Con la renuncia de Luis García Meza, en agosto de 1981, no termina la línea represiva y de tutelaje sobre el Estado por parte de los militares en el poder. La línea represiva de la institución armada fue continuada por su sucesor: el general Celso Torrelio.
Hoy se cumplen 32 años de democracia contemporánea, a propósito de la fecha, La Razón le ofrece un recorrido hemerográfico sobre el problemático tránsito que va de la renuncia de García Meza (4 de agosto de 1981) a julio de 1982, cuando el general Guido Vildoso asume el poder y llama a elecciones, desestimando de este modo convocar al Congreso elegido en 1980 —el cual había surgido de los comicios de junio de este año, efectuados bajo la presidencia interina de Lydia Gueiler.
Tras los escándalos de corrupción y narcotráfico, la Junta Militar quita el apoyo a García Meza —quien se ve obligado a dimitir— y se lo otorga al general Celso Torrelio, en la madrugada del 4 de septiembre de 1981.
Toque de queda. Una de las primeras medidas de Torrelio fue reducir el horario del toque de queda, desde ese momento será de 01.00 a 05.00 (Última Hora, 4 de septiembre). Con García Meza empezaba a las 21.00.
Durante los meses de Torrelio en el poder, una mayoría de los titulares de primera plana de los periódicos son dedicados a noticias internacionales… La represión es similar a la del anterior régimen. En efecto, la difusión radial es suspendida el 8 de octubre, al tiempo que la lista de detenidos aumenta a tres días de la visita de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (periódico Última Hora).
El 25 de octubre sale un comunicado del empresariado privado que pedía la designación de un gobierno civil, pero Torrelio sigue la línea represiva hasta julio de 1982, cuando pierde el apoyo de la Junta Militar en medio de huelgas y una inflación galopante.
Por los titulares, es notorio que las Fuerzas Armadas tienen en las manos una “papa caliente” y si bien a un principio da la impresión de no tener intenciones de dejar el poder, de pronto hay un cambio vertiginoso por devolverlo a un gobierno civil.
“Recomposición de Junta Militar no obedecerá a presiones”, dice Torrelio (Hoy, 2 de julio). En esta declaración se evidencia que ya no tiene todo el apoyo militar. También se lee un titular ese día en el mismo periódico: “Guarnición de Cochabamba rechaza recomposición de mandos militares”.
Faltan tres meses para el inicio efectivo de la democracia y no se sabe qué va a suceder… Ya hay pedidos de un llamado de elecciones como rechazo a convocar al Congreso de 1980, por lo que se concluye que ya existía esa propuesta. Así, por ejemplo, el 3 de julio el Partido Barrientista Auténtico pide elecciones y rechaza al Congreso de 1980 (Hoy); los empresarios plantean que el 6 de agosto se convoque al Congreso del 1980 para que designe al presidente. Ese día de julio, Hernán Siles Zuazo, ganador de la elección de 1980 (38,8%) por la Unidad Democrática y Popular (UDP) y exiliado en Lima, anuncia su retorno. Los militares no sabían qué hacer con el poder: en efecto, será con Guido Vildoso, a solo 24 días de la posesión de Hernán Siles Zuazo, que se descartarán las próximas elecciones de 1983 y se convocará al Congreso de 1980 que en su tiempo se había empantanado en la elección del futuro gobernante.
Pero volviendo al hilo de la historia, el 4 de julio de 1981, las centrales obreras regionales inician movilizaciones y abren piquetes de huelga de hambre. Torrelio, que desde su posesión en septiembre de 1981 no daba ninguna señal de tener intenciones de mediar una transición democrática, cambia de idea vertiginosamente el 12 de junio de 1982: “Es indeclinable la decisión del Gobierno de retornar a la vida democrática” (periódico Hoy).
Esta “determinación” viene después de una semana de convulsión social, todo en medio de una progresiva inflación que era atacada, sin éxito, reduciendo los impuestos a la compra de divisas.
Crisis de gabinete. Para el 16 de julio, Torrelio está solo, desmintiendo una crisis de gabinete y sin poder tapar su realidad: ya no cuenta con el apoyo de la Junta Militar. Así, en la madrugada, lanza una medida desesperada mediante un decreto: la convocatoria a elecciones en nueve meses, en abril de 1983 (Hoy).
No obstante, parece ser que no tiene fe en que vaya a ser él quien esté de mandatario en esos comicios que nunca tuvieron lugar, pues declara que estará de presidente “hasta que las Fuerzas Armadas así los dispongan”. Justamente, las Fuerzas Armadas disponen que Torrelio sea presidente apenas un día más, pues el 17 de julio “renuncia” (Hoy). La Junta Militar propone a nadie menos que a quien fuera un “extraditable” por narcotráfico y una de las personas que posiblemente sepa el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz: Faustino Rico Toro, uno de los hombres fuertes de García Meza.
Todo parecía indicar que Rico Toro sería el elegido del Ejército: él mismo, desde Santa Cruz, pedía para sí la presidencia (Hoy). Un editorial de El Deber del 20 de ese mes describe acertadamente cómo la presidencia del país era vista por los militares como la culminación “natural” de una carrera en el Ejército...
“Pasmada quedó la opinión pública al enterarse de que se exigió (refiriéndose a Rico Toro) la entrega de la presidencia como si sobre ella se tuviese algún derecho adquirido”, cuestiona el editorial. Ese día sale otro personaje “democrático”, el dictador Hugo Banzer y dice: “La llamada a elecciones es precipitada” (Hoy).
Los rumores de golpe de Estado ponen en emergencia a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los fabriles. Gobierna una Junta Militar que se da una semana para designar un presidente. En el reloj de la Pérez Velasco se concentran cientos de personas en homenaje a Marcelo Quiroga de Santa Cruz, asesinado un año antes.
Junta militar. Tres días después, el 20 de julio la Junta rechaza a Rico Toro y elige al general Guido Vildoso, quien hace su juramento en la jornada siguiente. La crisis económica se profundiza y el presidente saliente declara que ésta se debe a la deuda contraída, principalmente por Banzer, entre 1970 y 1980.
Los rumores de golpe son acompañados de los actos que suelen anunciarlos. Un día antes, el 19, dos explosiones sobresaltan al centro de Oruro. Dos atentados dinamiteros tienen lugar: uno en la puerta del director de Televisión Universitaria, Rodolfo Mier, y otro, “con diferencia de segundos”, en la puerta del domicilio del rector de la Universidad Técnica de Oruro, Hernán Quiroga (Hoy).
La opinión pública sospecha que las insidias vienen del exministro del Interior de García Meza, Luis Arce Gómez, por lo que no extraña que la prensa lo busque para entrevistarlo: “No estoy en aprestos golpistas”, se explica Arce, uno de los más furibundos críticos de Torrelio. Después Arce arremete contra el asesor de Torrelio, Jorge España Smith, que luego sería ministro suplente de Trabajo en 1995. “Detrás de un militar hay un asesor”, dice a la prensa quien hoy cumple sentencia por asesinato y genocidio. “Tienen la culpa los políticos que desde el extranjero nos han desprestigiado diciendo que aquí había pichicata”, protesta Arce (Hoy).
En este panorama, Vildoso debe recibir la presidencia en medio de la incertidumbre. En su posesión habla del “concurso ciudadano” para llegar a la democratización del país en 1983, además de respetar el proceso electoral (Hoy). Acá se hace evidente que, en julio, el Gobierno transitorio no tenía ninguna intención de convocar al Congreso de 1980 (cosa que finalmente sucede), sino de realizar las elecciones firmadas por Torrelio, cuatro días atrás, en un decreto supremo.
El nuevo Gobierno anuncia, a través de uno de los miembros de la Junta Militar, el general Natalio Morales, una medida que hoy sería vista como antidemocrática: el Gobierno redactará los estatutos de los partidos políticos (Hoy). En la actualidad son los partidos los que redactan sus normas internas, como corresponde.Finalmente Vildoso jura. Su gabinete ministerial está compuesto por un 75% de militares y un 25% de civiles, según el periódico Hoy.
Congreso de 1980. Mientras siete partidos piden que se convoque al Congreso de 1980 y acusan a los militares de “continuistas”, la UDP demanda elecciones para abril de 1983, es decir que coincide con el decreto de Torrelio; sin embargo, la alianza electoral de izquierda, liderada por Siles Zuazo, añade una novedad: pide que se restituya la Corte Nacional Electoral de 1980.
Mientras tanto la inflación sigue y el Banco Central “dosificaba” la venta de dólares a 25.000 diarios “para los interesados”. Simultáneamente, el general Morales, miembro de la Junta Militar, descartaba “un nuevo bloqueo económico internacional” a causa del cambio de administración con el argumento de que “no hubo ningún golpe, sino una transición presidencial” (Hoy).
Vildoso, en su discurso de posesión, se “compromete” a entregar el poder a quien gane las elecciones de abril del próximo año... Tan arraigadas están las dictaduras que el presidente transitorio se compromete a lo que se supone debe suceder. La Junta de Comandantes hace un compromiso idéntico.
Mientras tanto, en el hiperfragmentado sistema de partidos, compuesto por “constelaciones” de siglas, se van conformando alianzas. La UDP intenta sumar a su frente al Partido Socialista 1 (Hoy, 26 de julio). Sin embargo, estas conversaciones se hacen en vistas a los comicios que nunca se realizaron y no a la restitución del Congreso de 1980.
Lo cierto es que esta noticia muestra que el equilibro dentro de esta alianza era débil, aún antes de ser gobierno. El embajador en Estados Unidos y miembro de la UDP quería al Partido Comunista de Bolivia (PCB) fuera del conglomerado de siglas para cuando fuesen las elecciones. Al final, se vio que los contrapesos en la UDP eran desiguales y una vez que gobernaron, uno a uno los partidos que la componían fueron retirando el apoyo a Siles Zuazo, hasta que quedó solo.
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