro también mantuvieron un número consistente de mitayos en las minas y obtenían una renta por el trabajo de los indios en las minas y en la villa de Potosí. La entrega de las minas de Potosí trajo graves consecuencias para muchas comunidades indígenas, puesto que los encomenderos enviaron sus trabajadores indígenas con la obligación de traer de vuelta una cantidad de metal. Además, el desarrollo de Potosí se basaba en la inclusión de las economías indígenas en las redes de circulación de este espacio económico. Los grupos aymaras lupacas, pacajes y canas que proporcionaban la mano de obra (chacaneadores) a Potosí poseían también amplios recursos ganaderos utilizados para el trajín de los productos.

Con la “entrega” de Potosí se produjo “una auténtica avalancha de gente de toda condición y capacidad” (Barnadas, 1973) hacia el Cerro Rico, incluidos los indios de las encomiendas de todas partes del Perú: La Paz, Arequipa, Cusco, Huamanga, Lima, Huánuco, Trujillo e incluso Chachapoyas. Aquello fue posible gracias a la política de tolerancia desarrollada por La Gasca y las retasas promovidas por el virrey Cañete, anteriormente suspendidas por el alzamiento de Hernández Girón. Cuando La Gasca intentó limitar los servicios personales, esta política habría sido perjudicial a los tributarios mismos que, acostumbrados a la mita prehispánica, empezaron a pagar su tributo con la plata de los yacimientos existentes en su territorio (Platt et al., 2006). Es decir que se mantuvieron formas de circulación prehispánica que proporcionaban los indios a los encomenderos y a los mallkus: la prestación de trabajo fue una de ellas. Sin embargo, como ésta fue formalmente prohibida a partir de las reformas de La Gasca, los nuevos encomenderos llegaron a un acuerdo con los caciques sobre qué servicios personales no se iba a registrar en los chinu. Los investigadores han mostrado que los indígenas de la confederación caracara-charcas se preparaban para la mita como si continuaran prestando servicio al Inca, como partiendo a la guerra: por ello, cuando salían de sus comunidades, no lo hacían solo con sus alimentos, sus mujeres y sus llamas, sino también con atuendos de guerra, como los tocados con plumas.

No obstante, las autoridades coloniales estaban empeñadas en terminar con las obligaciones laborales y con el envío de los indios a Potosí. En julio de 1551, se dictó una provisión que ordenaba al Licenciado Polo de Ondegardo la realización de una encuesta para conocer la cantidad de indios de encomienda que trabajaban como mitayos cumpliendo labores de forma gratuita para poder pagar la tasa. La misma provisión, aún antes de conocer los resultados, dictaminaba el retorno de los indios que trabajaban en Potosí. Los resultados arrojaron la presencia de indios de 22 encomiendas de La Paz, La Plata, Cusco que estaban al servicio de 130 encomenderos. 75% de los encomenderos paceños habían llevado a sus indios a Potosí (Barnadas, 1973). Se calcula que en la Villa Imperial se encontraban cerca de 5.000 trabajadores mitayos acompañados de sus familias, subiendo el número de esta población hasta 20.000 o 25.000 personas. A su vez, Polo de Ondegardo reveló que algunos grupos como los lupacas o sus caciques también sacaban provecho del trabajo y comercio en esta ciudad.

Los servicios personales también eran utilizados para el trabajo en los obrajes que poseían encomenderos como Juan de Rivas y Hernando Chirinos, en La Paz, o Gabriel Paniagua, en Mizque. Pero fueron sobre todo destinados al trabajo agrícola a lo largo y ancho del territorio de la Audiencia de Charcas para satisfacer la creciente demanda de productos para los centros urbanos o mineros. El producto que obtuvo una creciente demanda era la hoja de coca producida en varios lugares como los valles de los Yungas de Pocona y Totora en Cochabamba, y los Yungas de La Paz. Según Mercedes del Río (2010), la encomienda de Pocona fue una de las más rentables en Charcas, y su población fue repartida entre varios encomenderos. Schramm sugiere que los españoles sintieron “fascinación” por las tierras de Pocona y Mizque por las “excelentes condiciones para la agricultura y la ganadería, sino también por las plantaciones de coca” (Schramm, 2012: 49). El mismo autor asegura que:

… en la época del descubrimiento de las minas de plata en Potosí, una canasta se vendía por lo menos en 14 y máximo en 20 pesos, de manera que tan sólo el impuesto sobre la coca aseguraba a los encomenderos un ingreso de entre 158 000 y 240 000 pesos…entendemos la preferencia por los repartimientos que tenía plantaciones de coca en los Yungas. Y como los compradores de la coca eran, más que todo, indígenas, los encomenderos sacaban doble ventaja de su entorno indígena: productores y consumidores fueron la base para sus enormes riquezas (Schramm, 2012: 54).

En los Yungas de La Paz, la encomienda de Songo, Suri y Oyuni fue primero otorgada a Gabriel de Rojas y, después de las guerras civiles, a Alonso de Mendoza (1549-1550) por un breve período y luego a Alonso de Alvarado (1550 a 1555) y a sus herederos: allí también, el producto principal era la hoja de coca. Los numerosos estudios realizados sobre esta encomienda (Rostworowski, 1983; Tranchand, 1985; Murra, 1991) se han enfocado en diversos temas relacionados con la población indígena, la tasación y el impacto de las reformas de La Gasca.

La producción de la coca y de otros productos destinados al mercado, realizada en el marco de las encomiendas, fue indudablemente una base económica para los encomenderos. Por tanto, las modificaciones que resultaron de la implementación de la retasa podían afectar su bienestar económico. Por esta razón, en enero de 1553, los vecinos paceños presentaron una petición ante la Audiencia de Lima donde expresaron su oposición a la supresión de los servicios personales, argumentando que los necesitaban en el servicio de sus casas y en las actividades de transporte de productos a Potosí (Assadourian, 1988). A pesar que los vecinos paceños no lograron su propósito por la vía legal, lograron evadir las medidas en contra de los servicios personales promovidas por La Gasca, excediendo los límites impuestos por la tasa, obligando a los indios a cultivar más productos de los permitidos o simplemente evitar el registro de los productos en las listas de la tributación. Así, la tasa de coca de la encomienda de Alonso de Alvarado aparentemente fue reducida en 26% en comparación con la tributación que recibió el encomendero anterior; sin embargo, hubo otros productos con “una imposición extra-tasa” como lo califica Percovich (2010).

Y si las autoridades coloniales no lograron suprimir los servicios personales a la fuerza o por la persuasión, los indígenas empezaron a utilizar sus propias estrategias como fugar hacia sus enclaves étnicos y a las zonas de los valles orientales donde se convertían en yanaconas, empleándose al servicio de los chacareros dedicados al cultivo de los productos destinados al mercado potosino. Otra salida importante fue el asentamiento de los indígenas como yanaconas en las áreas urbanas y, sobre todo, en Potosí donde lograron obtener una categoría mayor que mitayos y mingas que, siendo libres, cumplían labores en las minas donde eran contratados por los dueños de minas e ingenios.

martes, 11 de octubre de 2022

El mundo indígena - Encomiendas y repartimientos

El régimen de la encomienda (jurisdicciones fiscales) fue acompañado por el de repartimientos (jurisdicciones laborales) diseñados para la organización y cumplimiento de trabajos obligatorios. Según Barnadas, la regla general para la denominación del repartimiento era la “comunidad indígena que constituye una o varias encomiendas (encomienda)”; en el caso de la encomienda, era la “atribución estable vitalicia o por más de una vida de un núcleo indígena con obligaciones recíprocas sin jurisdicción”. De acuerdo a este autor, “el repartimiento se refiere a una base territorial-humana y la encomienda a una concreta relación tributaria con el encomendero” (Barnadas, 1973).

Los límites entre ambas formas de organización eran difusos y no siempre coincidían como en el caso de los caracara que sufrieron fracturaciones a raíz de las superposiciones administrativas. Sin embargo, otros grupos como los soras no fueron afectados por la superposición de espacios administrativos coloniales y lograron mantener e incluso reforzar el modelo organizativo desde el período prehispánico y durante las primeras décadas coloniales. A pesar de ello, la macro-etnia sora -compuesta por la federación de ayllus aymaras jerárquicamente relacionados entre sí, que habitaban la faja transversal entre el altiplano central y los valles de Ayopaya y Cochabamba- reasentó el eje de la territorialidad de Paria del altiplano a los valles cochabambinos. Otras jurisdicciones que se impusieron en el mundo rural fueran las doctrinas o jurisdicciones religiosas administradas por los curas o frailes que adoctrinaban a los indios (Del Río, 2005). Posiblemente, el ordenamiento previo del territorio permitió la realización de transformaciones radicales de la organización territorial colonial.

A partir de 1565, la imposición de los corregimientos de indios por el orden del gobernador licenciado García de Castro, y posteriormente reglamentado por el virrey Toledo en 1574, alteró la territorialidad nativa puesto que los corregimientos incluyeron varios repartimientos y encomiendas a cargo del corregidor que recaudaba el tributo indígena y administraba la justicia, convirtiéndose en articulador del poder estatal en los territorios indígenas. El establecimiento de los corregidores de indios significó un fuerte avance del poder central sobre las jefaturas indígenas y contribuyó acentuar las divisiones anteriores. Así, los soras se distribuyeron en tres corregimientos: Sicasica, Cochabamba y Paria, mientras que en La Paz, el espacio nativo fue fragmentado en cinco unidades administrativas: Pacajes, Omasuyos, Paucarcolla, Larecaja y Sica Sica. Conjuntamente con la gobernación de Chucuito donde habitaban los indios lupacas, estos corregimientos comprendían los territorios de las antiguas jefaturas aymaras circunlacustres.

lunes, 10 de octubre de 2022

El mundo indígena - La tasa de La Gasca en Charcas

Después de la rebelión de Pizarro, el presidente La Gasca mandó al capitán Gómez de Solís a realizar la primera visita a los repartimientos charqueños para ajustar la tasa de tributación. Cuando concluyó la visita, en 1551, se determinó qué productos y qué cantidades se debía entregar a los encomenderos. La producción agraria estaba destinada a la venta en los mercados de Potosí, La Plata y Porco. Así, por ejemplo, los indígenas del repartimiento perteneciente a Pedro de Hinojosa tenían que entregar cantidades específicas de huevos, miel, tejidos de lana, etc.; además, se les exigía que cedieran anualmente 1.200 fanegas de maíz y minerales que cambiaban en los mercados de Potosí por pesos ensayados. Se intentó modificar el pago de los tributos de tal manera que los indígenas podían entregar los productos principales dependiendo de su especialización. Los caracara, calificados como hábiles mineros, entregaban metales mientras que los lupacas, especializados en pastoreo, pagaban en animales (Platt et al., 2006; Larson, 1992).

Después de la introducción en 1552 de la primera tasa de tributación, el repartimiento de Paria entregó a su encomendero, Lorenzo de Aldana, maíz y trigo del valle de Sicaya, ropa de abasca y de cumbi, costales y 11.000 pesos ensayados, además del trabajo de los indios yanaconas que cultivaban sus chacras y explotaban las minas de Andacaua (Potosí) y Berenguela (La Paz) y otros trabajos en la Villa de La Plata (Del Río, 2005). En la zona de La Paz, la tasa establecida por La Gasca favoreció la mercantilización de la hoja de coca y se produjo el aumento de las rentas del encomendero. Entre los tres repartimientos Songo, Suri, y Oyuni estudiados por Percovich (2012), se estableció una “nueva complementariedad orientada al mercado” puesto que, además de la coca que procedía de estos valles, éstos proporcionaban mano de obra como arrieros, pastores y cargadores para trasladar la coca a Potosí.

El impacto de la tasa de La Gasca sobre las comunidades era significante. En Sacaca, si bien no se cambió la lista de especies, hubo una disminución dramática de las rentas debido a la presión del encomendero Alonso Montemayor; en Chayanta, se triplicó el número de especies y fueron incluidos productos de lana, aperos para caballos y otros productos requeridos para el consumo español como aves europeas y cerdos (Platt et al., 2006).

El tributo se computaba a nivel del repartimiento entero y los caciques repartían la tasa entre sus indios produciéndose casos de abusos en la exigencia del pago y, en caso de necesidad, tuvieron que proveer de su propia hacienda, recurriendo incluso a préstamos de los españoles. Los encomenderos lograron obtener ganancias de los indios de encomienda ejerciendo una política de presión contra las autoridades étnicas. Alonso Montemayor, encomendero de Sacaca entre 1549 y 1556, retuvo durante casi seis meses en Potosí al mallku principal don Alonso Ayaviri como prisionero, y amenazó con ahorcar a varios caciques. Se lo calificó como una persona tacaña y cruel, empeñada en sacar el máximo provecho del repartimiento que no proporcionaba altas ganancias mercantiles. En otro caso, aparentemente, Martín de Robles buscaba congraciarse con Kanchi, el cacique principal de Chayanta, por medio de costosos regalos, pero los testimonios aseguraron que Kanchi se suicidó, ahorcándose como consecuencia de los maltratos y las exigencias de Robles y su temible esposa Juana de los Ríos para entregar más ganado, maíz y ropa (Platt et al., 2006).

Aunque las reformas de La Gasca permitieron a los encomenderos cobrar rentas bastante altas, hubo muchos abusos debido al pedido de sumas descomunales y la consiguiente imposibilidad de satisfacerlas. Por tanto, se afirmaba que “los indios siempre están presos por no pagar la tasa”. La importancia de la reformas de La Gasca consistió en haber fijado los montos de los tributos que, hasta entonces, eran definidos al antojo de los encomenderos. Además, los indios tenían derecho de denunciar a sus encomenderos para recuperar los tributos cobrados por demás. La introducción de esta ley fue posible tan sólo después de la derrota de la sublevación de Hernández Girón y la creación de un sistema de defensores de los naturales a partir de las reformas del virrey Toledo (1575).

domingo, 9 de octubre de 2022

El mundo indígena - La política tributaria después de la conquista

El rápido enriquecimiento de los encomenderos en la etapa de apogeo de las encomiendas se produjo gracias al cobro del tributo en especies y al servicio personal de los indígenas. La población indígena, como vasalla del Rey, tenía la obligación de pagar una cuota o tasa (en bienes, servicio o más tarde en dinero) de cada repartimiento.

En el siglo XVI se vislumbran tres etapas en la política tributaria. Hasta 1548, el tributo se cobraba en forma desordenada, sin tasación, por medio de la coacción y la negociación del monto tributario con los señores étnicos. A partir de la visita ordenada por el presidente La Gasca en 1550 para lograr la cuantificación del tributo, se aplicó una tasación general a la renta de la encomienda. En esta oportunidad, se efectuaron varias retasas y conmutaciones tributarias que permitieron de alguna manera controlar el poder de los encomenderos. Esta etapa duró hasta 1575, cuando el virrey Toledo generalizó la monetarización del tributo.

Durante la primera etapa, los españoles que habían participado en las guerras de conquista y luego en las guerras civiles recibieron de la población nativa la tributación en especie y parcialmente en dinero. El problema de la tasación de los tributos preocupaba a los partidarios de Bartolomé de Las Casas y a la propia Corona que buscaban limitar los excesos en el tema del cobro de los tributos, estableciendo un monto fijo para superar el sistema fiscal incaico. El sistema incaico contemplaba el establecimiento del monto fijo de tributo para cada grupo, pero también incluía una amplia gama de especies que no se producían necesariamente en cada repartimiento, lo que obligaba a obtener estos productos por la vía del intercambio. Otra parte de los tributos incaicos era contabilizada en servicios personales o en el trabajo, lo que variaba de un año a otro.

Algunos historiadores ven esta primera etapa como la continuación del “orden” incaico, puesto que, al igual que el Inca, cada encomendero recibía las especies de cada grupo en las encomiendas. Además, en el caso de los miembros de la confederación caracara - charcas, éstos trabajaban para sus amos como mineros, guerreros y agricultores. Así, el viaje del cacique Coysara a Chile para acompañar a Pedro de Valdivia en su expedición en 1540 fue considerado como un servicio militar a los conquistadores (Platt et al., 2006). La principal fuente de ingresos de Gonzalo Pizarro durante los cuatro años de rebelión fue su encomienda entre los caracara, encabezada por el mallku Moroco, que le permitía explotar las minas de su territorio. Asimismo, Francisco de Carvajal, maestre de campo de Gonzalo Pizarro, se apropió violentamente de la encomienda de Paria durante el tiempo que duró la rebelión en Charcas, recibiendo de la población indígena maíz, ganado, ropa y servicios en las minas, lo que le sirvió para subvencionar las guerras civiles.

Para obtener la tasa de los indígenas, era frecuente que los encomenderos recurrieran al uso de la violencia. En el testimonio del cacique principal de Songo (La Paz), Martín Coati, el testigo declara que escuchaba que su padre hablaba de un cobrador de tributos del encomendero Gabriel de Rojas quién “los hacía colgar a los dichos caciques y les hacía otras molestias y vejaciones muy grandes y les hacía buscar el dicho oro y plata” (citado en Murra, 1991: 505). El repartimiento de Songo que, junto a Suri y Oyuni, fue otorgado a Gabriel de Rojas por Francisco Pizarro, rendía tributo a los Incas en la época prehispánica.

Si se considera que se entregaba 275 cestos de coca al año al Inca, Murra concluye que la cantidad exigida por el encomendero aumentó en 880% puesto que Rojas exigía 2.700 cestos a los indígenas.

Por otro lado, los encomenderos desconocían las características específicas de la organización económica de la zona, como el control por un mismo grupo de distintos nichos ecológicos, según el sistema de complementariedades interregionales y las condiciones climáticas cambiantes. Los encomenderos deseaban recibir una variedad de productos, sin tomar en cuenta particularidades: por ejemplo, que los animales hembras, base de la reproducción de los rebaños, no formaban parte del tributo ganadero. El saqueo y la explotación de los recursos, sobre todo en los primeros años luego de las guerras civiles, con el fin de recuperar parcialmente los gastos que tuvieron, socavaron las bases de la reproducción de riqueza, recayendo sobre la población nativa.

sábado, 8 de octubre de 2022

El mundo indígena - La reestructuración territorial

En las últimas décadas, los historiadores se han empeñado en analizar el impacto de las encomiendas sobre las estructuras étnicas como, por ejemplo, en los repartimientos caracara y charcas. En los años 1540 a 1560, los grupos étnicos vivieron muchos cambios debido a que pasaron por diferentes manos, lo que provocó el fraccionamiento y segmentación de las federaciones, mitades y jefaturas. La imposición de las encomiendas rompió la unidad de esa confederación étnica y sus partes se dividieron entre varios encomenderos, aunque se sostiene que este proceso de segmentación pudo haber tenido orígenes precoloniales.

Así, en 1539-40, los caracara y una parte de los charcas fueron entregados a los dos hermanos de Francisco Pizarro. En 1542 y 1544 se produjo el reordenamiento de Vaca de Castro que distribuyó las demasías de Hernando Pizarro que se encontraba en prisión en España. Entre 1548 y 1550, después de la muerte de Gonzalo Pizarro, La Gasca realizó nuevos repartos. Por ello, los caracara y los charcas fueron repartidos entre varios encomenderos menores y las provincias prehispánicas se fragmentaron aún más. El mariscal Alonso de Alvarado recibió los indios de Sacaca y otro grupo, que eran de Gonzalo Pizarro. En 1549, los indios de Gonzalo Pizarro fueron asignados a tres encomenderos charqueños: el general Pedro de Hinojosa, el capitán Pablo de Meneses y don Alonso de Montemayor.

Durante las guerras civiles las encomiendas fueron, según Presta (2008), una especie de moneda corriente que los jefes y sus lugartenientes utilizaban para pagar favores y retribuir la participación en uno u otro bando. Por otro lado, las mismas podían ser achicadas o anuladas según los cambios de situación y equilibrio de fuerzas, puesto que incluso había encomenderos por “horas”. Algunos grupos étnicos como los carangas tuvieron varios dueños a medida que avanzaban las guerras civiles; después de las guerras hubo un nuevo reparto de indios y aparecieron nuevos nombres. Soras, casayas y urus formaban parte de la encomienda de Pedro del Barco, ejecutado en 1544 por Francisco de Carvajal para quién trabajaban y pagaban tributos durante las guerras civiles; luego pasaron a manos de Lorenzo de Aldana.

Las sucesivas encomiendas afectaron la estructuración étnica y política indígena, puesto que las parcelaciones sucesivas y los fraccionamientos alteraron notablemente los componentes de las antiguas unidades étnicas. La base social de los antiguos curacas andinos fue mermando debido a las fracturas sucesivas provocadas por las encomiendas y repartimientos y también por las bajas demográficas como consecuencia de la colaboración en las expediciones de conquista y en las guerras civiles, así como por la propagación de las epidemias.

Los caciques que provenían de las dinastías prehispánicas tuvieron que responder a las demandas y exigencias de los encomenderos que intentaron mantener su autoridad y su status previo. Sin embargo, el fraccionamiento de sus macro-etnias los desplazó a un segundo nivel o “curacas de repartimiento”. Así, los antiguos mallkus como los de Macha y Sacaca (Potosí) perdieron el poder que ostentaban durante la época prehispánica, mientras que Chayanta adquirió una jerarquía superior, más aún cuando se convirtió en un nuevo centro administrativo al formarse el corregimiento de Chayanta en los años 1570. Además, sostiene Zagalsky (2012), las encomiendas posibilitaron la creación y reconfiguración de identidades étnicas y organizaciones políticas que se afirmaron a partir de la residencia en pueblos y asentamientos, como en el caso de Moromoro (hoy Ravelo). De acuerdo a esta investigadora, el grupo étnico moromoro no existía en la época prehispánica, tratándose de un pueblo o lugar de asentamiento.

Sin embargo, Ximena Medinacelli (2010) argumenta que no se puede hablar de desmembramiento y desestructuración de las encomiendas como un hecho generalizado, puesto que los encomenderos necesitaban mantener la organización natural para poder extraer el tributo; a pesar de la conquista y la repartición de La Gasca, los caracara conservaron su división prehispánica. También pone como ejemplo las encomiendas como la de Francisco Pizarro, en Pacajes, que tuvo tres cabeceras: Caquiaviri, Machaca y Caquingora y la de Carangas que fue dividida entre los tres encomenderos Isasaga (Corque y Andamarca), Gomez de Luna (Chuquicota y Sabaya) y Lope de Mendieta (Totora). Morrone (2012), por su lado, señala que la asignación de las encomiendas en la cuenca del lago Titicaca respetó el patrón organizativo dual de los colectivos políticos (hurinsaya/hanasaya) y de esta manera, a cada encomendero correspondió la mitad de una encomienda.

Otros investigadores insisten en que divisiones en encomiendas y repartimientos separaron confederaciones étnicas, desgajaron parcialidades y arruinaron “archipiélagos étnicos”. Como ejemplo se puede ver el caso de los charcas y otros grupos étnicos altiplánicos que fueron privados de sus tierras y colonos mitimaes en los valles de Cochabamba (Larson, 1992.) El grupo étnico de los soras, estudiado por Mercedes del Río (2005), tenía mitimaes prehispánicos en lugares alejados de sus cabeceras; después de la conquista quedaron aislados de sus grupos de origen que pasaron a formar parte de diferentes encomiendas. Estos mitimaes quedaron bajo el mando de los jefes étnicos de menor rango e inclusive de otros grupos étnicos; como consecuencia se produjo un proceso de etnogénesis que permitió la reformulación de nuevas identidades. Morrone (2012) señala que, para el caso de La Paz, los repartimientos en la cuenca del lago Titicaca conservaron las relaciones con los valles orientales y mantuvieron el acceso a estos pisos ecológicos.

Las políticas coloniales que no comprendían ni tomaban en cuenta el concepto de territorialización étnica provocaron la rivalidad y competencia entre las comunidades del altiplano que, después de la conquista, se desvincularon de sus mitimaes en la zona de los valles. Estos, a partir de entonces, se encontraron bajo el poder de nuevas autoridades étnicas. Entre los años 1550-1560, los caciques del altiplano empezaron a reclamar el derecho sobre sus ex colonias mitimaes que quedaban en los valles. Los jefes étnicos de los carangas, quillaca y soras llevaron adelante una batalla jurídica contra los encomenderos Rodrigo de Orellana y Polo de Ondegardo y sus caciques acerca de derechos de tenencia de la tierra en Cochabamba. El conflicto llegó a su fin con la llegada del virrey Toledo, quien falló a favor de los carangas y sus aliados que recibieron terrenos en los valles (Del Río, 2005). Este no fue el único caso, puesto que los señores aymaras como los lupacas, pacajes y otros también aspiraron a recuperar las tierras cálidas y los colonos que habían perdido a manos de sus caciques encomenderos del valle de la cordillera oriental. En Larecaja, las demandas de los señores étnicos altiplánicos contra los caciques del valle se convirtieron en fuente de una rivalidad perdurable (Saignes, 1986). Los reclamos de territorio de valle tuvieron distintos matices según cuál había sido la tenencia de la tierra en tiempos prehispánicos. Si se consideraban colonos étnicos era fácil recuperarla; en cambio si las tierras habían sido del Inca -como ocurrió en Cochabamba donde éste había perdido sus derechos sobre ellas a favor de la Corona por el derecho de conquista- la lucha por las tierras podía estar perdida.

Otro problema con el que se encontraron los españoles fue la disputa por el territorio que mantenían las poblaciones de mitimaes instalados por el inca en la “zona de frontera” con los grupos étnicos que, desde el este, pujaban por ocupar. En la zona de Tarija se produjo la dispersión de la población indígena que ocupaba los valles antes de la conquista, a causa del peligro chiriguano y la incapacidad de los españoles en afirmar su dominio efectivo. Los grupos de moyo moyos, churumatas y apatamas establecidos en esta región por los incas fueron trasladados por los encomenderos españoles a otras regiones como La Plata o Cochabamba. Asimismo, los carangas establecidos en los valles orientales de Tarija por los incas tuvieron que abandonar la región y volver hacía el altiplano (Oliveto, 2012).