El proyecto de la Iglesia - El debate y la lucha por los derechos de los indígenas

A mediados del siglo XVI, gran parte de los actores de la conquista y de las primeras décadas de la colonia ya murieron, Carlos V dejó el trono (1556) y otros personajes tuvieron papeles protagónicos. Sin embargo, no se había resuelto aún varios de los temas que suscitaron importantes debates al inicio mismo de la conquista: ¿Tenían los españoles el derecho de someter a su dominio a los pobladores de América? ¿Los indios eran seres de la misma categoría que los españoles? Estas y otras preguntas eran constantes en el ámbito político y eclesiástico y formaban parte de un intenso debate ideológico. Desde el ámbito eclesiástico llegaron voces, como la del padre Montesinos en 1511, que cuestionaban -a partir de la noción de “hombre libre”- la legitimidad y la forma en que se implantaba el dominio español sobre el Nuevo Mundo. El frente de defensa de los derechos de los indios fue encabezado por el teólogo dominico fray Bartolomé de Las Casas que criticó tanto la institución de la encomienda como la utilización de las poblaciones encomendadas en las explotaciones mineras.

Para Las Casas, la encomienda significaba la encarnación de un régimen señorial que limitaba la intervención estatal y la posibilidad de resguardar los derechos igualitarios de los nuevos súbditos. El dominico cuestionaba también la actividad minera como causa de la aniquilación de la población de la isla La Española, primero, y de la antillana después. Esta oposición a la implantación de una sociedad mercantilizada y destructora de las sociedades indígenas se reflejó en las Leyes de Burgos (1512-13) que pretendían conciliar el régimen de la encomienda con la libertad de los indígenas y la evangelización. En 1520, Las Casas logró el reconocimiento explícito de la libertad de los indígenas. Con la conquista de Nueva España, se percibió la dificultad de controlar las acciones de los conquistadores pero, a partir de la década de 1530 surgió una nueva reacción contra la guerra esclavista y los abusos de la encomienda. Las reivindicaciones del movimiento lascasiano fueron instrumentalizados por la Corona para combatir el avance del régimen señorial.

Después de la conquista del territorio de Charcas, cuando en 1539 ya empezó la explotación de las minas de Pizarro, el obispo cuzqueño Vicente Valverde, seguidor de posturas lascasianas, protestó contra estas prácticas y la cédula real de 1541 exigió a Vaca de Castro respetar la prohibición (1526) de “echar indios a las minas”. Varios sacerdotes -el bachiller Luís de Morales, el obispo Valverde, el licenciado Martel de Santoyo y otros padres dominicos- advertían en sus informes sobre las nefastas secuelas de la coacción minera, como el brusco descenso demográfico en los depósitos auríferos de Zamora (zona de Quito) y Carabaya (entre La Paz y Cusco) o la destrucción de la sociedad indígena con la ruptura de los sistemas políticos y económicos de los grupos étnicos.

A consecuencia del esfuerzo de los lascasianos fray Tomás de San Martín y fray Domingo de Santo Tomás, se dictaron las Ordenanzas de Minas de Vaca de Castro, el 31 de mayo de 1543. Sin embargo, debido a la resistencia pizarrista en los territorios de los repartimientos charqueños, estas disposiciones quedaron tan sólo en el papel puesto que las guerras civiles y el uso del trabajo de los indígenas para la explotación de las minas de Potosí por Pizarro y sus aliados afectaron la situación de las comunidades indígenas. En 1548, los encomenderos recibieron el permiso de La Gasca para emplear a los indios en las minas, lo que provocó la intensificación del debate sobre trabajo de los indios. En 1548, se encargó a algunos teólogos analizar un escrito de Juan Ginés de Sepúlveda elaborado años atrás, donde se justificaba la conquista y los medios que se emplearon para lograrla, considerando que los indios eran seres de segundo orden y que sus sociedades habían sido contaminadas por prácticas infames como los sacrificios humanos y el canibalismo que justificaban la intervención española con el fin de enseñarles “unos modos de vida justos y humanos” (citado en Bernard y Gruzinski, 1996). Por primera vez, un imperio organizaba oficialmente una consulta sobre la justicia de los métodos empleados para extender su dominio.

La lectura de este escrito generó diferentes reacciones como la de Bartolomé de las Casas, que había hecho campaña para defender lo que hoy llamaríamos los derechos humanos de los indios: logró que las universidades españolas de Alcalá de Henares y de Salamanca se opusieran a la publicación del trabajo de Ginés de Sepúlveda. En 1555, en la ciudad de Valladolid, se produjo el famoso debate o “controversia” entre Las Casas y Ginés de Sepúlveda que generó un genuino interés en todos los círculos. No resulta claro cuál fue la conclusión del debate o quién lo ganó, pero sin duda tuvo una importancia decisiva en la forma en que, a partir de entonces, el mundo percibió al “otro”. Los grandes juristas de Salamanca, en particular Vitoria, desarrollaron el modelo legal en el que defendían el trato a los hombres libres, a diferencia del que se daba a los llamados “esclavos por naturaleza”; de esta manera los indios americanos podían gozar de su plena humanidad.

Lo que se debatía en España repercutió en las prácticas políticas en América y en Charcas. Después de la conclusión de la guerra civil, en abril de 1548, el presidente La Gasca, que tuvo que proclamar un nuevo reparto de encomiendas, mando una comisión para realizar un informe sobre el valor de cada repartimiento. Esta comisión estuvo encabezada por tres dominicos de la corriente lascasiana: el arzobispo Jerónimo de Loayza, fray Domingo de Santo Tomás y fray Tomás de San Martín, que luego fue reemplazado por el licenciado Santillán. La comisión recogió los datos de los visitadores regionales, entre 1549 y 1550, y estableció nuevos impuestos en base del supuesto consentimiento de los indios, lo que fue más una formalidad legal. Más tarde, el licenciado Santillán lo calificó como un pacto que contemplaba los intereses de los encomenderos y de los caciques.

Como en 1549 los encomenderos todavía representaban un grupo poderoso capaz de protagonizar nuevas rebeliones, la nueva tasa conservó un nivel alto. Posteriormente, los dominicos opinaron que el pago de las tasas por los indios era excesivo e influyeron sobre la posibilidad de hacer retasas. Aunque la Real Cédula de 7 de febrero de 1549 decretaba que ninguna persona que tuviera indios encomendados los pudiese echar a las minas, en uno de sus capítulos establecía la posibilidad de que los indios pudieran trabajar voluntariamente y autorizaba a los encomenderos a enviar hasta 25% de sus tributarios a minas situadas a una distancia máxima de sesenta leguas de los pueblos, en turnos rotatorios de cuatro meses. Fray Domingo de Santo Tomás y el frente lascasiano se opusieron a la nueva política, indicando que las minas no presentaban ningún beneficio para la población india.

En una carta de 1551, fray Domingo de Santo Tomás hizo una apasionada denuncia de las crueldades del trabajo dentro de la “boca del infierno” y de otras formas de explotación de los indígenas como la utilización de sus ganados para el transporte de mercancías, desde ropa cumbi y coca hasta chuño y ocas. Además, evocó el despoblamiento de las comunidades, el desarraigo y el abandono de las unidades étnicas. Estas denuncias no fueron aisladas sino el fruto del pensamiento de varios funcionarios y religiosos que defendían los ideales de la Iglesia primitiva y que intentaron implantar una política de inspiración cristiana que respetase las estructuras prehispánicas. El tema del trabajo indígena en Potosí, la tasación del tributo de las encomiendas y la perpetuidad de las mismas fueron las principales reivindicaciones del movimiento lascasiano en estos años.

En 1558, la situación cambió cuando se vieron indicios de una crisis en Potosí que se manifestó con el derrumbe de la producción, el despoblamiento del cerro y el abandono de las labores que se refleja en un documento del dueño de un ingenio en Potosí, el sevillano Luís Capoche, bajo el título de Relación General del asiento y Villa Imperial de Potosí. En este informe dirigido al virrey Hernando de Torres y Portugal conde del Villar, Capoche presentó una descripción de la vida económica y social de Potosí hasta 1585 “para facilitar la comprensión de los asuntos del Cerro y sus dificultades” (Capoche, 1585/1958:72). Los yanaconas e indios de encomienda establecidos en Potosí que no podían conseguir las cantidades suficientes de minerales para satisfacer la tributación huyeron y buscaron refugio en las haciendas de los valles orientales. Debido a esta crisis, se alteró el panorama político y económico de Charcas y se produjo la ruptura de la alianza entre el Estado colonial, los señores étnicos y los religiosos. El virrey conde de Nieva inició una nueva política dirigida a acelerar el desarrollo de una economía mercantil.

El resultado fueron las Ordenanzas de Minas (1561) para regular el trabajo indígena en Potosí, que respondían a los intereses de los mineros que anhelaban el retorno de los indios. Las ordenanzas obligaban a los curacas de la provincia de Chucuito a enviar anualmente 500 indios al yacimiento de Porco y 250 al de Berenguela. A Potosí se envió cerca de 5.000 para compensar los 30.000 pesos de tasa que le fueron asignados. El establecimiento de los corregidores como recaudadores del tributo erosionó el poder de las jefaturas étnicas y religiosas y permitió la inserción forzosa de los indígenas al nuevo “programa” económico.

En la década de 1560, eran los frailes lascasianos, encabezados por el obispo fray Domingo de Santo Tomás que, junto con los caciques, presionaron para que los encomenderos restituyeran a la población indígena los montos cobrados sin cumplir con la tasa fijada por La Gasca después de las guerras civiles. Los indios iniciaron procesos en contra de los excesos de tributo cobrados por sus encomenderos, aunque aquello ocurrió recién después de la muerte de los encomenderos; por tanto, los procesos fueron contra los herederos (Del Río, 1997; Abecrombie, 2002; Platt et al., 2006).

Sin embargo, en la discusión doctrinal sobre la política colonial, se encontraron dos lógicas irreconciliables: la de la protección de los derechos de los indígenas salvaguardada en teoría por la legislación y la necesidad de incrementar los ingresos fiscales. El frente lascasiano se opuso a las medidas de Nieva y, más tarde, a la política del licenciado Castro que intentaba legitimar la coacción minera. Cuando, en 1567, Castro solicitó al arzobispo Loayza y los prelados de distintas órdenes una opinión sobre el tema, la respuesta mostró el debilitamiento de su posición, pues reivindicaba la libertad de los indígenas. Con la aparición de la obra Gobierno del Perú de Juan de Matienzo en 1567, que argumentaba tanto el trabajo forzado como la tributación individual, el poder colonial obtuvo una justificación doctrinal para una nueva política que estimularía la economía mercantil basada en la extracción y la circulación de la plata potosina. Es así que la corriente lascaciana perdió terreno. De ahí en adelante, para contrarrestar las iniciativas de las órdenes religiosas, la Corona apostó por la iglesia secular y la orden de la Compañía de Jesús.