El 8 de octubre comenzaba el paro cívico indefinido en la ciudad de El Alto. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se veía obligado a asumir las repercusiones del 20 de septiembre, mientras comenzaba a denunciar “intentos de golpe de Estado”.
El jueves 9, la marcha de campesinos y mineros que se había sumado a la protesta contra la venta del gas por costas de Chile llegó a Ventilla y fue allí donde la Policía quedó rebasada. En el contexto político la coalición gobernante en el Congreso se encontraba designando a un Defensor del Pueblo que suceda a Ana María Romero sin evaluar criterios y en medio de la protesta de la oposición. Los magistrados de la Corte Superior de Justicia también era objetada.
Las demandas de El Alto, en ese momento, eran sectoriales y el paro fue dirigido por los dirigentes Juan Melendres de la Central Obrera Regional (COR) y Mauricio Cori de la Fejuve.
Luego de la violencia la consigna de “no a la venta del gas a Chile” salió a flote. Incluso se veía la apertura al “diálogo” convocado por Sánchez de Lozada, pero tras de la reacción del Gobierno, El Alto se levantó contra “Goni”.
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