El 13 de octubre, la masacre en El Alto ya pasaba medio centenar de fallecidos y los sectores movilizados se reagrupaban para cercar la Sede de Gobierno.
Ante este panorama, en horas de la mañana el vicepresidente Carlos Mesa se desmarcaba del Gobierno, pero no renunciaba a su cargo. “Mi conciencia de ser humano, como Vicepresidente y como hombre comprometido con la ética no me permiten tolerar que la muerte se a la respuesta ante la protesta popular”, decía en un mensaje grabado difundido por los medios de comunicación.
Por su parte, Gonzalo Sánchez de Lozada se veía seguro por el respaldo de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) que veían prudente que siga mandando en Bolivia por los “serios riesgos a la democracia”.
En un mensaje a la nación publicado por los medios de prensa, Sánchez de Lozada comenzaba con un tono de suficiencia, aunque luego tuvo una reacción tardía. “Bolivia está en peligro. Acecha un gran proyecto subversivo, organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. No va a poder. Las instituciones de la democracia son fuertes, la coalición de gobierno representa dos tercios de los votos de los bolivianos en la última elección y está unida”.
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