La lucha de los encomenderos por la perpetuidad de las encomiendas. Debates y posiciones - Las acciones de los encomenderos

A mediados del siglo XVI, los encomenderos empezaron “el largo y complejo forcejeo por la “perpetuidad” de las encomiendas que marcó la historia colonial indiana del siglo XVI” (Barnadas, 1973). Como ningún otro, este tema mostró la tensión entre distintos proyectos que circulaban en la sociedad colonial, aunque los encomenderos modificaron el discurso jurídico empleado en el proyecto pizarrista en el Perú y presentaron nuevos argumentos en torno a la perpetuidad. En 1550, los vecinos de La Plata mandaron a los procuradores a la Corte regia afirmando que los indios estarían “mejor doctrinados y más bien tratados y relevados” si estuvieran dentro de encomiendas perpetuas. Posteriormente, entre los argumentos utilizados, se mencionó la necesidad de pacificar a los españoles, además de los beneficios a la Corona, la colonización y otros.

En Charcas, los cabildos de las ciudades de La Plata y de La Paz eran los más arduos defensores de la perpetuidad de las encomiendas. Los encomenderos tenían poderosos aliados como fray Tomás de San Martín que llevó las súplicas de sus amistades a España. A su vez, los encomenderos limeños formaron una embajada para negociar la perpetuidad, valiéndose de sus méritos en la pacificación de la sublevación del ambicioso Hernández Girón que levantó sus banderas en defensa de los mismos privilegios a los que ellos aspiraban. Posteriormente, entre los defensores de los encomenderos se encontraban los célebres funcionarios Juan de Matienzo y Polo de Ondegardo. Por otro lado, en algunos casos, los propios encomenderos cambiaron radicalmente de posición en torno a la perpetuidad. Por ejemplo, Lorenzo de Aldana, que era parte del grupo de encomenderos- mineros partidarios de la perpetuidad, “dio giro radical en su posición”, cuando ordenó en su testamento restituir el repartimiento Paria-Capinota a favor de los indios (Del Río, 2005).

Al respecto, la Corona tuvo que tomar algunas medidas, identificadas por Barnadas (1973): por un lado, proteger los derechos de los indígenas y, por otro, satisfacer las demandas de los conquistadores, frenando sus anhelos de autonomía. Aquello ocurrió en el marco de las crecientes necesidades financieras del imperio de Felipe II. Este interés económico hizo que se evaluara la propuesta de los encomenderos que ofrecieron 7.500.000 ducados a la Corona. Pero, los investigadores tienen dudas acerca de la capacidad de pago de los encomenderos y de la posibilidad de reunir esta suma, incluso reuniéndola en varias ciudades: a la ciudad de La Paz le tocaba pagar 816.000 ducados y a La Plata, 1.200.000. Finalmente los propios cabildos reconocieron la incapacidad financiera de los encomenderos para cumplir con dicha propuesta.

La Corona estuvo muy cerca de aceptar la perpetuidad. En 1561, se produjo el reemplazo del virrey conde de Nieva por el virrey marqués de Cañete, que mandó a los comisarios investigar sobre la posibilidad tanto de la perpetuidad como la de recaudar la mayor cantidad de dinero para el fisco negociando con los encomenderos, con los pretendientes o con las autoridades indígenas. Se buscaba las mejores ofertas pero, también las que no amenazaran la situación política. Polo de Ondegardo era el encargado de estudiar la posición de los curacas acerca de la perpetuidad y, por otro lado, la posibilidad económica de los encomenderos de poder realmente pagar a la Corona, consultando con los procuradores limeños. Anteriormente, algunos encomenderos intentaron negociar con las autoridades étnicas, prometiendo dejar la perpetuidad a cambio de una suma elevada. Por su parte, algunos funcionarios también calcularon que el Estado podía obtener de los indios contrarios al proyecto de perpetuidad la suma deseada. La complejidad de la situación y el amplio conjunto de actores involucrados no dejaban tomar medidas definitivas, puesto que cualquiera de ellas podía traer consecuencias indeseables para el Estado. Si la perpetuidad podía fortalecer el estamento de los encomenderos, la inmediata puesta de los indios en manos de la Corona podía provocar una nueva revuelta.

Frente a esta situación, se hizo patente el tercer proyecto, el de la iglesia. Si bien, en 1540, este proyecto coincidía en parte con el de la Corona en materia de la “defensa” del indio, expresada en las Leyes Nuevas, luego, el partido lascasiano se movilizó frente al peligro que representaban los encomenderos. En 1555, Bartolomé de Las Casas pidió que se designara procurador de los indígenas al limeño Diego de Ocampo, mientras que fray Domingo de Santo Tomás decidió residir en España desde 1555 hasta 1561 para influir sobre las decisiones tomadas al respecto. Debido a la presencia de los comisarios en el Perú, el dominico regresó al virreinato para persuadir a los indígenas del peligro de la perpetuidad y de la urgencia de pagar a la Corona, si fuera necesario. Con este fin, se realizaron también visitas a los repartimientos con los comisarios que, a su vez, intentaban convencer a los indígenas de las ventajas de la perpetuidad.

Es en este contexto se produjo una reunión en la población de Mama (reducción de San Pedro de Mama, a siete leguas de Lima), en 1562: allí, una asamblea de caciques de todo el Perú resolvió, con fray Domingo de Santo Tomás, proponer al Consejo de Indias la extinción de las encomiendas a “cambio de un autogobierno indígena con considerable gravamen impositivo”. Según Platt, hubo otras reuniones de este tipo en el virreinato. Los dominicos Santo Tomás, Jerónimo de Loayza y Bartolomé de Las Casas comunicaron la propuesta al rey de España. Los debates sobre la perpetuidad dejaron aflorar temores respecto a la resistencia inca que se mantenía en Vilcabamba y, en 1564, la Audiencia de La Plata discutió las medidas de seguridad que se debía adoptar contra los “posibles excesos de los indios en Potosí”, ciudad donde se estableció también el poder de la élite incaica (Medinacelli, 2008).

El rey, entonces, realizó varias consultas colectivas y convocó las juntas compuestas por los funcionarios del Estado y de la Iglesia en varias oportunidades, con el fin de encontrar la respuesta a lo que estaba sucediendo en el Perú. Después de la célebre junta de Valladolid (1550-1551) donde se destacó la actuación de Bartolomé de Las Casas, Fray Tomás de San Martín y Pedro de La Gasca en contra la perpetuidad, se produjeron arduos debates en la junta de 1556 y prevaleció la oposición a la perpetuidad. Aunque la junta de 1568 la aceptó parcialmente, la de 1579 expresó una opinión favorable a la concesión perpetua de las encomiendas. Sin embargo, los debates quedaron inconcusos: ninguna propuesta fue aceptada ni rechazada.