En el siglo XVI, los cabildos o el gobierno de la
ciudad fueron conformados por los encomenderos
descendientes de los primeros conquistadores
o de los que defendieron el poder real frente a
los insurrectos, durante y después de las guerras
pizarristas. Los encomenderos eran vecinos que
tenían la obligación de residir en el poblado
español donde se encontraba su encomienda
para cumplir con sus responsabilidades de defensa
de la tierra, instrucción y amparo de los
indios encomendados. Inmediatamente después
de la conquista, los vecinos formaron parte de
los primeros cabildos y constituyeron una élite
“cerrada” en la sociedad colonial que pronto
empezó a sentirse como una nobleza de sangre.
Como conquistadores y primeros pobladores, se
diferenciaban del resto de los habitantes de las
ciudades por el hecho de poseer encomiendas
y gozaban de privilegios importantes frente al
resto de los moradores. Además, en la época de
Felipe II (1556-1598), los primeros pobladores
y sus descendientes legítimos, como personas
nobles de linaje y solar conocido, habían recibido
la concesión general de la hidalguía.
La posición privilegiada de los encomenderos
en una nueva sociedad se sustentaba en
extensas redes en las que sus parientes, amigos,
compañeros y paisanos, en muchos casos provenientes
de la región española de Extremadura,
jugaban un papel importante. Los lazos
de parentesco se reforzaban con los vínculos
de patronazgo y compadrazgo. Las estrategias
matrimoniales fueron dirigidas hacia la conservación
de las encomiendas y la ampliación del
vínculo entre parientes y paisanos. Los vecinos
encomenderos de las ciudades charqueñas se
convirtieron en poseedores de un importante
capital económico y social, lo que les permitió
consolidar su poder por medio del cabildo. Los
encomenderos ejercían los cargos de regidores
y alcaldes ordinarios. Las redes de relaciones
entre parientes, otros encomenderos, amigos,
compañeros, empleados, agentes y clientes, establecidas
en torno a las encomiendas, permitieron
la perpetuación del clientelismo político en
instituciones del gobierno local como el cabildo,
y regional como los corregimientos.
El cabildo de La Plata era una de las instituciones
más importantes en el periodo que
antecedió a la creación de la audiencia. En La
Plata, al igual que en otras ciudades del Perú, el
poder local se reproducía en un círculo cerrado
entre las familias de los encomenderos que podían
acceder a los cargos de alcaldes a través de
las elecciones realizados el 1º de enero de cada
año. Sin embargo, las elecciones seguían siendo
el negocio de los grupos vinculados entre sí por
redes de parentesco, compadrazgo y amistad. En
las ciudades, se formaban bandos constituidos
por parientes que defendían parcialidades e
intereses de ciertas familias y actuaban tanto
con intrigas como con acciones violentas. En
muchos casos, el origen de estas tensiones eran
las diferencias que marcaban las relaciones entre
los habitantes de origen español de las urbes
coloniales, divididos en vecinos y soldados: los
primeros tenían derecho de elegir y ser elegidos
al cabildo y los segundos no podían acceder al
gobierno municipal.
Los encomenderos, en cambio, podían ejercer
cargos de regidores y alcaldes ordinarios.
Ellos tenían aspiraciones señoriales y lograron
fortalecer su condición de propietarios rurales
a través de la institución del mayorazgo que
permitía transmitir sus propiedades a los hijos
mayores. El mayorazgo facilitaba la reproducción
de los derechos feudales constituidos en señorío,
e impedía la enajenación de la propiedad familiar.
Algunos vecinos de La Plata como Sebastián
Barba de Padilla, Polo de Ondegardo, Zárate,
Recalde-Irrázaval, Paniagua y Loayza lograron construir mayorazgos en la región o los vincularon
con propiedades familiares en la península
(Presta, 2000).
Potosí, desde el inicio de su existencia como
asentamiento español, en 1545, fue una ciudad
muy distinta de otras urbes coloniales ya que
nació sin acta de fundación y sin el desempeño
de una comisión para poblarla y repartir solares.
Fue, en un principio, un “asiento de minas” dependiente
de La Plata y carente de un consejo
municipal. Potosí vivía bajo la jurisdicción de La
Plata desde donde, a comienzos de cada año, iban
dos regidores a elegir a los alcaldes. Esto acentuaba
aún más la dependencia administrativa de
Potosí de su vecina La Plata, debido a que en ésta
se encontraban autoridades e instituciones como
el corregidor, el cabildo y luego la audiencia.
Aunque Potosí recibió el título de “Villa Imperial”
en año 1553, no había logrado su independencia
municipal y las relaciones entre Potosí y La Plata
estuvieron marcadas por una continua competencia
y una dependencia mutua (Barnadas, 1973). La
voluntad de independencia de Potosí respondía a
las pretensiones de un nuevo grupo de mineros
que buscaron acceder al poder político usurpado
por los encomenderos de La Plata atrincherados
en el cabildo de aquella ciudad.
La subordinación de una ciudad a otra se
quebró sólo en 1561, cuando el virrey conde
de Nieva vendió la jurisdicción municipal a los
mineros potosinos. Se acordó que la villa abonaría
primero 25.000 pesos y otros 54.000 en
cinco pagos anuales, cada uno de 10.800 pesos
(Crespo, 1997). Sin embargo, durante muchos
años Potosí siguió debiendo dinero a la Corona
por su independencia
En La Paz, el control sobre los recursos de
los indígenas que ejercían los encomenderos
constituyó la principal fuente de sus ingresos en
las décadas inmediatas a la fundación de la ciudad.
Sin embargo, a medida que pasaron los años, se
volcaron hacia las actividades mercantiles. Muchos
de los miembros del cabildo paceño habían
recibido sus encomiendas antes de la batalla de
Jaquijahuana (1548) mientras que otros, como su
fundador Alonso de Mendoza, las obtuvo después
de la derrota pizarrista que aconteció en el mismo
año. El análisis de la composición del cabildo en
los primeros años muestra que los nombres de
alcaldes y regidores se mantuvieron, alternándose
constantemente y formándose, como en otras
ciudades coloniales, verdaderas redes sociales y
clientelares. Morrone (2012) menciona que Garcí
Gutiérrez de Escobar, quien fue encomendero de
Huarina, fue elegido cuatro veces como alcalde
ordinario y cinco veces como regidor.
Las reformas realizadas por el poder virreinal
en la década de los años 1550 para limitar
el servicio personal de los indios afectaron las
relaciones entre el virreinato y el cabildo paceño.
Después de la rebelión de Hernández Girón, el
virrey promulgó varias provisiones respecto a la
figura de los regidores perpetuos y corregidores;
esta tensión entre poderes transcurrió en el marco
del debate sobre la perpetuidad de la encomienda.
Durante el gobierno del virrey conde de Nieva, el
conflicto entre el poder central y la elite paceña
se agudizó más, puesto que, en 1561, éste intervino
en el proceso de designación de regidores y
reglamentó la elección de alcaldes. El conflicto se
regularizó debido a la distribución de las nuevas
encomiendas, aunque los propios vecinos aspiraron
a tener la perpetuidad de las encomiendas,
reforzando los argumentos expresados en 1553.
Los encomenderos insistían en el fortalecimiento
de su sector argumentando defender los intereses
reales expresado en su apoyo decidido durante la
sublevación de Hernández Girón.
Muchos de los encomenderos lograron perpetuarse
en la escena política local y regional hasta
el siglo XVII, aunque paulatinamente dejaron de
gozar del monopolio económico absoluto después
de la llamada “etapa de oro” (1550-1560) de la
encomienda. Los encomenderos fueron privados
de un acceso descontrolado a la mano de obra indígena.
Las leyes que prescribieron la regulación
del tributo indígena les obligaron a emplear nuevas
prácticas mercantiles. Tuvieron que disputar
el espacio económico regional con mercaderes
profesionales, mineros, hacendados pues, a medida
que avanzaba la época colonial, estos sectores de la
sociedad lograron producir riquezas mientras que
muchos de los encomenderos se convirtieron en
meros rentistas (Presta, 2000).
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