Las cargas laborales que debían cumplir los indígenas
en forma obligatoria se asociaban con el
concepto de la mita o turno rotativo. Existieron
diferentes tipos de mita y la más importante
era la de las minas del Porco y Potosí. Desde la
entrega a los españoles de Porco, los mallkus les
concedieron los primeros mitayos que inmediatamente
empezaron a trabajar las minas de plata
registrados en los chinu y los quipus, sistemas
mnemotécnicos aymara e inca. Posteriormente,
los encomenderos que relevaron a los hermanos
Pizarro también mantuvieron un número consistente
de mitayos en las minas y obtenían una
renta por el trabajo de los indios en las minas y
en la villa de Potosí. La entrega de las minas de
Potosí trajo graves consecuencias para muchas
comunidades indígenas, puesto que los encomenderos
enviaron sus trabajadores indígenas con
la obligación de traer de vuelta una cantidad de
metal. Además, el desarrollo de Potosí se basaba
en la inclusión de las economías indígenas en las
redes de circulación de este espacio económico.
Los grupos aymaras lupacas, pacajes y canas que
proporcionaban la mano de obra (chacaneadores)
a Potosí poseían también amplios recursos ganaderos
utilizados para el trajín de los productos.
Con la “entrega” de Potosí se produjo “una
auténtica avalancha de gente de toda condición
y capacidad” (Barnadas, 1973) hacia el Cerro
Rico, incluidos los indios de las encomiendas de
todas partes del Perú: La Paz, Arequipa, Cusco,
Huamanga, Lima, Huánuco, Trujillo e incluso
Chachapoyas. Aquello fue posible gracias a la
política de tolerancia desarrollada por La Gasca
y las retasas promovidas por el virrey Cañete,
anteriormente suspendidas por el alzamiento
de Hernández Girón. Cuando La Gasca intentó
limitar los servicios personales, esta política habría
sido perjudicial a los tributarios mismos que,
acostumbrados a la mita prehispánica, empezaron
a pagar su tributo con la plata de los yacimientos
existentes en su territorio (Platt et al., 2006). Es decir que se mantuvieron formas de circulación
prehispánica que proporcionaban los indios a
los encomenderos y a los mallkus: la prestación
de trabajo fue una de ellas. Sin embargo, como
ésta fue formalmente prohibida a partir de las
reformas de La Gasca, los nuevos encomenderos
llegaron a un acuerdo con los caciques sobre qué
servicios personales no se iba a registrar en los
chinu. Los investigadores han mostrado que los
indígenas de la confederación caracara-charcas
se preparaban para la mita como si continuaran
prestando servicio al Inca, como partiendo a la
guerra: por ello, cuando salían de sus comunidades,
no lo hacían solo con sus alimentos, sus
mujeres y sus llamas, sino también con atuendos
de guerra, como los tocados con plumas.
No obstante, las autoridades coloniales estaban
empeñadas en terminar con las obligaciones
laborales y con el envío de los indios a Potosí. En
julio de 1551, se dictó una provisión que ordenaba
al Licenciado Polo de Ondegardo la realización
de una encuesta para conocer la cantidad
de indios de encomienda que trabajaban como
mitayos cumpliendo labores de forma gratuita
para poder pagar la tasa. La misma provisión, aún
antes de conocer los resultados, dictaminaba el
retorno de los indios que trabajaban en Potosí.
Los resultados arrojaron la presencia de indios de
22 encomiendas de La Paz, La Plata, Cusco que
estaban al servicio de 130 encomenderos. 75%
de los encomenderos paceños habían llevado a
sus indios a Potosí (Barnadas, 1973). Se calcula
que en la Villa Imperial se encontraban cerca de
5.000 trabajadores mitayos acompañados de sus
familias, subiendo el número de esta población
hasta 20.000 o 25.000 personas. A su vez, Polo de
Ondegardo reveló que algunos grupos como los
lupacas o sus caciques también sacaban provecho
del trabajo y comercio en esta ciudad.
Los servicios personales también eran utilizados
para el trabajo en los obrajes que poseían
encomenderos como Juan de Rivas y Hernando
Chirinos, en La Paz, o Gabriel Paniagua, en Mizque.
Pero fueron sobre todo destinados al trabajo
agrícola a lo largo y ancho del territorio de la
Audiencia de Charcas para satisfacer la creciente
demanda de productos para los centros urbanos
o mineros. El producto que obtuvo una creciente
demanda era la hoja de coca producida en varios
lugares como los valles de los Yungas de Pocona
y Totora en Cochabamba, y los Yungas de La Paz.
Según Mercedes del Río (2010), la encomienda de
Pocona fue una de las más rentables en Charcas,
y su población fue repartida entre varios encomenderos.
Schramm sugiere que los españoles
sintieron “fascinación” por las tierras de Pocona
y Mizque por las “excelentes condiciones para la
agricultura y la ganadería, sino también por las
plantaciones de coca” (Schramm, 2012: 49). El
mismo autor asegura que:
… en la época del descubrimiento de las
minas de plata en Potosí, una canasta se vendía
por lo menos en 14 y máximo en 20 pesos, de
manera que tan sólo el impuesto sobre la coca
aseguraba a los encomenderos un ingreso de
entre 158 000 y 240 000 pesos…entendemos
la preferencia por los repartimientos que tenía
plantaciones de coca en los Yungas. Y como los
compradores de la coca eran, más que todo,
indígenas, los encomenderos sacaban doble
ventaja de su entorno indígena: productores y
consumidores fueron la base para sus enormes
riquezas (Schramm, 2012: 54).
En los Yungas de La Paz, la encomienda
de Songo, Suri y Oyuni fue primero otorgada
a Gabriel de Rojas y, después de las guerras
civiles, a Alonso de Mendoza (1549-1550)
por un breve período y luego a Alonso de
Alvarado (1550 a 1555) y a sus herederos: allí
también, el producto principal era la hoja de
coca. Los numerosos estudios realizados sobre
esta encomienda (Rostworowski, 1983; Tranchand,
1985; Murra, 1991) se han enfocado en
diversos temas relacionados con la población
indígena, la tasación y el impacto de las reformas
de La Gasca.
La producción de la coca y de otros productos
destinados al mercado, realizada en el
marco de las encomiendas, fue indudablemente
una base económica para los encomenderos. Por
tanto, las modificaciones que resultaron de la
implementación de la retasa podían afectar su
bienestar económico. Por esta razón, en enero
de 1553, los vecinos paceños presentaron una
petición ante la Audiencia de Lima donde expresaron
su oposición a la supresión de los servicios
personales, argumentando que los necesitaban
en el servicio de sus casas y en las actividades
de transporte de productos a Potosí (Assadourian,
1988). A pesar que los vecinos paceños no
lograron su propósito por la vía legal, lograron evadir las medidas en contra de los servicios
personales promovidas por La Gasca, excediendo
los límites impuestos por la tasa, obligando
a los indios a cultivar más productos de los
permitidos o simplemente evitar el registro de
los productos en las listas de la tributación. Así,
la tasa de coca de la encomienda de Alonso de
Alvarado aparentemente fue reducida en 26%
en comparación con la tributación que recibió el
encomendero anterior; sin embargo, hubo otros
productos con “una imposición extra-tasa” como
lo califica Percovich (2010).
Y si las autoridades coloniales no lograron
suprimir los servicios personales a la fuerza o
por la persuasión, los indígenas empezaron
a utilizar sus propias estrategias como fugar
hacia sus enclaves étnicos y a las zonas de
los valles orientales donde se convertían en
yanaconas, empleándose al servicio de los chacareros
dedicados al cultivo de los productos
destinados al mercado potosino. Otra salida
importante fue el asentamiento de los indígenas
como yanaconas en las áreas urbanas y,
sobre todo, en Potosí donde lograron obtener
una categoría mayor que mitayos y mingas que,
siendo libres, cumplían labores en las minas
donde eran contratados por los dueños de
minas e ingenios.
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