El mundo indígena - El control sobre la población indígena

El control español sobre la población indígena se realizaba a través de las visitas que eran investigaciones administrativas ordenadas por las autoridades coloniales para inspeccionar la cantidad de población indígena y sus recursos en el área rural, la tasación de tributos, así como la fiscalización y la imposición del control real sobre las autoridades étnicas y los funcionarios locales. Las visitas fueron instruidas por el rey, el virrey o los funcionarios reales o eclesiásticos, ya que muchas veces se efectuaban conjuntamente las visitas laicas y eclesiásticas. Las visitas de las autoridades reales podían ser ordenadas por el virrey: en este caso tenían carácter de generales: comprendían todo el territorio del virreinato o bien eran específicas en una audiencia, un corregimiento, un repartimiento de indios o una encomienda. La primera visita general fue ordenada por el presidente de la Audiencia de Lima, Pedro de la Gasca, en 1549. Las visitas específicas se realizaban cada cierto tiempo: podía ser cada cuatro años como la conocida visita de Chuchito efectuada por Garcí Diez de San Miguel en 1567, o la de León de Huánuco, hecha por Iñigo Ortiz de Zúñiga en 1562.

Algunas visitas se realizaban casa por casa, cuando la comitiva llegaba a los lugares donde residía la población indígena, o pueblo por pueblo, cuando las autoridades étnicas estaban encargadas de reunir la población en un lugar determinado según un orden específico por parcialidades, mitades o ayllus. Con el tiempo, esta última modalidad se convirtió en una formalidad, cuando los visitadores se reunían con las autoridades indígenas y verificaban los registros realizadas previamente por las autoridades étnicas además de otra documentación como los libros parroquiales.

Algunos investigadores (Guevara Gil y Salomón, 1994) interpretan las visitas como rituales estatales a través de los cuales el Estado llegaba hasta los rincones más remotos, imponiendo un modelo social y disciplinando a sus súbditos. Zagalsky (2009) sostiene que esta función disciplinadora del Estado se reflejaba por medio del uso de la fuerza, tomando como ejemplo la revisita efectuada al pueblo de Caiza, cerca de Potosí. En este caso, la inspección se iniciaba con la instalación de una horca en la plaza del pueblo “para hazer justicia a los rebeldes e inobedientes”, a pocos metros del establecimiento de la

comisión visitadora. Dicha comisión constaba de un juez visitador, un escribano, un intérprete, acompañados por el encomendero o un oficial real, los caciques, el protector de naturales y un alguacil como oficial encargado del uso de la fuerza.

Era frecuente que los propios jefes étnicos solicitaran las revisitas para cambiar la situación a su favor y solicitar las retasas. Así, durante la administración del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete (1556-1561), cumpliendo las órdenes del Consejo de Indias, se inició la tarea de las retasas suspendidas por el alzamiento de Hernández Girón. Aunque se permitía a los encomenderos gozar de rentas altas, los indios obtuvieron el derecho de demandar a sus encomenderos para recuperar los excesos de los tributos cobrados. En esta época, los señores de Chayanta intentaron frenar las exigencias de su encomendero, Martín de Robles, pero recién presentaron su demanda ante la Corte en 1567, es decir más de diez años después de la muerte del culpable. Con la llegada de Toledo, los mallkus de Sacaca iniciaron un juicio contra los herederos del encomendero Alonso de Montemayor; años antes, a petición de ellos, los sacerdotes de Sacaca ya habían preparado probanzas que atestiguaban que el repartimiento “había venido a menos” (Platt et al., 2006).

Asimismo, en la década de 1550, los caciques de la encomienda de los Alvarado, en los Yungas de La Paz, reclamaron y obtuvieron la retasa, logrando reducir la variedad de las prestaciones y el tributo en coca. Cuando se llevaron a cabo las visitas al repartimiento de Songo, Challana y Chacapa, en 1568 y 1569-70, un grupo de caciques solicitó la retasa para logar una rebaja, arguyendo la disminución del número de indios. Las autoridades étnicas lograron reducir el monto del tributo en 30%, pero los encomenderos también solicitaron una segunda visita. Durante aquella, se visibilizó la existencia de chacras de comunidad que las autoridades principales habían ocultado a las autoridades españolas. El pleito duró varios años, logrando los indígenas la retasa más favorable que sin, embargo, fue modificada por el virrey Toledo (Percovich, 2010).