Por: Jorge Edgar Zambrana Jiménez
He aquí los hechos históricos que consagran incuestionablemente los derechos de Bolivia:
El reclamo marítimo del pueblo de Bolivia se apoya en la invalidez del Tratado de 1904, dado que fue firmado bajo presión militar y como culminación de una guerra de rapiña instigada por el imperialismo británico de la época.
Considerando que Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla son puertos marítimos indispensables para el progreso de Bolivia, nuestro reclamo no hace más que proclamar el derecho inalienable a la vida. Los pueblos no pueden contemplar impasibles la asfixia de uno de sus hermanos en un enclaustramiento desesperante.
Chile tiene la obligación moral, política y ética de restituir a Bolivia su acceso propio y soberano al mar, terminando con el indignante tutelaje que ha imperado hasta hoy.
Es demasiado el tiempo transcurrido desde que una guerra que inició Chile en el año 1879 cercenó el territorio boliviano, dejando al país en una situación de absoluto menoscabo de cara al desarrollo y a la posibilidad de contar con los elementos que hubiesen podido hacer de su comercio marítimo un puntal firme para sostener su desarrollo, tal como lo son el desenvolvimiento portuario y naviero que le hubiera permitido acceder a ultramar. Bolivia, llevada a firmar un tratado leonino impuesto por Chile, potencia invasora, abusiva y victoriosa en la agresión del Pacífico, no tuvo más remedio que someterse al articulado de dicho documento, ya que carecía de todo elemento de coerción que le hubiese permitido negociar en condiciones más propicias.
Restituir a Bolivia por lo menos un puerto útil que le permita el acceso al mar, no será resultado de una graciosa dádiva, sino un hecho de justicia. Lo que es legal no es necesariamente legítimo. Y si bien, en la legalidad de la letra y la firma del tratado de 1904 que se le impuso a Bolivia, se dice que Chile accede al dominio del Departamento del Litoral, no es legítimo que esa letra sea en la práctica una condena al enclaustramiento perpetuo de un Estado que, como el boliviano, merece por derecho propio a contar con su vital litoral que coadyuve a su proceso de crecimiento y desarrollo.
Bolivia vive desde hace 134 años enclaustrada en pleno corazón de Sudamérica.
El objetivo político de Chile ha sido siempre el de mantenernos en estado de impotencia, porque tienen miedo de que nos fortalezcamos, lo cual va a suceder de todos modos, y que les llamemos a rendir cuentas de todos sus actos de usurpación territorial.
Ningún boliviano va a aceptar un trueque de nuestro Departamento del Litoral por un callejón al norte de Arica, sin puerto propio ni soberano. Tal dádiva merecería el repudio internacional.
El país vecino trata de engatusarnos con vueltas y engaños cada vez que se busca reparar la injusticia. Con falsas promesas, cuentos y fábulas, ofrecen corredores y enclaves inservibles y sin soberanía marítima.
Con el Tratado de 1904 Chile ha usurpado los territorios arrebatados, a sabiendas, por el derecho internacional, de que ningún Estado puede imponer a otro la renuncia a perpetuidad de su territorio e independencia.
Bolivia reclama lo que es suyo propio, a pesar del dominio "absoluto y perpetuo" que Chile le impone con un despojo armado. El Departamento del Litoral, por derecho y por ley es territorio del Estado Boliviano, aunque hoy bajo dominación ilegítima y de facto.
No existe hoy la intangibilidad de los tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.
La defensa chilena de su tratado de 1904, como un "derecho de victoria" ganado por las armas, no es propio de un tratado de Amistad, es un despojo insano contra la democracia, contra la soberanía y la libertad. La fuerza de la causa boliviana de reivindicación tiene en estos fundamentos la justicia que debe primar.
Recobrar un territorio despojado implica ir a un Tribunal Internacional en demanda de Justicia. Chile está recurriendo al armamentismo para retener la usurpación.
En la legislación mundial actual y en el régimen democrático internacional del siglo XXI, no existe la figura de "dominio absoluto y perpetuo". La ocupación ilegal no es fuente de adquisición de derechos de propiedad basados en la invasión militar para saquear riquezas naturales.
A Bolivia le corresponde recurrir ante los Tribunales Internacionales en demanda de amparo de derecho contra el despojo en que vive, para eliminar el dominio chileno sobre el litoral invadido, ocupado y usurpado de facto.
Chile, culpable de nuestra clausura geográfica, tiene la llave del grillete de la prisión que detiene nuestro progreso. Basta de diálogos sin resultados, eufemismos y de frases almibaradas de la cortesía protocolar. Que América y el mundo sepan que Bolivia ya no está dispuesta a seguir soportando en silencio esta situación humillante. No podemos continuar siendo, como Nación, un ave sin alas. El problema pendiente del enclaustramiento de Bolivia seguirá comprometiendo la paz en Sudamérica, mientras no sea resuelto en función de los antecedentes históricos.
Ante el poderío militar impuesto por Chile para impedirle a Bolivia su acceso al mar, recordamos que: "Se puede usurpar a un país sus puertos, pero no su voluntad… Tarde o temprano ésta impondrá la justicia". No se debe caer en la insensatez de creer que los crímenes en que incurre una nación los lava el tiempo y que es prudente olvidarlos.
No se debe cometer nuevamente los errores garrafales, arbitrarios, inexpertos e improvisados de Melgarejo, de 1904 y de la reunión de Charaña de 1975. La política exterior del Estado Boliviano, respecto de Chile, si bien no debe ser agresiva o de aislamiento, debe partir de la prudencia y la firme defensa de su soberanía marítima, recelando cualquier acuerdo susceptible de limitarla. A su vez, se debe posicionar el tema marítimo en la agenda internacional, buscando aliados y escenarios que nos acerquen a la reivindicación de nuestro litoral cautivo, para lo cual los bolivianos deben hacer cada día la renovación de su fe y duplicar sus esfuerzos. El texto de la demanda ante La Haya, no está planteando la devolución de lo usurpado por Chile, sino que pide compensación con derechos expectaticios que se hallan en territorio usurpado al Perú. Diremar debe urgentemente complementar la demanda expresando ante La Haya que Bolivia no renuncia a su derecho de que le devuelvan sus puertos y su litoral cautivos.
Por otra parte, los embajadores bolivianos deben publicar en los medios comunicacionales del mundo la verdad sobre el asalto filibustero chileno de 1879.
Debemos darnos cuenta que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor. Hay que desarrollar una Marina Mercante Nacional en forma armónica y sostenida que permita satisfacer las necesidades y requerimientos de transporte comercial, tanto de las empresas privadas como estatales, así como garantizar el transporte y seguridad en situaciones críticas o de conflicto; en consecuencia debemos desarrollar nuestra vocación marítima, para alcanzar una gravitación efectiva en los mares del mundo.
Todos los regímenes oligárquicos del pasado de Bolivia, han abandonado la tarea patriótica de hacer crecer la reivindicación de nuestros puertos despojados, en el corazón de la Patria. Con esta claudicación antinacional han renegado vez tras vez de la recuperación del mar propio y se han quedado con lo peor que es mendigar un callejón de salida, sin puerto, a Chile, país que le amputó su mar a la Nación, que repite que Bolivia nunca tuvo mar y que no quiere devolver ni un milímetro de nuestra costa marítima.
No existe hoy la intangibilidad de los tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.
La invasión de 1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son los antecedentes de fuerza militar, no de derecho, con los que Chile ha despojado y detenta hoy el Departamento del Litoral.
Está reconocido a nivel mundial hoy, el derecho de Bolivia a reivindicar y recuperar su Departamento del Litoral, y no a negociar un callejón de salida al mar sin puerto propio ni soberano.
El tratado de 1904 debe terminar como un instrumento de dominio colonizador, y Bolivia debe acabar con ese fraude.
Bolivia no puede, por ahora, contener el dominio introducido por la fuerza, ni superar materialmente el despojo. Chile no tiene ningún justificativo de derecho, ningún título que acredite su pretendida "propiedad". Su dominio se origina en la fuerza y la violencia para "hacer respetar" un tratado fraudulento que ha firmado. Bolivia ha perdido, desde 1879, su capacidad militar, política, económica y diplomática. No obstante, no ha perdido su derecho de propiedad de su patrimonio marítimo y puertos.
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lunes, 10 de junio de 2013
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