El establecimiento de una audiencia real en
La Plata y la creación del obispado de Charcas
fueron discutidos en Madrid casi de manera simultánea
(Barnadas, 1973). En ambos casos, se
recurría al argumento de la enorme extensión
del territorio del obispado de Cusco, creado en
1537, que llegaba hasta Charcas y la necesidad
de contar con una nueva unidad administrativa
eclesiástica. En 1552, se le concedió el estatus legal
al obispado de La Plata que, con el tiempo, se
convirtió en uno de los más grandes en América
hispana. El obispo y luego el arzobispo constituían
la figura central de esta organización. Sin
embargo, las sedes charqueñas frecuentemente
estuvieron vacantes entre 1552 y 1620: en este
período La Plata sólo contó con un obispo durante
27 años; La Paz tuvo, entre 1605 y 1700,
diez prelados residentes. A lo largo de 56 años,
el cargo estuvo vacante por 39 años.
El primer obispo de La Plata fue fray Tomás
de San Martín, nombrado en 1553, pero falleció
en la última etapa de su viaje hacia Charcas.
El segundo, el licenciado Cuesta, proveído en
1558, murió en España antes de pasar a Indias.
El siguiente, fray Domingo de Santo Tomás, que
había vivido en contacto con Charcas, dispuso la
organización de la nueva estructura eclesiástica
pero tampoco pudo llegar a La Plata. El cuarto,
el licenciado Fernando de Santillán, nombrado
en el 1573, murió en España. El siguiente obispo,
Alonso Ramírez Granero de Avalos, llegó
después de ocho años de vacantes en 1578. El
sexto, don Francisco Alonso de la Zerda (1588)
gobernó “muy viejo y por poco tiempo” (Barnadas,
1987).
Estas vacantes recurrentes influyeron en las
tensiones entre el prelado y la audiencia, pues
ésta asumió funciones en materia de “provisión
de doctrinas” (es decir, nombramiento de los sacerdotes).
El ejercicio del derecho patronal, o sea,
privilegios otorgados por los Papas a los monarcas y por éstos a las autoridades civiles en las Indias)
en su más importante expresión -la provisión de
las parroquias- generaba muchas situaciones conflictivas.
La visita pastoral y el nombramiento de
los curas para las parroquias en las ciudades eran
prerrogativa del obispo o del arzobispo, mientras
que la distribución de las “doctrinas” del ámbito
rural podían ser obra tanto de los arzobispos y
como la audiencia, lo que era motivo de discordias
debido a las incompatibilidades de las opiniones
de los prelados y de las autoridades civiles sobre
el tema de los designaciones de los curas. Este fue
el meollo de muchas de las fricciones entre ambos
poderes: se trataba de conquistar la influencia
política sobre el clero que otorgaba la facultad de
repartir dichas prebendas. Posteriormente, en los
siglos XVII y XVIII, estos conflictos no cesaron.
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