Nila Heredia siente que está cerca una sentencia por el secuestro y asesinato de su esposo, Luis Stamponi, en 1976. Pero la búsqueda de los restos del que fuera su compañero de lucha y de vida no terminará, aun cuando acabe el juicio que se ventila en Italia y se llegue a una condena por la desaparición de su pareja y de 22 ciudadanos italianos y/o descendientes, muerte que lleva el sello represor del Plan Cóndor.
El proceso que se ventila en Roma es uno de los dos litigios que están en curso por las acciones que asumió esa organización, que operó bajo el amparo de las dictaduras en Sudamérica entre los años 70 y 80. Y el segundo juicio se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, por la aniquilación de 159 personas. De acuerdo con investigaciones independientes, esos crímenes siguieron “recetas” impartidas por los gobernantes de facto de entonces en Chile, Augusto Pinochet Ugarte, y Bolivia, Hugo Banzer Suárez.
Estos dos casos en los que se juzga a más de una treintena de militares de las naciones sudamericanas que fueron parte de esa red, se impulsan al amparo de la denominada Justicia o Jurisdicción Universal, uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley que permite juzgar delitos de lesa humanidad, como el genocidio o la tortura. Bajo esa figura, la Corte de cualquier Estado puede tomar cartas contra individuos que cometieron crímenes en otro territorio.
Ello está vigente desde el siglo XVII, pero dejó de ser aplicada por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No obstante, el juez español Baltasar Garzón la reimpulsó en 1998, con el enjuiciamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet, por la desaparición y tortura de 1.148 personas durante su régimen de terror que se extendió desde 1973 hasta 1990.
Ambos procesos suman 181 víctimas, solo una muestra de los aproximadamente 50.000 crímenes en la región que dejó ese periodo, según el Gobierno boliviano. El juicio en Roma comenzó en febrero de este año y el que se ventila en Buenos Aires data de marzo de 2013, este último está próximo a una sentencia para finales de este año o comienzos del siguiente, coinciden Luz Palmás, coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es parte querellante en el caso, y el fiscal de Derechos Humanos de Argentina, Pablo Ouviña.
Es algo histórico. Se asoma una condena por las acciones asumidas por el Plan u Operación Cóndor, 40 años después de su nacimiento, el 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile.
En esa fecha se reunieron los jefes de Inteligencia de los gobiernos de Chile, coronel Manuel Contreras Sepúlveda; de Bolivia, mayor Carlos Mena; de Argentina, capitán Jorge Casas; de Paraguay, coronel Benito Guanes, y de Uruguay, coronel José Fons.
Todos actuaron por encargo de los dictadores Augusto Pinochet, Hugo Banzer (1971-1978); Jorge Rafael Videla (1976-1981); Alfredo Stroessner (1954-1989) y Juan María Bordaberry (1973-1976), respectivamente. A ellos se sumaron los regímenes de Brasil, Perú y Ecuador, que facilitaron datos de los perseguidos. Este último se adhirió al final, de acuerdo con documentos desclasificados, dijo el actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Las naciones fundadoras acordaron el intercambio de información sobre los detractores a estos gobiernos de facto, pero también “la formación de una oficina coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la subversión”.
El legajo de constitución devela que el Plan fue llamado Cóndor a sugerencia de Uruguay, en “homenaje” al país anfitrión de la cita de noviembre, Chile, porque es su ave símbolo (leer Acta de Fundación en la siguiente página).
Hasta los años 90 no se tenía pruebas de que ésta fuera una organización transnacional, pero la historia cambió en 1992 cuando Martín Almada, un exmilitar de izquierda, detenido y torturado durante el régimen de Stroessner descubrió unos archivos en un edificio de la Policía, cerca de Asunción, que demuestran que esa estructura fue concertada por los gobiernos de facto enunciados en contra de opositores de la época. Los papeles fueron bautizados como “Archivos del Terror” y son unas 700.000 páginas. Entre los legajos se halló el acta de la reunión realizada en Santiago.
Casos. Precisamente Paraguay fue el centro de coordinación de la red, recuerda Juan José Torres, hijo del expresidente boliviano del mismo nombre que fue víctima de esa organización en 1976, en Buenos Aires.
Almada, director de la Fundación Celestina Pérez de Almada y uno de los principales investigadores sobre el Plan Cóndor, considera que si bien esa corporación formalizó sus actividades en 1975, estuvo actuando desde los años 60 cuando fue derrocado el mandatario de facto brasileño João Goulart, quien luego falleció en el exilio en Argentina, en 1976. Las circunstancias de su muerte todavía son un misterio.
Antes del nacimiento de la organización criminal, añade Heredia, quien fue secuestrada el 2 de abril de 1976 y permaneció detenida hasta 1978, los gobiernos castrenses ya intercambiaban información, pero a partir de fines de 1975 pasaron a la acción. A cuatro décadas de la génesis de esos hechos, una decena de víctimas, familiares, expertos y autoridades de Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, entrevistadas por Informe La Razón, afirman que ésta fue una red que operó bilateral y multilateralmente.
“Los gobiernos del Cono Sur —todos de carrera militar o controlada— debían, según memorandos desclasificados, coordinar en adelante sus actividades ‘anti-subversivas’, bajo la dirección de la policía secreta de Chile y su director, Manuel Contreras. Las fuerzas de seguridad compartirían información para realizar operaciones combinadas entre sí contra presuntos subversivos e incluso actuar fuera de la región para eliminar opositores”, refiere el texto El efecto Pinochet, editado por Human Rights.
El libro del periodista y escritor argentino Martín Sivak, El dictador elegido, menciona que “un documento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), en manos de la Justicia española, indica que ‘Chile es el centro de la Operación Cóndor y sus miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay’. Cuando se refiere a miembro habla del gobierno, no particulares”.
Y, según ese mismo escrito, un legajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 16 de agosto de 1976, devela “asesinatos planificados y dirigidos por los gobiernos dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor”.
Juan José Torres remarca que esa corporación actuó contra organizaciones y personalidades que representaban intereses populares y que tenían perspectivas políticas en la apertura democrática que ya se preveía. El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, postula que el Plan Cóndor, que nació en la época de la Guerra Fría, fue forjada para aplacar cualquier visión que fuera considerada subversiva o comunista.
¿Y cuál fue el modus operandi? En las investigaciones previas al juicio en Buenos Aires, indica el fiscal argentino Ouviña, se comprobó que cuando una dictadura quería perseguir a alguien fuera de sus fronteras y secuestrarla, torturarla y desaparecerla, coordinaba la captura con el país donde el “objetivo” se encontraba, y las fronteras también se abrieron para interrogatorios.
En las pesquisas se determinó que este grupo actuó en dos niveles. En el primero, cada nación creó una entidad, a través de la cual intercambiaban datos; en esa tarea, por ejemplo, se capacitó a encriptadores y desencriptadores de mensajes secretos. En el otro se instalaron estructuras para aplicar la represión dentro de los Estados.
Así, cada régimen coordinaba con el otro para cometer secuestros, realizar interrogatorios bajo tormentos, detenciones ilegales y asesinatos. “Fue una asociación criminal que creó un marco que facilitó la organización entre esas estructuras de poder”.
Ouviña complementa que antes de la creación de la Operación Cóndor, los gobiernos de facto armonizaban operativos en casos puntuales, pero las fronteras limitaban su accionar. Todo cambió con el Plan, ya que la represión fue coordinada de manera sistemática. El fiscal y la coordinadora Palmás coinciden en que las cabezas de esta estructura fueron Pinochet, Banzer, Videla, Stroessner y Bordaberry.
Pero Almada tiene otra tesis. Asevera que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, encabezó la constitución de este organismo, y Pinochet y Banzer fueron las dos patas con las que se sostuvo, bajo la doctrina estadounidense de seguridad nacional que fue inculcada en la Escuela de las Américas (leer notas de las páginas 10 a la 13).
Postula que el uniformado chileno se encargó de armar la estrategia para “limpiar” de subversivos al Estado y las sociedades civil y política, y su colega boliviano montó las maniobras para purificar la Iglesia Católica de comunistas.
Recetas. Ambos establecieron una serie de procedimientos para secuestrar, torturar y aniquilar a detractores, lo que Almada denomina “recetas”, que fueron replicadas por las dictaduras de los otros países que fueron parte de este organigrama. En el caso de Banzer, la fórmula para cometer secuestros disponía, por ejemplo, llegar al lugar señalado a altas horas de la noche, en un auto sin matrícula, con radio. Especificaba que se debía sembrar pruebas: armas y panfletos sobre la revolución. “Lo que hizo Banzer fue una receta para militares de Bolivia, pero que se cumplió en toda América Latina”.
Sin embargo, no fue la única orden. En los “Archivos del Terror” hay documentos que disponen los pasos para mantener vivos a los torturados, otros referidos a técnicas de represión. Según Almada, los organismos de Inteligencia castrense de esas naciones se reunían cada año para dar instrucciones. “Se reunían y daban recetas para proceder”. Aparte, si bien las dos patas del Plan Cóndor fueron Pinochet y Banzer, se habla solo del primero porque éste “quería aparecer como el que salvó a la civilización cristiana del comunismo”. Y precisamente una de las cuentas pendientes del modus operandi de esta corporación es saber cuántos miembros de la Iglesia fueron ejecutados. Para ello, el exmilitar paraguayo considera necesario que el Vaticano desclasifique sus documentos secretos.
“Aún queda pendiente esa sed de justicia en todos los países del Cono Sur, menos en Argentina, que es el único que dio el salto adelante llevando la lucha contra la impunidad y que lidera el movimiento antiimpunidad, castigando a quienes han hecho el terrorismo de Estado”, plantea Almada. Mientras que el fiscal Ouviña coincide en que un punto irresuelto es el enjuiciamiento de “todas las personas responsables por Cóndor que no están dentro de este juicio (refiriéndose al proceso que se ventila en Buenos Aires)”.
Este caso es el primero en el que se habla del Plan Cóndor como una asociación ilícita, afirma Luz Palmás. “Y es la primera vez que en América Latina hay un juicio en el que se está discutiendo un amplio espectro de víctimas, de casi todas las nacionalidades”. De acuerdo con la querella, la mayoría de los 159 desaparecidos son uruguayos, y hay peruanos, chilenos, paraguayos y bolivianos. Las denuncias datan de 1999.
La coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que se probó que esta alianza utilizó los denominados “binomios represivos”. Así, por ejemplo, la dictadura de Argentina coordinó con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Bolivia para castigar a sus perseguidos.
Ouviña precisa que la querella comenzó con la denuncia por la desaparición de 174 víctimas, pero se determinó que 159 fueron mártires del Plan Cóndor. Además, en el camino se supo que hay otros 51 casos de desaparecidos que no son objeto del juicio, pero que pueden dar lugar a otro proceso.
El fiscal añade que desde 1999, cuando empezó la averiguación, se acumuló “gran cantidad de documentación” proveniente de archivos de diferentes países, pero también registros desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y se recolectó pruebas testimoniales de quienes fueron torturados.
Actualmente, 16 personas son enjuiciadas. Palmás recuerda que todo comenzó con la acusación a las principales cabezas de esa red, es decir, Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner y Bordaberry. Eso sí, igualmente fueron incluidos dictadores que prosiguieron esa política como el boliviano Juan Pereda Asbún (1978), el uruguayo Aparicio Méndez (1976-1981) y los brasileños Ernesto Geisel (1974-1979) y João Baptista Figueiredo (1979-1985).
En su momento se solicitó la extradición de Pinochet, Banzer y Stroessner, pero no prosperó. Y el proceso penal avanzó hacia otros 15 mandos de las Fuerzas Armadas argentinas y de un militar uruguayo, quien fue reclamado en Brasil. Se prevé una sentencia para finales de este año o comienzos del próximo. Y si bien las cabezas de esta corporación no podrán purgar pena porque fallecieron, tanto Palmás como Ouviña creen que será el precedente para que se inicien otros litigios similares.
Hay más. Se espera que un segundo dictamen sea emitido en Italia, aunque todavía no hay fecha. Desde febrero de este año se juzga a 32 integrantes de las Juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1) por la desaparición de 23 ciudadanos y descendientes italianos que fueron atrapados por el Plan Cóndor.
El juicio fue instaurado en el Tribunal de Roma y participan como parte civil la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) de Bolivia, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) y el Partido Comunista chileno.
La boliviana Heredia es parte querellante de este caso por la desaparición del argentino-italiano Stamponi, quien fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este proceso igualmente se indaga la desaparición de la madre de su pareja, Mafalda Corinaldeci, quien lo buscaba y nunca retornó a su tierra natal, Italia.
Juicio. El compañero de vida y de lucha de la también exministra cayó preso el 29 de septiembre de 1976 en la localidad potosina de Llallagua. Se sabe que el 13 de octubre, tras ser interrogado y torturado, fue entregado a las autoridades del gobierno de facto del argentino Videla, quienes lo llevaron al centro de detención Automotores Orletti de Buenos Aires, de donde desapareció, según el relato de María Victoria Fernández, quien fue detenida junto a él.
Entre los 33 enjuiciados están el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, además del fallecido exrepresor Juan Pereda Asbún (1978). En 1993, los dos primeros fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por acciones asumidas en el marco de la dictadura.
Heredia dice que el camino para llegar a un fallo en Italia está expedito. Aclara que una condena contra los exmilitares bolivianos tendrá carácter político, pues no fueron ellos los directos responsables de la desaparición y asesinato de Stamponi, y de otros italianos.
En la otra vereda, el abogado de García Meza, Frank Campero, indica que su cliente aún no fue notificado vía Cancillería con este proceso y tampoco recibió una respuesta de la Embajada de Italia para que se le haga conocer la imputación.
Para éste, la notificación que realizó Asofamd en el Hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), en marzo, no tiene ningún efecto legal. Asimismo, asegura que su defendido no tiene ninguna responsabilidad porque el accionar del Plan Cóndor terminó con Banzer.
Los avances del litigio que se ventila en Buenos Aires son destacados por Heredia, porque una sentencia condenatoria será “una llamada de atención y un precedente feroz” para que en países de la región se inicien juicios similares. Lamenta que hasta la fecha el Estado boliviano no procese a ninguno de los responsables del Plan Cóndor, tal como lo hacen las autoridades italianas.
El viceministro Jiménez considera que el Ministerio Público es el que debe investigar, incluso de oficio, hechos de esta naturaleza, más todavía si se identifica a un perpetrador o si se aportan nuevos elementos. Mientras que en Argentina, Palmás y Ouviña albergan la esperanza de que los avances logrados por su nación en materia de judicialización de los delitos de lesa humanidad sean un motor para otras causas.
El exmilitar Almada explica que para activar procesos en los otros países que conformaron el Plan Cóndor, se puede aplicar el principio de Jurisdicción o Justicia Universal. “Como paraguayos podemos ir a pedir a la Justicia boliviana que inicie procesos por los hechos acaecidos en nuestro país”. Con ese criterio comulga Heredia.
Y en esa búsqueda de verdad y justicia por los crímenes acaecidos durante la vigencia de esta red transnacional, Bolivia es el único Estado que no conformó una Comisión de la Verdad. La exministra de Salud señala que todas las naciones que integraron esta organización armaron sus comisiones con distintas modalidades, y Argentina es la que consiguió más avances.
Jiménez replica que si bien ese tipo de juntas intentan recuperar la memoria de lo ocurrido en ese oscuro periodo de la historia, que no se haya constituido una entidad de ese tipo en Bolivia no implica que no se hizo nada. Rememora que se conformó la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política, la Comisión Técnica de Calificación y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
Considera que la creación de Comisiones de la Verdad en otros países no quiere decir “que hayan tenido resultados que incidan, por ejemplo, en transformaciones profundas, es decir, alcanzar el objetivo de mucha de esa gente que ha luchado y caído luchando en dictadura”.
No comparte su visión Heredia, quien sostiene que es importante la constitución de una entidad de esa índole porque permitirá esclarecer lo ocurrido en las dictaduras y que se haga una reparación integral a las víctimas.
Precisamente con esa finalidad Asofamd presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, por la necesidad de esclarecer casos como el asesinato del expresidente Torres. A finales de los años 90, la familia de este uniformado emprendió una demanda en Buenos Aires, pero se paralizó porque, asevera su hijo Juan José, no hubo apoyo del Estado.
Irresueltos. Y en la región hay otros crímenes emblemáticos que tienen relación con el Plan Cóndor. Es el caso del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. Un coche-bomba acabó con su vida y la de su asistente, la estadounidense Ronni Moffit, en 1976.
Fue el primer personaje connotado víctima de esa corporación en el plano transnacional. Su hijo, Juan Pablo, recibió recientemente las pruebas de que Pinochet ordenó esa ejecución.
Se trata de archivos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Él indica que en Chile se llevó adelante un juicio por este hecho y que la sentencia fue parcial porque nunca se probó que el dictador ordenó esta ejecución.
Ahora, un grupo de abogados analiza la posibilidad de abrir un juicio bajo el precepto de Justicia Universal. También utilizar los legajos de pruebas para reactivar el proceso por el asesinato de Moffit. Otros casos irresueltos son el crimen contra Héctor Gutiérrez, expresidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, y de Zelmar Michelini, exministro de Educación de esa nación, en 1976.
Y la lista se engrosa hasta llegar a las 50.000 víctimas anónimas (Telesur informa que son al menos 42.161), cientos de ellas arrojadas al mar, a lagos o ríos en los “vuelos de la muerte”, una técnica utilizada por fuerzas francesas en la guerra de Argelia (1950 y 1960).
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